VIOLENCIA EN LA UNAM

Exclusivo de Internet

Shahin Corona
En los últimos dos meses al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han encontrado tres cuerpos de estudiantes.

El primero fue el de Lesvy Berlín Osorio Martínez, de 22 años de edad, que fue brutalmente asesinada mediante asfixia con el cable de una caseta telefónica en las instalaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de dos hombres: el primero correspondiente a Arturo Darío López, de 20 años, mismo que se encontró en alto grado de descomposición (al parecer se suicidó y los padres al enterarse de la noticia fueron a la SEMEFO a identificar el cuerpo) en las instalaciones de La Cantera de Club Pumas; y el segundo, corresponde al nombre de Víctor Manuel Orihuela, estudiante de la facultad de Odontología que supuestamente fue lanzado desde un edificio de la facultad de filosofía el pasado lunes 12 de junio.

En los tres casos, es alarmante la falta de claridad en los hechos por parte de las autoridades; en relación a Lesvy, de acuerdo con la información que revelan las autoridades universitarias, se revisaron las cintas de cinco cámaras, pero no se tiene certeza aún de los sucedido ya que casualmente el área donde fue abandonado el cuerpo de la joven estaba fuera del alcance de grabación; en el caso de Arturo, las cámaras no pudieron grabar el momento en que ocurrieron los hechos, y en cuanto a Víctor, la familia aún está a la espera de la entrega del video (ya se han revisado tres más, donde sólo se registran las últimas horas de vida de Orihuela) de una cámara ubicada en la biblioteca central. Con lo anterior, es evidente que en los tres casos se repite un patrón de respuesta por parte de las autoridades universitarias: esconder información con tal de no manchar la imagen de la máxima casa de estudios y tratar de hacer lo posible por minimizar los hechos con el fin de que estos pasen desapercibidos para bajar el costo político y su responsabilidad. Ahora resulta que la universidad ha sido elegida en menos de dos meses por tres distintos jóvenes para realizar en sus instalaciones su suicidio.

El hecho de que se puedan perpetrar asesinatos con tanta tranquilidad en las instalaciones de la UNAM, revela el fracaso de las medidas de seguridad represivas policíacas que han implementado las autoridades a lo largo de los años para garantizar “la seguridad” a toda la comunidad universitaria, pues ninguna de éstas sirvieron para evitar la muerte de estos estudiantes, o mínimo, aportar información para esclarecer los casos. Aunado a esto, la política que ha seguido la UNAM de no atender de forma oportuna diversas problemáticas al interior de la universidad como la venta y consumo de drogas en las instalaciones universitarias, ha ocasionado que esta situación llegue a niveles incontrolables.

La comunidad universitaria y su respuesta ante la violencia
La respuesta de los estudiantes de la UNAM ante estos hechos de suma violencia es dividida y contrastante. Por un lado, un sector de la comunidad universitaria cree que la solución está en reforzar las medidas de seguridad implementadas por las autoridades de la UNAM, como la instalación de un mayor número de cámaras vigilantes, botones de auxilio, unidades de auxilio UNAM, patrullas (tanto de vigilancia UNAM como querer la intromisión de las de la policía federal) custodiando entradas al campus y helicópteros sobrevolando ciudad universitaria.

Otro sector no sabe muy bien qué hacer, se encuentra atemorizado debido a que ya ni en su propia universidad se siente seguro, sin embargo sabe que el reforzamiento de las medidas implementadas hasta el momento no son la respuesta, pero es una situación que las autoridades deben de resolver.

Y estamos los que creemos firmemente que las medidas policíacas implementadas a lo largo de los años por las autoridades universitarias no son la solución, ya que están diseñadas para mantener un control hacia los estudiantes y sobre todo hacia aquellos que se organizan y no en erradicar todo tipo de violencia en la universidad. Y esto lo vemos claramente cuando sucede cualquier tipo de violencia dentro de las instalaciones de nuestra casa de estudios, y las cámaras, casualmente, no grabaron, no sirven, estaban en un ”punto ciego”. Se retienen las grabaciones, no se muestran a los familiares que buscan esclarecer los sucesos. Auxilio UNAM solapa a los vendedores de droga, saludándolos y cobrándoles “cuota” para que deambulen con toda tranquilidad; patrullas del mismo auxilio dedicándose sólo a asediar a estudiantes pero haciendo tratos con los narcomenudistas que la UNAM, dijo, “se siente comprometida a combatir”. Y no olvidemos que se menciona por parte del rector Graue, que hay que “abrir un diálogo para procurar la desocupación de nuestros espacios”, con lo que atañe la situación de violencia a la ocupación de espacios estudiantiles. La situación de violencia generalizada y alza de la delincuencia sucede, por supuesto, porque la UNAM no es una burbuja social aislada del contexto que vivimos en todo el país, pero en gran medida es gracias a las arbitrariedades, omisiones e impunidad dentro de la misma casa de estudios.

Consideramos que la seguridad de la universidad la debemos construir todos: los estudiantes, los trabajadores, los académicos; es un imperativo ético y político recuperar una seguridad comunitaria que además de brindar seguridad para todos, también contemple un programa de sensibilización y capacitación para toda la comunidad universitaria acerca de temas de seguridad, violencia y derechos que cada uno de nosotros tenemos, pugnando porque las autoridades dejen de ser omisas y se limiten a ofrecer paliativos protocolos de género como el “He for she”.

Las medidas anteriores se deben de discutir en asambleas por escuela para que se logre hacer partícipe a una gran parte de la comunidad universitaria para que juntos construyamos una universidad segura para todas y todos, libre de violencia, acoso sexual, discriminación y feminicidios y homicidios. Es tarea de cada uno de los estudiantes, profesores, trabajadores y egresados cuestionar las medidas que está tomando el rector Graue y las autoridades de la UNAM para solucionar los hechos de violencia que están pasando en la universidad, ya que no están a la altura de la grave problemática.

El pasado 12 de junio, universidades públicas como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, planteles Iztapalapa y Azcapotzalco) y privadas como la Universidad Iberoamericana, firmaron un protocolo para erradicar la violencia hacia las mujeres y esclarecer los casos ocurridos en dichas instituciones universitarias así como en el país. Es inadmisible que a un mes de que se haya perpetrado un FEMINICIDIO al interior de las instalaciones universitarias, la UNAM no firme este pronunciamiento, y por si fuera poco, las autoridades no han colaborado lo suficiente para que el caso de Lesvy, Darío y Victor se esclarezcan y se obtenga justicia. Cabe mencionar que la situación de violencia dentro de la institución universitaria ya estaba dada, sólo que con estos últimos casos han dado un repunte público de la misma, siendo que la respuesta de las autoridades es siempre la misma: cobijo mediático por hipocresía u omisión descarada.

Debemos de llamar a un debate público a las autoridades de la UNAM para que nos informe de los avances de estos casos, su colaboración y cuáles son las medidas que ha implementado desde que estos casos han ocurrido.

Debemos exigir a la UNAM que haga partícipe a toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones que se están implementando en materia de seguridad a través de mecanismos democráticos como son las asambleas.

Los estudiantes no podemos permitir que se cancelen nuestros derechos de libre tránsito, expresión, organización y participación política en la UNAM bajo su pretexto de garantizar nuestra seguridad.

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