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MARCHA CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR

#CiudadJuárez | Un grupo de organizaciones estamos convocando a Marchar contra la Ley de Seguridad Interior en uno de los epicentros de la Barbarie en México, Ciudad Juárez. Parque Borunda 10:00 am | Sábado 16 de Diciembre
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UN MES DEL SISMO: LOS TIEMPOS DE LA AMBICIÓN Y LA TRAGEDIA DEBEN TRANFORMARSE EN LOS TIEMPOS DE LA ORGANIZACIÓN Y LUCHA

Genoveva Alemán
Ha transcurrido más de un mes del sismo del 19 de septiembre y un poco más del sismo del 7 de septiembre, ambos golpearon duramente la Ciudad de México y estados del país como Morelos, Puebla, Estado de México, Oaxaca y Chiapas, la emergencia en términos oficiales ha cesado, para dar paso a las labores de demolición y reconstrucción, pese a que aún hay familias enteras durmiendo en casas de campaña o bajo techos de hule, para ellos ha sido el tiempo de la tragedia.

Lo único que parece ser una constante en todo este tiempo ha sido la ausencia dolosa, el retraso en el apoyo del estado mexicano, tanto en la atención de la emergencia como en las posteriores actividades de censo y reconstrucción de viviendas, lo único que no ha tenido retraso ha sido la necesidad de los funcionarios de hacerse propaganda a cuesta de la tragedia del pueblo, para ellos ha sido el tiempo de la ambición, de políticos y funcionarios de gobierno preocupados más por su imagen pública y los tiempos electorales, que por atender a la brevedad las necesidades de los damnificados.

CONSTRUYEN SU HUIDA ANTES DE RECONSTRUIR AL PAÍS
2018

A pocos días del sismo del 19 de septiembre la campaña del gobierno federal se enfocaba en insistir cínicamente, que México estaba de pie, una vez más se echaba a andar la maquinaria propagandística de un estado carente de legitimidad y que pretende con slogans y frases adornadas ocultar la gravedad de las afectaciones, pero sobretodo, de su responsabilidad en lo ocurrido.

La visión de los políticos está en cómo poder construir una salida silenciosa de sus obligaciones, que en construir albergues, viviendas emergentes y/o permanentes, así como escuelas para la población afectada, esperan el tiempo preciso para dejar sus puestos y huir impunemente de sus responsabilidades, ante ello la exigencia central es que no deben renunciar los funcionarios de gobierno, cuyas poblaciones fueron seriamente afectadas, para hacer válidas sus aspiraciones electorales, su obligación es atender a los damnificados y poner manos a la obra en la reconstrucción, en el castigo a responsables de construcciones deficientes en lugar de pensar en su siguiente puesto público.

CREAR LA IMAGEN DEL “TODO ESTA BIEN” PARA QUE TODO SE OLVIDE
La necesidad del gobierno federal por mostrar un “México de pie” no responde a ninguna campaña de aliciente para su población, por el contrario responde a la necesidad de imponer una “normalidad” que no permita a las personas percatarse de la ausencia dolosa del estado, que evite que el pueblo continúe siendo solidario y contribuya a organizarse para exigir que se cumplan sus obligaciones en el apoyo a damnificados, pero sobretodo en evitar que tome mayor fuerza la demanda de castigo a los responsables, principalmente a las constructoras y funcionarios que avalaron cientos de inmuebles que no cumplían con las normas obligatorias y que resultaron en derrumbes o daños severos o parciales, todo ello producto de la corrupción que impera en el mercado de la construcción inmobiliaria en México.

La propaganda oficial busca imponer la idea de que ante un “desastre natural” no podemos encontrar culpables, ese ha sido el discurso de la constructora Canada Building Group que envió un correo electrónico a quienes compraron un departamento en Residencial San José, ubicado en Eje 7 Sur Emiliano Zapata #56, Colonia Portales, que tuvo un grave derrumbe: “son eventos fortuitos” y “no se puede hacer nada”. Esa lógica ha tratado de imponerse, cuando queda claro que lo que se busca es negar toda responsabilidad en el derrumbe donde fueron asesinadas dos mujeres que trabajan en labores de limpieza de los departamentos.

La demanda de un familiar fue contundente en redes sociales, “que paguen los culpables del asesinato de mi madre y mi esposa” la responsabilidad de la constructora es total al ser un inmueble cuya construcción apenas supera 1 año, más aún cuando su discurso de venta era la seguridad del edificio con su “tecnología antisísmica” que ha quedado hecha pedazos ante la contundencia de las pruebas que demuestran una construcción deficiente, con materiales empobrecidos para maximizar las ganancias de la constructora y que no soportarían un sismo, también muestra la responsabilidad de los encargados de obra y de quienes dentro del gobierno de la Ciudad de México dieron el aval a dicha construcción.

