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BIODIVERSIDAD AMENAZADA POR LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA

Carolina García Sevilla
El título de este escrito debe de leerse con atención debido a que implica la tesis central que me permito exponer en esta ocasión. El caso que nos ocupa en este momento, tiene que ver con la protección de la biodiversidad de nuestro país, es decir, con la protección de nuestros medios de subsistencia, que en un sentido más amplio abarcan la defensa de la vida misma.

Esta defensa no se da de forma espontánea y sin antecedentes, por el contrario, nace a partir de la crisis ambiental planetaria que ha sido producto directo del desarrollo capitalista, un desarrollo que de forma simplista alude principalmente al crecimiento económico. Siguiendo esta lógica, la explotación de los recursos naturales, a los cuales prefiero referirme como bienes de uso común (BUC), son posicionados como directrices que orientan el crecimiento económico del país, colocándolos directamente en una situación de alta vulnerabilidad y como objeto de la ambición de las grandes “potencias”. Este fenómeno es reconocido como neoestractivismo y se coloca como paradigma de las sociedades capitalistas actuales.

La actual crisis ambiental es ampliamente conocida a nivel mundial e inclusive ha propiciado la creación de una variedad de convenciones, acuerdos y “alianzas”, que como característica esencial poseen el esquema de la construcción con base en los intereses de los países con mayor poder económico y político, adhiriendo subsecuentemente a los nombrados “países en vías de desarrollo”, de quienes dependen directamente, pero a quienes hacen ver como dependientes. Uno de los grandes ejemplos de las alineaciones de éstos países, es el de la Conferencia de las Partes (COP), en la que actualmente participan 196 países, entre ellos México, y que tiene por objetivo principal la ratificación de diversos acuerdos como lo son CITES*, UNCCD*, UNFCCC*, CDB*, etc.

En ese contexto, las leyes mexicanas están alineadas a dichos convenios y que mejor prueba que la que nos mostró la Senadora Ninfa Salinas Sada, quién forma parte del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en el Senado de la República. Esta servidora pública, el pasado 25 de octubre de 2016, presentó un proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Biodiversidad, la cual reforma diversas disposiciones de la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), así como también abroga la Ley General de Vida Silvestre (LGVS), ambos, instrumentos que actualmente son la base para la protección de la biodiversidad del país. La presentación de dicha iniciativa, tenía el objetivo de ser aprobada y llevada a la COP 13 del CDB*, ya que según ella, nuestro país debía contar con “una ley moderna y adecuada a los más exigentes paradigmas internacionales de manejo de la biodiversidad”.

Esta iniciativa de Ley General de Biodiversidad representa un retroceso en la política ambiental mexicana, que encamina a ésta rumbo a la flexibilización de los marcos regulatorios en materia ambiental, principalmente porque sujeta la legislación nacional a los tratados internacionales como el protocolo de Nagoya y el de Cartagena, ambos, señalados como mecanismos de facilitación para la entrada de trasnacionales que extraen BUC y conocimiento de los territorios en los que se adentran.

La iniciativa ha sido analizada por diversos grupos de investigadores, entre ellos, miembros de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, quienes mantienen la postura de que ésta debe de ser ampliamente debatida, puesto que implica modificaciones sustanciales que no benefician a la biodiversidad del país, sino que por el contrario, atenta contra ella.

Es por ello que de ser aprobada la actual iniciativa, se perderían importantes avances que las herramientas de legislación actuales han propiciado. En ese sentido, es importante remarcar que a pesar de las deficiencias dentro de la LEEGEPA y la LGVS, éstas contienen elementos muy importantes, lo que nos lleva directamente a concluir, que en lugar de ser desechadas y con ello dar pasos hacia atrás en la construcción de la legislación ambiental mexicana, se deben de mejorar dichas herramientas, respondiendo al llamado a proteger los BUC que tanto son codiciados por otros países. Este es un llamado a visualizar un problema que por años ha sido relegado a planos secundarios siendo que es la base del mantenimiento de nuestras formas de vida.

* CITES-Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres.
* UNCCD-Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación
* UNFCCC-United Nations Framework Convention on Climate Change
* CDB- Convenio sobre Diversidad Biológica

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