MÉXICO: EJEMPLO PARA EL MUNDO DE MODELO PRIVATIZADOR DEL AGUA

Eduardo Hernández
En México se emplean sofisticados mecanismos y argumentos publicitarios en favor de la propiedad privada del agua, para ablandar y fragmentar la oposición del pueblo para entregar al capital privado el control del agua, y dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y las verdaderas intenciones de los privatizadores. Las transnacionales del agua desean presentar a México como una vitrina y exhibir al mundo las virtudes de la privatización.

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN NUESTRO PAÍS, HABLANDO EN SENTIDO ESTRICTO, SE DA POR LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE LA ADMINISTRAN
Las reformas a la ley de aguas nacionales han permitido la privatización del agua en nuestro país, y es con el salinato-priista (1988-1994) cuando arreció la ofensiva gubernamental contra todos los bienes y servicios públicos.

La tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983, cuando Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la responsabilidad del suministro del agua.

1992 COMIENZO DEL PROCESO PRIVATIZADOR DEL AGUA EN MÉXICO
En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual los gobiernos de muchos municipios y el de la Ciudad de México, concesionaron (privatizaron) el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales francesas (Suez y Veolia), inglesas (Severn Trent Water) y norteamericanas (Azurix-Enron), por citar a algunos monopolios mundiales del agua.

LOS USOS DEL AGUA Y LA PRIVATIZACIÓN
Podemos identificar tres grandes usos del agua (doméstico, rural e industrial), y la privatización los pulveriza, mediante una estrategia de municipalización de los manejos, los contratos y los mercados de agua, la privatización del agua también fragmenta los usos rurales al localizarlos en los diversos sistemas de riego, en las montañas y las selvas de México.

CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACIÓN
Las más notables consecuencias de la venta de las empresas de servicios públicos al capital privado, y fundamentalmente al extranjero, han sido las siguientes:

  1. Convierte a los Servicios Públicos en negocios particulares y a los usuarios en clientes. Las políticas neoliberales en que se sustentan las privatizaciones, despojan a los servicios públicos del sentido social, convirtiéndolos en mercancías que sólo deben estar a la orden del que pueda pagarlas, al precio que determinen los empresarios que las ofrecen.
  2. Las privatizaciones no acaban con los monopolios. Simplemente, sustituyen los públicos por los privados. Y éstos, naturalmente, se aprovechan de sus condiciones monopólicas para exprimir a unos clientes que ni siquiera tienen la opción de comprarles a otros, o de renunciar a los leoninos contratos, sin graves sufrimientos por el servicio.
    Existen serios estudios que demuestran el caso de los servicios públicos, sector en el que por definición aparecen economías de escala, la competencia no aumenta la eficiencia sino que la disminuye, aumentando los costos de producción de los servicios.
  3. Aumento arbitrario en las tarifas, incrementos que se han dado antes y después de que se realicen las privatizaciones, pero que siempre tienen como causa principal que sin ellos no es posible ofrecerle al capital privado el único estímulo que lo moviliza: las ganancias, mayores ganancias o por lo menos iguales a las que consigue en otros sectores de la economía. Y esos aumentos tarifarios por encima de los índices de inflación nacional siguen siendo el eje rector de la política económica del gobierno.


CON LA PRIVATIZACIÓN EL ESTADO ABANDONA SU OBLIGACIÓN DE PRESTAR SERVICIOS
Mientras que el Estado puede prestar los servicios públicos a precios subsidiados, o con unos que igualen su costo de prestación, más el de la ampliación de las redes (sin incurrir en pérdidas), las empresas privadas no actúan así; ya que siempre tendrán que cobrar esos mismos costos, más otra suma de dinero que les asegure acumular riqueza en dinero contante y sonante que puedan trasladar a otros negocios.

Es por esto que siempre los servicios privatizados serán más costosos, que los que brinda el Estado, porque estos son servicios públicos sin lucro y sin afán de ganancia.

Los organismos de control creados por las leyes que impulsan las privatizaciones han demostrado su incapacidad para controlar a los monopolios privados, si es que en verdad tienen ese propósito, y no son simples instrumentos de la demagogia oficial.

Como dicen los neoliberales, quienes compran las empresas de servicios públicos no se llevan sus activos al extranjero. Efectivamente no se los llevan, pero sí se llevan las utilidades que producen, con lo que se hace más lenta la acumulación de la riqueza en el país y se complica el anhelado desarrollo económico de México.

ATENTADO A LA SOBERANÍA NACIONAL
Las privatizaciones también atentan gravemente contra la soberanía nacional, porque le trasladan al capital extranjero el control de sectores estratégicos de la economía mexicana.

LAS PREMISAS DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA, Y EN GENERAL DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS
La ofensiva ideológica-publicitaria en pro de la privatización se fundamenta en tres premisas cuestionables:

  1. Crecimiento poblacional: “Cada vez hay más y más gente que debe tener acceso a recursos de agua cada vez más escasos y sobreexplotados, lo cual provoca tensiones y conflictos sociales.” Este argumento tiende a simplificar la compleja problemática social en torno a los recursos naturales. Presume que no existen desigualdades económicas extremas, o que si existen no tienen consecuencia alguna.
  2. Justo valor económico: “Se despilfarra el agua porque la gente la obtiene gratuitamente o a precios artificialmente bajos. Por lo tanto, si su precio reflejara su verdadero costo ecológico y económico, la gente evitaría su abuso y uso excesivo.”

Dicen los ejecutivos de empresas privatizadoras de agua que los precios que cobran son altos porque el agua es un negocio costoso y riesgoso, y sus empresas deben mantenerse rentables para poder competir. Pero los precios altos que cobran estas firmas, no están basados en racionalidad de mercado o criterios de sustentabilidad ecológica.

Las compañías aparentemente independientes que operan acueductos municipales son casi todas subsidiarias de una media docena de empresas transnacionales que se coordinan entre sí y se dividen los mercados globales. El dinero que recaudan de sus clientes no se invierte en mantenimiento y expansión de redes existentes, sino en sus planes de expansión global, en jugosos dividendos y altos salarios para sus ejecutivos.

LA MALA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POR PARTE DEL ESTADO ES DELIBERADA
El fracaso del Estado: “Como administrador del recurso; el Estado ha fracasado, y este fracaso ha sido deliberado, fue planeado para dar paso a la privatización del agua y de los demás servicios públicos, no sólo a causa de su corrupción, incapacidad y falta de inversión en la infraestructura, sino también debido a factores externos como la incosteable deuda externa pública y las políticas de ajuste estructural, impuestas por la banca multilateral que requiere que prácticamente se desmantele el estado.

Dice La investigadora Silvia Ribeiro del grupo ecologista ETC. “Las trasnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común de las zonas urbanas, los campesinos y los servicios públicos por mal uso y administración”. Y es con esta manipulación del lenguaje y datos, que los utilizan como arma de negociación para conseguir la privatización del servicio, por ejemplo del agua.

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