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LEY PRIVATIZADORA DEL AGUA EN LA CDMX APROBADA, PERO NO PUBLICADA

Eduardo Hernández

La tarde del 24 de noviembre del 2017, fue aprobada la Ley de Sustentabilidad Hídrica, esta iniciativa curiosamente la presenta una diputada panista en una asamblea mayoritariamente Perredista, esta ley ya había sido desechada en febrero de este 2017, y en ese entonces se conoció como “Ley Mancera”, y la diputada Wendy González a iniciativa de las tres poderosas compañías extranjeras que controlan el agua en la Ciudad de México, hacen que la retome meses después. Es así que con 33 votos a favor, 14 en contra (los diputados de morena) y una abstención (diputado de Nueva Alianza: Gabriel Corchado) se aprobó la norma, que sustituye la Ley de Aguas del Distrito Federal de 2003.

DICHA LEY PERJUDICA AL PUEBLO Y BENEFICIA A LAS TRANSNACIONALES
Esta ley de las transnacionales del agua fue aprobada por la mayoría de diputados del PRD, PAN, PRI, PVEM, y Movimiento Ciudadano. Esta norma aprobada abre la puerta a la privatización, por el poder que la misma confiere al Organismo operador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), donde lo más relevante será que una junta de gobierno y un consejo técnico, dirigidos por el director del SACMEX podrán hacer contratos y otorgar concesiones a las compañías privadas casi casi eternos, pues la vigencia de estas concesiones y estos contratos son por más de 25 años, también podrá imponer el sistema tarifario del cobro del agua, sin la obligatoriedad de consensarlo o consultarlo ni con la Asamblea de Representantes ni con el propio Jefe de Gobierno.

SACMEX ENTE HIBRIDO, CON ATRIBUCIONES MÁS ALLÁ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX
El SACMEX cambia su estado jurídico, organizativo y técnico, para convertirse en una poderosa paraestatal, con autonomía financiera y atribuciones de un Organismo Descentralizado, es decir se convierte en un ente público a modo, para defender los intereses y ganancias de estos monopolios extranjeros del agua. Ya Ramón Aguirre durante los 10 años como director del Sistema de Aguas de la Ciudad, ha dado muestras de actuar más como un empresario ávido de ganancias, que como servidor público que resuelva los problemas del agua (desabasto, tandeos, distribución desigual, tarifazos, uso político de la necesidad etc.).

RAMÓN AGUIRRE, UN TECNÓCRATA PELIGROSO
Para los habitantes de la Ciudad de México es muy peligroso que Ramón Aguirre, siga como director de este nuevo ente híbrido, ya que solo responde a los intereses de Suez, Veolia y Gutsa, la urgencia de imponer esta ley es porque el PRD y demás partidos políticos que firmaron el pacto contra México, saben que perderán el gobierno de la ciudad en 2018, por que los ciudadanos están hartos de tarifazos y predialazos, el caos y la inseguridad que han desatado por toda la ciudad al privilegiar sus intereses económicos por sobre una buena planeación de armonía y convivencia en la urbe; la mala planeación, su ambición personal por ganar dinero a costa de lo que sea, aunada a la corrupción desatada serán un lastre y estigma que los ciudadanos les habremos de recordar en las votaciones, no se puede ir por el mundo privatizando todo lo público alegremente, sin que les cobremos la factura, tienen que pagar todo los daños a la sociedad y a la propia ciudad, así como el daño causado al patrimonio familiar de los habitantes de esta noble pero aguerrida capital.

MÁS QUE LEY DE SUSTENTABILIDAD HÍDRICA, ES UNA LEY PUNITIVA
Esta ley es castigadora, y los que no podamos pagar y tengamos dos adeudos consecutivos o salteados, nos cortaran el acceso al agua y también ¡clausurarán el drenaje! (inédito pero cierto, porque así está escrito en esta ley), en clara violación a los artículos, 2, 4, 25, 27 y 28 Constitucionales, por citar algunos, y le daría al SACMEX prácticamente la propiedad de toda el agua que se mueve y existe en la ciudad, para traspasarla a las compañías privadas extranjeras que se enriquecen con nuestros propios recursos naturales.

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MÉXICO: EJEMPLO PARA EL MUNDO DE MODELO PRIVATIZADOR DEL AGUA

Eduardo Hernández
En México se emplean sofisticados mecanismos y argumentos publicitarios en favor de la propiedad privada del agua, para ablandar y fragmentar la oposición del pueblo para entregar al capital privado el control del agua, y dificultar el que sectores críticos perciban el cuadro amplio y las verdaderas intenciones de los privatizadores. Las transnacionales del agua desean presentar a México como una vitrina y exhibir al mundo las virtudes de la privatización.

LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA EN NUESTRO PAÍS, HABLANDO EN SENTIDO ESTRICTO, SE DA POR LAS LEYES Y REGLAMENTOS QUE LA ADMINISTRAN
Las reformas a la ley de aguas nacionales han permitido la privatización del agua en nuestro país, y es con el salinato-priista (1988-1994) cuando arreció la ofensiva gubernamental contra todos los bienes y servicios públicos.

