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EL AGUA DERECHO HUMANO BÁSICO

Eduardo Hernández

El acceso a agua potable es un derecho humano básico, sin embargo, las transnacionales se han ido apropiando del agua que, de bien público común, ha pasado a ser una mercancía susceptible de ser comercializada.

México es un país pobre en agua dulce, puesto que la disponibilidad per cápita de este recurso representa menos dela mitad de la media mundial. El problema se ha visto exacerbado por la contaminación de ríos y la constante baja del nivel freático del suelo, consecuencia de la invasión inmobiliaria y urbanizadora, en las grandes ciudades y concentrándose la mayor acumulación de edificios y grandes centros comerciales en la Ciudad de México.

De acuerdo a datos oficiales, dados a conocer por la SEMARNAT en el documento “El medio ambiente en México 2013-2014” y con cifras de la Conagua “los valores nacionales per cápita pueden enmascarar situaciones de estrés hídrico a nivel regional. Mientras que la región Aguas del Valle de México tenía en 2012 una disponibilidad de apenas 153 m3 por habitante al año, la región Frontera Sur registraba 22 185 m3, es decir, una disponibilidad 145 veces mayor (Mapa 6.1.1.2). Considerando a las regiones hidrológico-administrativas con disponibilidades clasificadas como muy bajas, resulta que más de 66.39 millones de habitantes (cerca del 56.71% de la población nacional) se encontraban en 2012 en situación de estrés hídrico”.

CRISIS DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Los gobernantes actuales de la Ciudad de México prolongan la crisis de agua hacia el siglo XXI, tal como si no se hubiera aprendido nada de los errores del pasado, los servidores públicos como Miguel Ángel Mancera y Ramón Aguirre director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) continúan empecinados en privatizar el agua, siguen aplicando el modelo económico del neoliberalismo.

Esta crisis se ha agudizado por la mala planeación del desarrollo urbano, mayor número de habitantes, construcción indiscriminada de torres departamentales, grandes edificios, mega-centros y plazas comerciales, que sobreexplotan el acuífero de la ciudad por el alto consumo de agua potable que realizan, aunado a este acuciante problema la privatización del agua en la Ciudad de México, se ha impuesto por la vía de los hechos, concesionando los servicios de:

a).- Organización y control del padrón de usuarios
b).-Toma de lectura del medidor (medición)
c).- Impresión de facturas o boletas
d).- Cobro del consumo de agua
e).- Saneamiento y tratamiento de aguas residuales
f).- Sectorización de la red de agua potable, en 330 cuadrantes o sectores

Antes del pasado sismo del 19/09/2017, 1,300,000 personas repartidas por toda la ciudad no tenían agua potable en sus viviendas y poco más de 1,500,000 no la recibían de manera regular, hoy esa cifra ha aumentado. Y cerca de un millón y medio de habitantes concentrados tan sólo en la delegación Iztapalapa aumentan las cifras (La jornada; “Crisis de agua afecta a casi 75% de Iztapalapa”: domingo, 24 sept 2017).

Tal vez la verdadera tragedia de esta crisis, sea el efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones pobres que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua, viviendo en lugares contaminados y a menudo peligrosos, luchando por conseguir una educación para sus hijos, por ganarse la vida y por solventar sus necesidades básicas como la alimentación.

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19-S ¡OTRA VEZ! GOBIERNO SUPERADO POR EL PUEBLO TRABAJADOR

LA DEVASTACIÓN NATURAL Y SOCIAL DE UN SISMO

El sismo del pasado 19 de septiembre que afectó duramente la Ciudad de México dejó al descubierto la corrupción y negligencia que impera en la construcción de inmuebles, corrupción que es responsabilidad de las instancias que han gobernado por años desde la jefatura de gobierno, los jefes delegacionales y las instancias correspondientes, que ceden a los intereses voraces de las empresas constructoras e inmobiliarias. Corrupción, que ha costado lamentablemente la pérdida de vidas y que cientos de familias pierdan sus hogares y patrimonio, aunado a los cuantiosos daños materiales.

Los sismos, son sucesos de la naturaleza que no puede predecir el ser humano, no sabemos cuándo, dónde y de qué magnitud ocurrirán, pero con el desarrollo de la tecnología, la investigación científica de estos fenómenos y la experiencia de sismos pasados es que sabemos hoy día responder de mejor manera para protegernos y prevenir desgracias de mayor magnitud, pero esto es algo que parecen olvidar las autoridades capitalinas, del gobierno federal y de todas aquellas instancias encargadas de vigilar y supervisar las construcciones actuales y antiguas.

