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EL DESTINO SALAVERNA MAZAPIL, ZACATECAS: la condensación del poder.

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Camino a Salaverna. Foto: César Chacón

Grecia Rodríguez*. Es difícil pensar que el capitalismo ofrezca una solución ante los problemas que genera el extractivismo. En el año 2005 empezaba a correr el rumor entre los habitantes y trabajadores de la minera Frisco-Tayahua en Mazapil Zacatecas de que bajo el pueblo de Salaverna, específicamente debajo de la iglesia, se encontraba el yacimiento de cobre más grande de la nación y que Carlos Slim, dueño de la empresa, planeaba hacer un tajo a cielo abierto para extraer todo mineral. Ante la negativa de algunos pobladores a ceder sus terrenos la minera se enfocó en desmantelar uno a uno los posibles frentes de acción y resistencia de la comunidad, tratando de debilitar la organización social, y obteniendo un éxito parcial.

Lo sucedido entre los posesionarios de Salaverna y la minera Frisco-Tayahua representa un fenómeno de dimensiones antagónicas ab origine, dada la naturaleza mineral de la región y las condiciones sociales de pobreza y miseria, la falta de oportunidades reales para los pobladores y el olvido (a conveniencia) de los gobiernos estatal y federal; podemos por tanto observar que la correlación de fuerzas entre el Capital y la comunidad  se repite a lo largo de la historia de la modernidad: El denominado despojo de asentamientos humanos para la expansión y la acumulación del capital. Tomando en cuenta que la relación capital-comunidad se ha caracterizado por el cínico enriquecimiento de las empresas, siendo proporcional al detrimento material de las comunidades en las que se establecen, entonces, a mayor ganancia para Frisco-Tayahua, mayor pobreza para Salaverna.

¿Quién es dueño del suelo y del subsuelo? Frisco-Tayahua en 2007 emprendió la primera ofensiva legal para “ejercer su derecho a explotar los terrenos federales” opacando el derecho de los pobladores a concretar el trámite de sus títulos de propiedad, que hasta la fecha, con datos del Quinto Censo Nacional data de 1930, lo cual indica que existieron asentamientos humanos previamente. La minera alega poseer las escrituras del terreno por 3,584 hectáreas mientras que el grupo de posesionarios (habitantes de la comunidad) hace la solicitud, por el derecho de antigüedad legitimo por más de un siglo, de aproximadamente 4,650 hectáreas.

La minera, por su parte, cuenta con aliados muy poderosos como las instancias gubernamentales que mantienen detenido el proceso legal por la certeza jurí dica como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la SEMARNAT y el gobierno del Estado en su nivel federal, estatal y municipal, el Sistema Geológico Mexicano (SGM), la Secretaría de Economía (SE), Protección Civil (PC), la Cámara de Minería de México (CAMIMEX), la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra, el Gobierno estatal de Miguel Alonso Reyes (Periodo 2010-2016) y ahora el de Alejandro Tello (2017-2023) y el municipal de Vicente Pérez Esquivel (período 2013-2016), en el caso de Salaverna observamos que la relación entre los aliados de Frisco-Tayahua desfavorece a la comunidad.

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Ex escuela de Salaverna, destruida el 23 de diciembre de 2016 en manos del Estado y la minera Frisco- Tahuaya. Foto César Chacón

La lógica capitalista justifica el despojo, recurre siempre a cúpulas regionales del Estado donde necesita instalarse, en aras de la modernidad y el progreso, apelando a prácticas legales e ilegales para obtener sus objetivos, beneficiándose de vacíos legales y abstracciones jurídicas para cimentarse. En el caso de Salaverna cuatro, entre otros tantos, son los acontecimientos que dan cuenta de ello: 1) La eliminación de derechos sociales, políticos y económicos de los pobladores en manos del Estado, 2) permitir y apoyar que la mina opere, incluso cuando en la ley minera existan elementos para detener el funcionamiento hasta que se llegue a un acuerdo con los pobladores, 3) que Servicios Geológicos Mexicanos esté dispuesto a recibir dinero de un particular (Frisco-Tayahua) para hacer un “estudio- diagnóstico” es obvio que el diagnóstico beneficiaría a la minera y 4) el reciente intento de desalojo el 23 de diciembre del 2016 en manos de la fuerza pública y personal de la minera.

Con estos ejemplos se puede entrever que ni al Estado ni a la empresa les interesa el destino de las personas de la comunidad, ni la dignidad humana en su acepción más elemental, sino que la prioridad es la ganancia. Interesante es saber que el tema se convierte en uno más, dentro del entramado de injusticias sociales de las zonas que menos reconocimiento tienen: las rurales. Es esta comunidad la que se enfrenta a una de las fases más devastadoras del capitalismo a través del despojo territorial. El pasado 23 de diciembre del 2016 el gobierno del Estado de Zacatecas cercó a la comunidad de Salaverna Mazapil con el pretexto de “proteger” la integridad física de los habitantes, por la supuesta falla geológica que provocó un hundimiento el 26 de octubre de este año.

La tendencia que podemos observar en el tema del despojo minero es recurrente; todos los días pequeñas comunidades que tienen la maldición del metal en sus suelos son acosadas por las mineras o por el Estado, pese a las tendencias, el grupo encabezado por Don Roberto de la Rosa no se rinde y buscan la certeza jurídica para defender la tierra que los parió. Menciona Don Roberto, “Se menciona que somos un peligro para la región y las mineras, pero nosotros estamos defendiendo nuestro hábitat, la defensa de Salaverna es por los cuatro elementos, estamos en contra de las formas en las que nos quieren imponer el desarrollo y el progreso para unos cuantos.”

La minera, con el desalojo forzado, pretendió doblegar la voluntad de los posesionarios y hacer que escojan entre una casa en Nuevo Salaverna (fraccionamiento hecho en 2010 por la minera para trasladar al poblado) o 750 mil pesos m/n, estas son las opciones para los despojados, pese al ataque psicológico ninguna fracción de la resistencia cayó en la trampa.

Los habitantes de Salaverna estuvieron sin acceso, sitiados por elementos de la policía federal, fueron agredidos física y verbalmente debido a que la minera, de la mano de su fiel aliado, el Estado, violaron las garantías individuales faltando a la Constitución Mexicana, La Ley Minera y los Derechos Humanos. No cabe duda de que el derecho de posesión se convierte en expropiación de la propiedad privada.

Para concluir, quisiera se reflexionaran las siguientes tres observaciones: 1) podría ser que el aliado al que adhirieron los posesionarios, la UNTA (organización campesina de mayor peso en México), tenga la capacidad de fuerza necesaria para representar los intereses del grupo, ya que tiene presencia nacional en 31 estados de la república e internacional en la Federación Sindical Mundial y en la Organización Internacional del Trabajo y pueda presionar al Estado mexicano o a instancias internacionales a que haga valer la ley, 2) parece que el Ejido Mazapil y la minera llegaron a un acuerdo, lo cual implica que la fuerza de la minera se amplía, ni la minera ni el comisariado del ejido se rehusaron a que se llevaran a cabo los trabajos de medición y deslinde, ¿cómo confiar en que el resultado de la medición será benéfico para los posesionarios, si tomamos en cuenta que existen negociaciones previas y ninguno de los enemigos de los posesionarios se opuso a que se llevara a cabo? y 3) ¿no será que la medición y el deslinde puede agilizar el proceso de despojo para Salaverna? Si no es que antes los despoja la minera con la mano en la cintura.

¡La moneda está en el aire y Salaverna Resiste!


*Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas -OCMZac