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EL ABORTO UN NEGOCIO RENTABLE

Sarahí Gutiérrez Ramírez

Históricamente el aborto ha constituido un problema de salud pública y justicia social, ya que se desarrolla en un contexto de violencia, restricción y persecución. Actualmente el aborto se continúa practicando en condiciones de riesgo y clandestinidad, al respecto la OMS reporta que se realizan cerca de 22 millones de abortos peligrosos en el mundo, mientras que Conapo señala que el aborto es la tercera causa de muerte entre las mujeres embarazadas.

Pese a que desde hace 10 años en la CDMX se aprobó una reforma en la asamblea legislativa para la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de manera voluntaria, es una realidad que no todas las mujeres tienen acceso a este servicio porque el aborto está regulado según el código penal de cada estado, basándose en las siguientes 8 causales:

  1. El embarazo es producto de una violación.
  2. El aborto es provocado por accidente.
  3. La valoración médica indica que el embarazo pone en riesgo la vida de la mujer.
  4. El feto tiene malformaciones genéticas.
  5. La continuación del embarazo provocaría un grave daño a la salud de la mujer.
  6. El embarazo es producto de una inseminación artificial sin consentimiento.
  7. Por razones económicas y ser madre de tres hijos.
  8. Por libre decisión de la mujer hasta las 12 semanas de gestación.

Las tres primeras causales son aceptadas en la mayoría de los estados, mientras que el resto varía según la entidad, por ejemplo: en Querétaro y Guanajuato el aborto sólo se permite bajo la causal 1, a diferencia de la Ciudad de México en donde es posible realizar la interrupción de forma voluntaria. Por lo tanto, la restricción y negación de este servicio, empuja a todas las mujeres del interior de la república a trasladarse a la Ciudad de México para poder interrumpir su embarazo, o bien recurrir a procedimientos clandestinos e inseguros debido a la falta de recursos económicos, esto a consecuencia de la vulnerabilidad social, marginación y pobreza en la que se encuentran.

Tan sólo en la CDMX existen únicamente 13 centros de salud que realizan la Interrupción Legal del Embarazo de manera gratuita, por ende, la insuficiencia de cobertura de este servicio conlleva al surgimiento de un servicio privado. Actualmente existen alrededor de 40 clínicas privadas operando en este servicio, lo cual ha implicado un interés económico que es necesario revisar, en vez de utilizar  la interrupción legal del embarazo como un derecho de salud pública y una herramienta que ayude al empoderamiento y apropiación de los cuerpos de las mujeres, para la industria privada se ha vuelto una prioridad aumentar las ganancias y  los números de procedimientos atendidos por día, con la apariencia de un servicio que promueve el bienestar y la libre elección  de las mujeres.

El ámbito privado, incluso la sociedad civil se mueven bajo una lógica capitalista, que busca obtener ganancias lucrando con la salud y el cuerpo de las mujeres, lo cierto es que en la actualidad el aborto representa un negocio rentable para la burguesía, el estigma y el restringido acceso a este servicio de forma libre y gratuita en toda el país tiene como consecuencia el elevado número de clínicas con precios que oscilan desde los 1500 hasta los 6000 pesos, incluso más, según la clínica o el número de semanas de gestación, lo cual resulta inaccesible para muchas mujeres trabajadoras con salarios mínimos.

Un ejemplo de ello es la clínica Mexfam, la cual se maneja bajo la premisa de construir bienestar social, sin embargo su mayor interés no son los derechos ni el bienestar de las mujeres, se ha centrado únicamente en incrementar los números de usuarias que acuden a tomar este servicio y a dejado de lado la calidad y calidez de su servicio.

La realidad es que el estado tiene la obligación de poner a disposición de todas las mujeres sin importar  la posición económica, raza o religión, el  servicio de salud sexual y reproductiva en cada una de las entidades federativas y garantizar una educación sexual que apueste a la prevención de embarazos no deseados, facilitar el uso de métodos de planificación familiar y promover el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, es su deber poner al alcance de todas las mujeres el aborto de forma gratuita, libre y segura.