A 32 años del 85 muchas son las enseñanzas, pocos los aprendizajes

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El 19 de septiembre de 1985 un sismo de 8.1 grados golpeó duramente el llamado, en aquel entonces, Distrito Federal. Apenas pasadas las 7 de la mañana un fuerte movimiento azotó la ciudad derribando miles de edificios, casas, comercios, fábricas y negocios causando escenas de completa devastación, más de 10 mil muertes y cuantiosos daños materiales. Nuestro país, por su ubicación geográfica es considerado de alta sismicidad, aunado a los tipos de suelos que se ubican en el centro del país, cuyos orígenes fueron los de un gran lago, aumentan el impacto de cualquier movimiento sísmico.

A pocos minutos de ocurrido el temblor de 1985 las personas salieron a las calles masivamente para apoyar a la población en desgracia, se organizaron brigadas de remoción de escombros para poder salvar la mayor cantidad de vidas, para atender a los heridos, se implementaron grupos que apoyaban con alimento y agua a los rescatistas, otros más comenzaban a organizar campamentos emergentes para que las personas que habían perdido su hogar, pudieran pasar una noche bajo un techo por más ligero que fuera. La respuesta del gobierno local y federal fue torpe y lenta, las manos y cadenas humanas del pueblo duplicaban a las instancias gubernamentales interviniendo en las labores, la solidaridad del pueblo con el mismo pueblo fue una de las mayores enseñanzas que arrojó el suceso.

La gran cantidad de derrumbes y daños estructurales en edificios, casas, fábricas y comercios mostraron la nula existencia de una reglamentación exhaustiva para implementar construcciones y tecnologías adecuadas para una región de alta sismicidad, del mismo modo, se evidenciaron miles de carencias por parte de los cuerpos de rescate y la falta de preparación en la población para poder hacer frente a un suceso de esta magnitud.

La alta probabilidad de lo impredecible
De manera paradójica, dos horas después de haber realizado en todas la escuelas y edificios públicos y privados los simulacros de prevención ante un sismo y en una de las fechas más sensibles para los pobladores de la ciudad, ocurrió de nueva cuenta en un 19 de septiembre pero ahora de 2017 un movimiento sísmico de magnitud 7.1 y cuyo epicentro se ubicó a menos de 120 kilómetros de la Ciudad de México, de ahí la fuerza del impacto y el poco tiempo de reacción que tuvimos los habitantes del centro del país.

Una vez más se podía observar en las calles el pánico y miedo en la población, miles de personas se trasladaron de inmediato a sus hogares ante el cierre de instituciones educativas y centros de trabajo, aunque algunos fueron obligados a regresar a trabajar aunque no había las condiciones de seguridad garantizadas; la ciudad se saturó ante la suspensión momentánea de los servicios de transporte, lo que dificultaba el paso de los servicios de emergencia. Por la noche el apoyo del pueblo de México se desbordó en todos aquellos lugares donde habían ocurrido derrumbes. Una vez más el pueblo fue el primero en reaccionar y poner manos a la obra mientras la respuesta del estado era nula o mínima, una vez más el estado fue rebasado.

Las reglamentaciones que no se cumplen
Con las experiencias pasadas y después de años de investigaciones científicas es que se logra una normatividad para las construcciones en la Ciudad de México, el problema principal se ha centrado en que no existen mecanismos que obliguen a las constructoras e inmobiliarias a cumplir a cabalidad esa normatividad. La corrupción resulta ser una de los mayores aprendizajes de 1985. Las voces del gobierno vuelven a ser las mismas 32 años después: se revisará, se implementará, se hará, se castigará, pero en la realidad es que poco se espera de esas promesas gubernamentales y sobretodo de un marco que puedan obligar a cumplir esas normas que resultan en estrategias para preservar la vida, el trabajo y el pequeño patrimonio de la población trabajadora.

Las empresas constructoras e inmobiliarias han caído en el absurdo de ofertar departamentos con tecnologías anti sismos, pero que curiosamente, algunos de ellos colapsaron o quedaron severamente dañados en el sismo pasado, al grado de ser inhabitables. Cientos son ya las demandas interpuestas contra inmobiliarias por inmuebles que colapsaron o quedaron seriamente dañadas ya que son construcciones que oscilan entre 1 a 5 años.