La tendencia a la privatización del agua en México se remonta a 1983, cuando Miguel de la Madrid impulsó cambios al artículo 115 de la Constitución que descargaron sobre los gobiernos municipales la responsabilidad del suministro del agua.

1992 COMIENZO DEL PROCESO PRIVATIZADOR DEL AGUA EN MÉXICO
En 1992 el proceso privatizador se afianzó con la aprobación de una nueva Ley de Aguas Nacionales, tras la cual los gobiernos de muchos municipios y el de la Ciudad de México, concesionaron (privatizaron) el manejo de sus aguas a filiales de empresas transnacionales francesas (Suez y Veolia), inglesas (Severn Trent Water) y norteamericanas (Azurix-Enron), por citar a algunos monopolios mundiales del agua.

LOS USOS DEL AGUA Y LA PRIVATIZACIÓN
Podemos identificar tres grandes usos del agua (doméstico, rural e industrial), y la privatización los pulveriza, mediante una estrategia de municipalización de los manejos, los contratos y los mercados de agua, la privatización del agua también fragmenta los usos rurales al localizarlos en los diversos sistemas de riego, en las montañas y las selvas de México.

CONSECUENCIAS DE LA PRIVATIZACIÓN
Las más notables consecuencias de la venta de las empresas de servicios públicos al capital privado, y fundamentalmente al extranjero, han sido las siguientes:

  1. Convierte a los Servicios Públicos en negocios particulares y a los usuarios en clientes. Las políticas neoliberales en que se sustentan las privatizaciones, despojan a los servicios públicos del sentido social, convirtiéndolos en mercancías que sólo deben estar a la orden del que pueda pagarlas, al precio que determinen los empresarios que las ofrecen.
  2. Las privatizaciones no acaban con los monopolios. Simplemente, sustituyen los públicos por los privados. Y éstos, naturalmente, se aprovechan de sus condiciones monopólicas para exprimir a unos clientes que ni siquiera tienen la opción de comprarles a otros, o de renunciar a los leoninos contratos, sin graves sufrimientos por el servicio.
    Existen serios estudios que demuestran el caso de los servicios públicos, sector en el que por definición aparecen economías de escala, la competencia no aumenta la eficiencia sino que la disminuye, aumentando los costos de producción de los servicios.
  3. Aumento arbitrario en las tarifas, incrementos que se han dado antes y después de que se realicen las privatizaciones, pero que siempre tienen como causa principal que sin ellos no es posible ofrecerle al capital privado el único estímulo que lo moviliza: las ganancias, mayores ganancias o por lo menos iguales a las que consigue en otros sectores de la economía. Y esos aumentos tarifarios por encima de los índices de inflación nacional siguen siendo el eje rector de la política económica del gobierno.


CON LA PRIVATIZACIÓN EL ESTADO ABANDONA SU OBLIGACIÓN DE PRESTAR SERVICIOS
Mientras que el Estado puede prestar los servicios públicos a precios subsidiados, o con unos que igualen su costo de prestación, más el de la ampliación de las redes (sin incurrir en pérdidas), las empresas privadas no actúan así; ya que siempre tendrán que cobrar esos mismos costos, más otra suma de dinero que les asegure acumular riqueza en dinero contante y sonante que puedan trasladar a otros negocios.

Es por esto que siempre los servicios privatizados serán más costosos, que los que brinda el Estado, porque estos son servicios públicos sin lucro y sin afán de ganancia.

Los organismos de control creados por las leyes que impulsan las privatizaciones han demostrado su incapacidad para controlar a los monopolios privados, si es que en verdad tienen ese propósito, y no son simples instrumentos de la demagogia oficial.

Como dicen los neoliberales, quienes compran las empresas de servicios públicos no se llevan sus activos al extranjero. Efectivamente no se los llevan, pero sí se llevan las utilidades que producen, con lo que se hace más lenta la acumulación de la riqueza en el país y se complica el anhelado desarrollo económico de México.

ATENTADO A LA SOBERANÍA NACIONAL
Las privatizaciones también atentan gravemente contra la soberanía nacional, porque le trasladan al capital extranjero el control de sectores estratégicos de la economía mexicana.

LAS PREMISAS DE LA PRIVATIZACIÓN DEL AGUA, Y EN GENERAL DE TODOS LOS SERVICIOS PÚBLICOS
La ofensiva ideológica-publicitaria en pro de la privatización se fundamenta en tres premisas cuestionables:

  1. Crecimiento poblacional: “Cada vez hay más y más gente que debe tener acceso a recursos de agua cada vez más escasos y sobreexplotados, lo cual provoca tensiones y conflictos sociales.” Este argumento tiende a simplificar la compleja problemática social en torno a los recursos naturales. Presume que no existen desigualdades económicas extremas, o que si existen no tienen consecuencia alguna.
  2. Justo valor económico: “Se despilfarra el agua porque la gente la obtiene gratuitamente o a precios artificialmente bajos. Por lo tanto, si su precio reflejara su verdadero costo ecológico y económico, la gente evitaría su abuso y uso excesivo.”