CintilloRosas

 

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POR UNA MATERNIDAD LIBRE Y VOLUNTARIA

Jacqueline Villanueva, Sarahí Gutiérrez y Shahin Corona
El aborto a nivel mundial sigue siendo un grave problema social y de salud pública. Más allá de que se trate desde una perspectiva moralista y religiosa, por parte de la sociedad, grupos religiosos y principalmente de los partidos políticos y de sus campañas pro vida, debemos reconocer que miles de mujeres al año siguen muriendo a causa de practicarse un aborto en condiciones insalubres y de clandestinidad; las mujeres que en su mayoría mueren forman parte de la clase trabajadora y del pueblo pobre, lo que evidencía que el acceso a decidir sobre nuestros cuerpos es un problema de clase.

De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS)1, entre 2010 a 2014 se produjeron anualmente 56 millones de abortos (seguros y peligrosos) en todo el mundo, según está misma fuente se calcula que cada año se realizan aproximadamente 22 millones de abortos peligrosos en todo el mundo, casi todos ellos en países de desarrollo.

Así mismo cada año, 5 millones de mujeres ingresan a hospitales como consecuencia de un aborto peligroso y más de 3 millones de mujeres que han sufrido complicaciones a raíz de un aborto peligroso no reciben atención médica.

Por su parte en México, para 2015, las complicaciones por aborto se convirtieron en la quinta causa de muerte materna y al menos el 57 % fueron causadas por abortos clandestinos.

Únicamente en la Ciudad de México desde hace 10 años se ha despenalizado la práctica del aborto. Es la única entidad que cuenta con clínicas especializadas que ofrecen este servicio y garantizan la integridad y la salud de la mujer, sin embargo, el número de clínicas en donde se puede practicar un aborto seguro no son suficientes para los cientos de mujeres que se trasladan año con año desde otros estados del país para practicarse un aborto con la seguridad que implica, tanto en su salud como en la cuestión jurídica.

Las estadísticas de la Ciudad de México (CDMX) muestran que de 2007 a 2017 se han atendido a un total de 178,807 usuarias en el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), de las cuales 128,871 se concentran en la CDMX, por otro lado 45,422 pertenecían al estado de México y del interior de la república acudieron alrededor de 6,514 usuarias a realizarse una interrupción. El 71% de las interrupciones se realizaron en la Ciudad y el 25% pertenecía al Estado de México.

A continuación se presenta una tabla de entidad de procedencia de las usuarias que se sometieron a un ILE, la cual evidencía que no hay un solo estado que no haya viajado a la ciudad de México para ejercer un derecho que debería estar garantizado en su propia localidad, pese a que el servicio se ofrece únicamente en la CDMX, la interrupción del embarazo es una necesidad nacional.

ILEs

Es importante mencionar que ninguna autoridad del sector salud tiene información sobre los abortos que se realizan en los hospitales privados, por lo que se ignora cuántas mujeres abortan, qué procedimientos se aplican, edades y cuántas han muerto durante el procedimiento. Según investigaciones académicas, en esta década se han realizado alrededor de 1.5 millones de abortos en la Ciudad de México, y de los poco más de 175 mil que dicen las autoridades sanitarias, tan solo la clínica Marie Stopes reporta 51 mil abortos en 2014 en la CDMX.

Además de la falta de transparencia por parte del gobierno en cuanto a las cifras reales de abortos realizados, otro aspecto que reduce el acceso a este servicio de salud es que sólo la Ciudad de México ha despenalizado el aborto hasta la semana 12 de embarazo, después de que esto ocurriera hace diez años, las entidades comenzaron a blindar sus legislaciones ya que el aborto está regulado a nivel local, es decir depende del código penal de cada estado las exclusiones de responsabilidad o los casos en los que no se aplican sanciones por abortar. Actualmente 17 de los 32 estados del país han modificado sus constituciones para garantizar el derecho a la vida desde la concepción. Lo que muestra que en el resto de las entidades el único motivo de aborto legal es si se comprueba una violación, (lo cual no garantiza a las mujeres no ser encarceladas). Otras de las causales que prevalecen en las legislaciones regionales para no ser juzgada por un aborto es que la vida de la madre esté en riesgo, que el feto tenga malformaciones o que el aborto sea espontáneo.