Se empobrece la calidad de los materiales de construcción, se contrata muchas veces a personal no calificado para ahorrar así en mano de obra y que las constructoras tengan una mayor ganancia, la corrupción que impera cuando hay obras suspendidas ante irregularidades presentadas y que sospechosamente continúan sus labores sin cumplir con normas y requerimientos básicos, cambios de uso de suelo, remodelaciones en inmuebles sin que se hagan los dictámenes correspondientes para saber si es seguro.

Ante la tragedia el apoyo voluntario debe guiarse con organización

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La población desbordó el apoyo a las zonas de mayores derrumbes, miles de manos removieron escombros, atendieron heridos y apoyaron en labores de acopio y traslado de víveres. En 2017, al igual que en 1985 la presencia del Ejército y Marina en muchos momentos obstruyó y entorpeció el trabajo, el pueblo trabajador demostró tener una profunda solidaridad con las personas que necesitaban ayuda.

Las situaciones de desastres naturales nos arrojan a dinámicas de apoyo y trabajo colectivo que a veces no suelen presentarse en el día a día, pero lo que también es real es que fenómenos de esta magnitud pegan más en las comunidades más pobres y marginadas del país, o en zonas de fábricas donde los trabajadores no cuentan con garantías mínimas de que su centro de trabajo son seguros, las tragedias golpean más a la clase trabajadora ante la corrupción que impera en las empresas constructoras e inmobiliarias en México.

Genoveva Alemán

¡Castigo a dueños negligentes y funcionarios corruptos!

El dinero para las campañas es de los trabajadores, ante la demagogia electoral ¡ni un peso a los partidos políticos!

¡Que se vayan los corruptos!

LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA PARTICIPA ACTIVAMENTE EN LA CONTINGENCIA, LA UNAM NO DEBERÍA RETORNAR A CLASES MAÑANA

CARTA AL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO, ENRIQUE GRAUE WIECHERS

Señor Rector
México atraviesa por momentos críticos derivados de los recientes sismos que afectaron la zona centro y sur-sureste del país. Es de su conocimiento los detalles y la magnitud de la tragedia; no profundizaré más en ello.

La Comunidad Universitaria está jugando un papel fundamental en la contingencia. Jóvenes estudiantes de todos los niveles colaboran en la recepción, distribución y entrega de víveres a la población afectada; en la remoción de escombros, censos de viviendas y edificios en riesgo; contención de personas con crisis nerviosas y atención psicológica; atención médica básica y promoción de la salud. Jóvenes, mujeres y hombres universitarios, actúan no sólo en las afectaciones en la Ciudad de México sino también en el los estados de Puebla, Morelos y Estado de México realizando infinidad de tareas en apoyo a la población afectada, vulnerable, ante esta crisis. Con antelación, muchos de ellos lo hacían también en apoyo a la población damnificada de Oaxaca y Chiapas.

Que la UNAM retorne a clases el día 25 de septiembre significaría que una importante fuerza activa, la fuerza de la juventud universitaria, retroceda en los momentos que más se necesita de ella. La Comunidad Universitaria cuenta con cerca de 400 mil universitarios y si bien es cierto que no la totalidad son partícipes en estos días, un número incuantificable e importante de estudiantes, profesores y trabajadores, de todos los niveles, se encuentra participando en las acciones de ayuda, contención y apoyo, apegadas al espíritu y valores de nuestra Universidad Nacional. Un apoyo invaluable en indiscutible concordancia con nuestra Ley Orgánica.

Concuerdo con usted en que la sociedad mexicana debe recuperar su vida, su ritmo y regresar a las actividades, digamos, “normales”. Es un llamado de parte de alguien formado con los valores de la Universidad de México que participa activamente en las labores de apoyo en los derrumbes, a usted en su figura de rector, al Consejo Universitario, a los distintos Consejos Técnicos y, en su caso, a los Consejos Internos, para que en conjunto todos hagamos una reflexión del papel necesario de la Comunidad Universitaria en estos días y esa importante fuerza no retroceda. También es un llamado a repensar a la Universidad Nacional Autónoma de México y a sus tareas que deberían ser también “normales”.

Los centros de investigación e institutos ya han retornado a las labores y con ello una parte importante de la vida universitaria; otras instituciones educativas lo harán hasta el lunes 2 de octubre. Quizá el conjunto de la Comunidad Universitaria podría hacerlo hasta esas fechas.

Quedo atento a cualquier reflexión.

Atentamente:
Ing. Walter J. Ángel Jiménez. Egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, ex Consejero Universitario, Premio Dr. Gustavo Baz Prada al Servicio Social Comunitario por la Facultad de Ingeniería 2011, Asociado de Fundación UNAM