Dicen los ejecutivos de empresas privatizadoras de agua que los precios que cobran son altos porque el agua es un negocio costoso y riesgoso, y sus empresas deben mantenerse rentables para poder competir. Pero los precios altos que cobran estas firmas, no están basados en racionalidad de mercado o criterios de sustentabilidad ecológica.

Las compañías aparentemente independientes que operan acueductos municipales son casi todas subsidiarias de una media docena de empresas transnacionales que se coordinan entre sí y se dividen los mercados globales. El dinero que recaudan de sus clientes no se invierte en mantenimiento y expansión de redes existentes, sino en sus planes de expansión global, en jugosos dividendos y altos salarios para sus ejecutivos.

LA MALA ADMINISTRACIÓN DEL AGUA POR PARTE DEL ESTADO ES DELIBERADA
El fracaso del Estado: “Como administrador del recurso; el Estado ha fracasado, y este fracaso ha sido deliberado, fue planeado para dar paso a la privatización del agua y de los demás servicios públicos, no sólo a causa de su corrupción, incapacidad y falta de inversión en la infraestructura, sino también debido a factores externos como la incosteable deuda externa pública y las políticas de ajuste estructural, impuestas por la banca multilateral que requiere que prácticamente se desmantele el estado.

Dice La investigadora Silvia Ribeiro del grupo ecologista ETC. “Las trasnacionales manipulan los datos de la crisis para justificar el despojo y aumento de la privatización, culpando a la gente común de las zonas urbanas, los campesinos y los servicios públicos por mal uso y administración”. Y es con esta manipulación del lenguaje y datos, que los utilizan como arma de negociación para conseguir la privatización del servicio, por ejemplo del agua.

EL AGUA DERECHO HUMANO BÁSICO

Eduardo Hernández

El acceso a agua potable es un derecho humano básico, sin embargo, las transnacionales se han ido apropiando del agua que, de bien público común, ha pasado a ser una mercancía susceptible de ser comercializada.

México es un país pobre en agua dulce, puesto que la disponibilidad per cápita de este recurso representa menos dela mitad de la media mundial. El problema se ha visto exacerbado por la contaminación de ríos y la constante baja del nivel freático del suelo, consecuencia de la invasión inmobiliaria y urbanizadora, en las grandes ciudades y concentrándose la mayor acumulación de edificios y grandes centros comerciales en la Ciudad de México.

De acuerdo a datos oficiales, dados a conocer por la SEMARNAT en el documento “El medio ambiente en México 2013-2014” y con cifras de la Conagua “los valores nacionales per cápita pueden enmascarar situaciones de estrés hídrico a nivel regional. Mientras que la región Aguas del Valle de México tenía en 2012 una disponibilidad de apenas 153 m3 por habitante al año, la región Frontera Sur registraba 22 185 m3, es decir, una disponibilidad 145 veces mayor (Mapa 6.1.1.2). Considerando a las regiones hidrológico-administrativas con disponibilidades clasificadas como muy bajas, resulta que más de 66.39 millones de habitantes (cerca del 56.71% de la población nacional) se encontraban en 2012 en situación de estrés hídrico”.

CRISIS DEL AGUA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Los gobernantes actuales de la Ciudad de México prolongan la crisis de agua hacia el siglo XXI, tal como si no se hubiera aprendido nada de los errores del pasado, los servidores públicos como Miguel Ángel Mancera y Ramón Aguirre director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) continúan empecinados en privatizar el agua, siguen aplicando el modelo económico del neoliberalismo.

Esta crisis se ha agudizado por la mala planeación del desarrollo urbano, mayor número de habitantes, construcción indiscriminada de torres departamentales, grandes edificios, mega-centros y plazas comerciales, que sobreexplotan el acuífero de la ciudad por el alto consumo de agua potable que realizan, aunado a este acuciante problema la privatización del agua en la Ciudad de México, se ha impuesto por la vía de los hechos, concesionando los servicios de:

a).- Organización y control del padrón de usuarios
b).-Toma de lectura del medidor (medición)
c).- Impresión de facturas o boletas
d).- Cobro del consumo de agua
e).- Saneamiento y tratamiento de aguas residuales
f).- Sectorización de la red de agua potable, en 330 cuadrantes o sectores

Antes del pasado sismo del 19/09/2017, 1,300,000 personas repartidas por toda la ciudad no tenían agua potable en sus viviendas y poco más de 1,500,000 no la recibían de manera regular, hoy esa cifra ha aumentado. Y cerca de un millón y medio de habitantes concentrados tan sólo en la delegación Iztapalapa aumentan las cifras (La jornada; “Crisis de agua afecta a casi 75% de Iztapalapa”: domingo, 24 sept 2017).

Tal vez la verdadera tragedia de esta crisis, sea el efecto sobre la vida cotidiana de las poblaciones pobres que sufren el peso de las enfermedades relacionadas con el agua, viviendo en lugares contaminados y a menudo peligrosos, luchando por conseguir una educación para sus hijos, por ganarse la vida y por solventar sus necesidades básicas como la alimentación.