La mayor parte de los derrumbes en la Ciudad de México pasan por una situación similar, múltiples inmuebles afectados severamente que corresponden a tan sólo un puñado de constructoras, edificios que fueron modificados en su estructura para ampliar sus espacios de renta, sacrificaron la seguridad para aumentar sus ganancias y los resultados fueron fatales. En días pasados se anuncia en periódicos la detención de uno de los responsables de obra de Residencial San José, pero ni una sola autoridad ha sido señalada, mucho menos castigada.

Claudia Sheinbaum evade su responsabilidad al decir que la remodelación del Colegio Rébsamen no fue en su administración, es real, los permisos se otorgaron en anteriores administraciones, pero es en su mandato que se dio el dictamen de finalización de obra. Al día de hoy se marca la solitaria responsabilidad de la dueña del Colegio, que es clara su culpabilidad pero no es la única, una vez más se busca sacrificar a la pieza más débil, se construye la impunidad de las grandes empresas de la construcción y se protege en la arbitrariedad a los funcionarios de gobierno responsables.

No puede negarse la responsabilidad de las grandes empresas de la construcción, se debe investigar quiénes son para que sean revisados otros inmuebles construidos por ellas para evitar así en un futuro otras tragedias. Se deben deslindar responsabilidades por las personas asesinadas, tanto en el sector privado como en los funcionarios que bajo actos de corrupción aprueban permisos de construcción y terminación de obra de edificios sin cumplir con las normas mínimas de seguridad.

LOS RECURSOS DEL FONDEN SUJETOS A LAS ELECCIONES Y EL PRESUPUESTO ANUAL
La estrategia a seguir para la asignación de recursos del Fondo Nacional de Desastres no ha sido clara, se han repartido ya en algunos estados las primeras tarjetas con recursos líquidos para que las personas individualmente inicien las labores de reconstrucción de sus viviendas. Se habla de que días después vendrá un segundo apoyo que complemente el primero, en estos casos hay varias modalidades pero en ninguno de ellos el monto supera los $120 mil pesos. Otra estrategia es el otorgamiento de créditos, pero se ha denunciado que vienen cargados de intereses extremos, también hay denuncias de tarjetas sin fondos, que hay comunidades en Puebla donde se han otorgado las tarjetas pero sin un censo previo de damnificados, es decir no hay una clara estrategia del gobierno en la reconstrucción de las zonas afectadas, la única claridad que se muestra constante son los tiempos electorales del 2018.

Todo el discurso se encamina a que la asignación de recursos económicos será marcada por los tiempos de campañas políticas y que permitirán el uso de esos recursos para las mismas. Tan sólo hay que observar las actuales discusiones en el Congreso para fijar el presupuesto de ingresos para el próximo año, pero principalmente la discusión se centra en el presupuesto de egresos, donde se reducen nuevamente los recursos a sectores vitales para el pueblo y todo se justifica bajo el tema: recursos para la reconstrucción, politizando electorálmente la asignación de recursos, donde el presupuesto del 2018, el FONDEN y las donaciones internacionales se pierden en las ambiciones electorales.

Si después del temblor de 1985 hay familias que siguen esperando recursos para la construcción de sus viviendas, qué puede esperarse en este 2017 de tiempos pre-electorales, de asignaciones de fidecomisos para la construcción de viviendas que priorizan las ganancias para las empresas en detrimento de la calidad de la construcción y otorgando las labores de reconstrucción a las mismas empresas cuyos inmuebles se derrumbaron o presentaron severos daños, si eso ocurre en el centro del país, cuál será el destino de las comunidades rurales de Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas que fueron severamente golpeadas por los sismos y donde la presencia del Estado es mínima o nula, el estado pretende construir una negligencia como en el 85, pero la organización del pueblo debe tomar la experiencia pasada para no permitir la repetición del mismo esquema.

La impunidad, corrupción y negligencia son el marco de los tiempos de ambición de la burguesía y las clases gobernantes; la clase trabajadora organizada no debe permitirlo y debe mostrar una claridad analítica de lo ocurrido y revelar la importancia de la organización para la lucha, para evitar que se impongan los tiempos de la burguesía y las ambiciones de la clase política, deben ser los tiempos de luchar y vencer.

¡QUE SE HAGAN RESPONSABLES, NO A LA IMPUNIDAD!

Editorial
La carrera rumbo al 2018 comenzó y la casta política pretende abandonar sus responsabilidades levantando la mano para ocupar cargos de elección popular; desde senadurías y diputaciones, plurinominales, gubernaturas hasta la presidencia de México. Ricardo Monreal, Claudia Sheinbaum, José Narro, José Antonio Meade, Rosario Robles, Miguel Ángel Mancera, Avelino Méndez, Aurelio Nuño, Christian von Roehrich, José Murat, Graco Ramírez, José Antonio Gali Fayad, Rafael Moreno Valle; todos ellos se van o tratan de pasar desapercibidos en medio de la contingencia desatada por los sismos del 7 y 19 de septiembre que expusieron nuevamente la pobreza social, la corrupción y la impunidad existente en el país.