En Tamaulipas la sanción a quien decide abortar es de uno a cinco años de cárcel, la cual puede ser sustituida por un tratamiento médico integral, esto es que “el tratamiento referido tendrá como objeto apoyar a las mujeres a superar los efectos causados como consecuencia del aborto provocado, así como reafirmar los valores humanos por la maternidad ayudando al fortalecimiento de la familia”, de acuerdo con el artículo 357 de la norma. En Jalisco y en Morelos ocurre la misma situación y además si la mujer abortó en ocasiones previas, ya no podrá acceder a este “beneficio”.

Es una realidad que la penalización del aborto no es una herramienta que aporte elementos para la resolución de las muertes por aborto, los embarazos en adolescentes o el control natal. La penalización únicamente agrava la problemática, pues incita a la discriminación y persecución por parte de la sociedad, la iglesia y estado, en lugar de garantizar la salud física, psicológica y el derecho a la vida y al poder de decidir de las mujeres.

Sobre la concepción de la vida
A lo largo de los años el concepto de lo que definimos como “vivo” ha cambiado, reflejando así el desarrollo y los avances de la humanidad. Ha sido una construcción histórica que implica muchos aspectos, desde lo religioso y social, hasta lo que han aportado los avances y descubrimientos científicos.

Gracias a los avances científicos se sabe que un óvulo fecundado por un espermatozoide no es una persona. Si bien las células están vivas como cualquier otra célula de nuestro cuerpo, no se consideran individuos unicelulares capaces de independizarse y con conciencia propia, ya que en las primeras semanas del desarrollo embrionario no se ha desarrollado como tal un sistema nervioso y mucho menos un cerebro capaz de experimentar dolor, sentimientos, ni pensamientos propios. Por lo que decir que al practicarse un aborto se está cometiendo un homicidio, carece de un sustento científico, de la misma manera si se cree que se está matando a células potenciales para el desarrollo de un individuo. Desde esta perspectiva, miles de espermatozoides en cada eyaculación y óvulos desechados en cada periodo menstrual estarían siendo privados de la vida.

Es un hecho que vivimos en una sociedad que maneja la doble moral y en un Estado que no es laico, pues en las cuestiones jurídicas sigue interfiriendo la iglesia, al grado de que se llega a satanizar a la mujer que se practica un aborto, dejando de un lado las razones económicas, psicológicas, físicas y otras limitantes en las que se desarrollaría el nuevo individuo si nace, pues una vez nacido nadie le garantiza las condiciones necesarias para el desarrollo de una vida plena, con una adecuada atención médica, nutrición y educación.

El aborto es seguro cuando se realiza por personal capacitado y con el empleo de técnicas correctas. Casi todas las muertes y discapacidades derivadas del aborto se podrían prevenir mediante la educación sexual, el uso de métodos anticonceptivos eficaces, el acceso a servicios de aborto gratuito y seguro y a la atención oportuna de las complicaciones.

La prohibición y penalización no reduce la necesidad ni el número de abortos; sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y las niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales.

Por eso desde Rosas Rojas consideramos que es decisión de cada mujer decidir sobre su cuerpo sin intervención de la iglesia ni del estado, apelamos por una maternidad libre y voluntaria, con soluciones tangibles e integrales que garanticen la total despenalización del aborto en México y América latina. Que esté acompañada de una adecuada educación sexual y planificación familiar en todos los niveles, con anticonceptivos gratuitos al alcance, con una atención adecuada por parte del sector salud. Que garantice la integridad física y psicológica de cada mujer.

¡Por una maternidad libre y voluntaria!

¡Por la despenalización del aborto en México, América latina y en todo el mundo!
¡Por una educación sexual para decidir, anticonceptivos gratuitos para no abortar y aborto legal, seguro y gratuito para no morir!
¡Guarderías gratuitas a cargo de la patronal y el Estado en fábricas y establecimientos laborales, durante las 24 horas!.
¡Plenos derechos para las mujeres trabajadoras embarazadas y madres!.
¡Exigimos la separación total y efectiva de la Iglesia y del Estado!
¡No a la esterilización forzada o al aborto impuesto!
¡Estar en contra del aborto no es estar a favor de la vida, sino a favor del aborto clandestino!
¡Otorgamiento de un año con goce de sueldo a mujeres embarazadas, pre y post parto!

1 OMS. 2016. Prevención del aborto peligroso. http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs388/es/