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4 AÑOS Y SIGUEN DESAPARECIDOS

Ana Odette Morales García

A 4 años de uno de los hechos más violentos de la última década en México, el caso de los 43 normalistas desaparecidos sigue sin esclarecerse y sigue tan vigente como en aquel septiembre del 2014.

El 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco en el 68, el clima de incertidumbre que trae consigo el próximo cambio de gobierno y los recientes atentados por parte de grupos porriles contra estudiantes de CCH Azcapotzalco que se manifestaban en Ciudad Universitaria denunciando la deficiente administración de la directora de este plantel, son recordatorios de que históricamente los estudiantes han sido víctimas de la represión por parte del Estado, y el caso de Ayotzinapa es uno de los más atroces ejemplos de esta represión.

La desaparición de Iguala despertó un movimiento estudiantil como el que no se había visto en casi 15 años. La indignación por estos actos violentos por parte del Estado se expandió a nivel nacional e internacional y la solidaridad con los familiares y compañeros de los normalistas se manifestó en forma de paros laborales acordados en asambleas estudiantiles de varias universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo.

El movimiento estudiantil gestado creció de forma tal que convocó a manifestaciones de más de medio millón de asistentes cuyo mensaje era claro: el gobierno federal buscaba dar carpetazo a la investigación y el pueblo no lo iba a permitir, quería encontrar respuestas sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Estas movilizaciones, a su vez, terminaron en represión policiaca y estudiantes detenidos arbitrariamente tras más episodios violentos en las calles de la Ciudad de México. Dejando claro que el Estado no estaba dispuesto a dialogar.

Cuando la investigación gubernamental prácticamente abandonó el caso después de concluir que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados en un basurero en el municipio de Cocula, la indignación sólo creció más. Sumado a esto, la intervención de un grupo internacional de expertos en Derechos Humanos no encontró ninguna evidencia física que corroborara la “verdad histórica” ofrecida por la Procuraduría General de la República. Además este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denunció el no poder dar una conclusión del caso porque había recibido acosos, evasivas e intimidación por parte del gobierno y medios de comunicación mexicanos.

El gobierno simplemente no quería que se resolviera el caso. La investigación se centró en la complicidad de las autoridades locales. Particularmente José Luis Abarca, quien era presidente municipal de Iguala ese 26 de septiembre de 2014, día que los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos se dirigían a la Ciudad de México para participar de la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Pero Abarca, convencido de que tenían la intención de boicotear el informe de gobierno de su esposa, ordenó a la policía municipal detenerlos, involucrando también a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión del cártel de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, se descubrieron evidencias de que las autoridades estatales y federales, e incluso militares, también estuvieron presentes en la noche en la que se llevó a cabo la matanza a las afueras de la ciudad de Iguala y la desaparición forzada de 43 estudiantes.

Fue el Estado, era lo que denunciaban las movilizaciones convocadas por la organización estudiantil. La cual demostró que mantener indiferente y desinformada a la juventud, y al pueblo en general, es una forma más de represión que tiene el gobierno.

Ayotzinapa fue una de las muchas crisis que vivió la administración de Enrique Peña Nieto y a unos meses de que termine su cargo en la presidencia el movimiento estudiantil que generó esta coyuntura aún no se ha apagado.

La juventud mexicana está despertando y en la búsqueda de sus objetivos no descansará hasta que exista una respuesta por parte del gobierno para conocer dónde están los 43 normalistas desaparecidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

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LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO LA GRAN LECCIÓN DE LOS SISMOS DEL 2017

Genoveva Alemán

En el marco del primer aniversario de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que golpearon fuertemente varios estados de la República Mexicana, aún pueden percibirse las afectaciones y daños en la población, que una vez más, resulta ser en su mayoría la clase trabajadora empobrecida y explotada.

La inercia de la vida cotidiana se impone y parece derrotar aquellos días inmediatos a la tragedia donde el pueblo se volcó a las calles en apoyo solidario a las víctimas, inercia que parece beneficiar al Estado ante su opacidad en la atención a los damnificados, que a un año de distancia continúan sin recibir los apoyos necesarios. Ante ello es necesario retomar la organización del pueblo.

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO REBASA A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
A pocas horas de ocurridos los sismos del 7 y 19 de septiembre, el apoyo y solidaridad del pueblo de México tomó nuevamente el protagonismo, las cadenas humanas estaban compuestas por el pueblo organizándose de forma inmediata y las autoridades quedaron rebasadas, el pueblo salía a las calles desatendiendo las indicaciones de no salir de sus casas, tal y como ocurrió en 1985.

Las primeras manos en remover escombros fueron las de vecinos, amigos, familiares o personas que se encontraban circunstancialmente cerca de los lugares de derrumbes. El apoyo con víveres, medicamentos, ropa y herramientas rebasó por mucho a las autoridades quienes tomaron el control de los puestos de mando y de acopio varios días después de la emergencia inicial, y lo hicieron principalmente para controlar el flujo de civiles y sobretodo, de acciones organizativas de mayor nivel, ya que el pueblo fue quien presionó para que las labores de búsqueda de sobrevivientes o recuperación de cuerpos no cesaran.