Para estos personajes nada ocurrió. Los más astutos tratan de utilizar la desgracia derivada de su corrupción para transformarla en votos a través de un manejo discrecional y populista de los fondos de desastres y los donativos internacionales. Los sismos quebraron la dinámica política que impone el proceso electoral, donde muchos de los anteriores habían estado buscando posicionar su candidatura rumbo al 2018. Por ejemplo, Miguel Ángel Mancera quien pretendía dejar el gobierno de la Ciudad de México desde el mes de septiembre, no ha podido hacerlo y la razón no es porque le interese el proceso de reconstrucción o las familias afectadas, no. No se ha podido ir porque espera minimizar el costo político de dejar el gobierno con una ciudad con varios inmuebles en ruinas y a la espera de ser demolidos, con cientos de personas viviendo en la calle y frente a una desbordada solidaridad popular que sanciona las acciones de la casta gobernante.

El régimen derivado del Pacto por México demuestra una vez más (¡una vez más!) que sus intereses no están con el pueblo trabajador, sino en los proyectos personales que trabajan únicamente para el capital privado y extranjero. Incluso del desastre hacen grandes negocios.

¿Qué significa que dejen los cargos y pidan licencia para postularse rumbo al 2018? Por un lado el sistema electoral en México está corrupto hasta la médula; las instituciones son incapaces de satisfacer los reclamos inmediatos de la población y están diseñadas para que no exista una representación real de los intereses de las mayorías expoliadas por décadas de políticas neoliberales. Como un caso paradigmático en estos momentos en México no hay Procurador General de República, tampoco hay Fiscal General de la Nación y mucho menos hay titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. En tan sólo este ejemplo se ve la pobreza institucional y a su vez el blindaje de la casta gobernante y de los intereses del capital transnacional.

Entonces que puedan solicitar licencia significaría fomentar su impunidad y otorgarles garantías que eviten ser responsabilizados por lo ocurrido, por lo que evidenciaron los recientes fenómenos naturales.

Desde lo ocurrido en el colegio privado Rébsamen, que cobró la vida de 26 personas entre ellos 18 niños, pasando por los edificios “nuevos” que se desplomaron en la delegación Cuauhtémoc y Benito Juárez, hasta lo ocurrido con la ausencia del Estado en Puebla, Oaxaca y Morelos, la casta política debe dar la cara.

El conjunto del pueblo trabajador tiene que observar que los llamados a acelerar la reconstrucción son un ardid electoral. Que el gobierno de Enrique Peña Nieto realmente no tiene ningún Fondo de Desastres y que el sismo representa la justificación de la exorbitante deuda con la que dejará al país y que se perfila por arriba del 50 del Producto Interno Bruto.

Que en el intento de que todos los amigos hagan negocio de la tragedia, las familias afectadas hipotecarán sus bienes a favor de los inversionistas privados y extranjeros y sus socios financieros; que los bancos y las inmobiliarias involucradas en el desastre social que es México son quienes ganan de la tragedia como lo expone el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2018.

El 10 de noviembre Ricardo Monreal espera dejar la Delegación Cuauhtémoc; para entonces espera haber alcanzado un acuerdo en Morena o en el Frente Ciudadano por México (PAN-PRD-MC) para seguir construyendo su proyecto personal en apoyo al capital privado y extranjero. Detrás de él, una cascada de “funcionarios” quienes ya no pueden ser “Candidatos Independientes” debido a que quedaron fuera del margen establecido por el Instituto Nacional Electoral.

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria pensamos que debemos agitar una campaña porque se deslinden responsabilidades de todos los funcionarios y exfuncionarios expuestos ante la reciente tragedia, desde Jefaturas delegacionales de la Ciudad de México hasta Gobernadores, Secretarios de Estado y la Presidencia Nacional. Una actividad propagandística que sancione y responsabilice a todos ellos, de todos los partidos.

Sostenemos que la alternativa radica en la organización activa de los explotados y oprimidos, justo como lo evidenciaron las acciones tras los sismos del 7 y 19 de septiembre, donde nuevamente los gobiernos y partidos quedaron rebasados. Transformar estas acciones emergentes en organización política permanente requiere una comprensión de la dimensión de la tragedia y lo que favoreció a que un fenómeno natural se transformara en desastre justo 32 años después de haber vivido un fenómeno similar.

Por ello es que consideramos que debemos agitar la campaña por el no desprendimiento de los cargos públicos, por su juicio y responsabilidad en funciones; que no haya ningún tipo de inmunidad que facilite la recurrente impunidad de la casta gobernante. Esto sin dejar esperanzas en las autoridades, instituciones y poderes descompuestos, sino como una campaña que fortalezca la confianza del pueblo trabajador en sus propias fuerzas.

Una campaña de concientización sobre la base de arrinconar a la escurridiza casta gobernante, desde una perspectiva independiente y teniendo como base los comités populares organizados para el rescate y la reconstrucción, fortalecería una posición organizativa que dé más confianza a los sectores populares y al pueblo trabajador en su conjunto sobre sus propias acciones.