Los centros de acopio independientes duplicaron a los oficiales y el traslado de los víveres se realizó en manos de organizaciones y personas independientes ante el total descrédito de las instituciones oficiales para dicha labor, la confianza de la población en sus gobiernos es nula o mínima, de ahí que la organización independiente tomó la fuerza del pueblo salvando al pueblo.

LOS JÓVENES LA MAYOR FUERZA DE LOS EQUIPOS DE VOLUNTARIOS
El papel de los jóvenes fue fundamental en la intervención organizativa de apoyo y solidaridad, mientras algunas voces buscaban imponer el regreso a la normalidad lo más pronto posible, los jóvenes y estudiantes comprendieron el papel histórico que les tocaba desempeñar y decidieron parar sus escuelas para poder insertarse en brigadas de apoyo que se dirigían a las comunidades más afectadas.

El estado minimizó una vez más el poder organizativo del pueblo de México y de los jóvenes que marcaron la pauta de organización y solidaridad, incluso, las autoridades de instituciones educativas como la UNAM pugnaban por el retorno inmediato de los jóvenes a la normalidad, a las aulas, pretendiendo encerrarlos en una realidad de cuatro paredes y que no intervinieran en la realidad de las calles.

LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LOS SUCESOS

Tanto el sismo de 1985 como los de 2017 mostraron una respuesta ineficiente del Estado, la organización del pueblo rebasó las acciones oficiales y sobretodo puso al descubierto la corrupción que pesa en las empresas inmobiliarias, ya que la mayoría de las estructuras que colapsaron en la Ciudad de México presentaban serias irregularidades en su construcción.

Asimismo, el apoyo a los damnificados en estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos fue lento e insuficiente, las denuncias del desvío de los recursos de las donaciones nacionales e internacionales sigue siendo una constante en la población que pone en duda la transparencia de su uso, aunado a las denuncias de viviendas de reconstrucción de mala calidad que presentan daños en sus estructuras.

A un año de los sismos del 2017 aún persisten muchas familias que no han recuperado su hogar y continúan viviendo bajo casas de campaña; decenas de edificios con daños estructurales continúan de pie siendo un riesgo latente para la población. Los procesos de investigación y deslinde de responsabilidades por las estructuras colapsadas en la Ciudad de México son mínimos y no han avanzado, ningún funcionario ha sido sancionado o juzgado, es decir, la corrupción del gobierno y los intereses de particulares se imponen ante las necesidades del pueblo.

En los demás estados la situación no cambia mucho, aún existen damnificados que no han podido recuperar su patrimonio y su vida cotidiana se ha visto seriamente afectada, más aún cuando muchas comunidades padecían desde antes de los sismos condiciones de alta marginación y pobreza que complican más su situación.

RETOMEMOS LAS ENSEÑANZAS DE 1985 Y 2017
La experiencia organizativa ante los sismos debe retomarse para transformarse en espacios más organizados de lucha del pueblo, es decir, rebasar la inmediatez de la emergencia y canalizar de mejor forma demandas que aún siguen pendientes y son fundamentales en apego a la justicia social.

La elaboración de un censo que refleje la cifra real de damnificados que aún existen en el país no puede demorar más, se deben exigir apoyos para quienes perdieron su hogar y no han recibido ayuda, que exista el deslinde real de responsabilidades en construcciones deficientes tanto de las empresas inmobiliarias como de funcionarios de gobierno.

Es necesario estructurar planes de recuperación económica de quienes también perdieron su fuente de trabajo, pero sobretodo, la necesidad de campañas de prevención y políticas públicas encaminadas a proteger a la población ante posibles sismos o desastres que puedan ocurrir, todo esto como petición de buena voluntad al gobierno estará destinado al fracaso, la organización del pueblo en comités de lucha que permita exigir de forma más sistemática estas demandas es el único camino para lograr su resolución, la organización programática del pueblo debe ser nuestra máxima enseñanza y debemos retomarla.

¡NI TRANSICIÓN PACÍFICA, NI OLVIDO, NI RECONCILIACIÓN!

Editorial
Al triunfo de López Obrador para la presidencia de México el pasado 1 de Julio, éste declaró la reconciliación entre los mexicanos como bandera del gobierno entrante, sin embargo para quién o qué sectores va dirigida esta reconciliación. Como lo hemos mencionado anteriormente el gobierno entrante de Obrador se enfrenta a una profunda contradicción por “gobernar para ricos y pobres” esto significa una contradicción entre quienes votaron por él y su morena, y la derecha que se niega a dejar en sus manos el control total del Estado mexicano.

La respuesta de los grupos de poder, que no sólo incluye a los Partidos como el PRI o el PAN sino al conjunto del empresariado nacional y trasnacional mexicano, no se hizo esperar, ante la tentativa de “austeridad” y bajar los salarios de distintos funcionarios, los jueces de la suprema corte fueron los primeros en cerrar filas y declarar sin oportunidad a negociación que sus salarios no bajarían ni un sólo centavo, más tarde el congreso de la unión (con mayoría simple de parte de MORENA) se echó para atrás y no redujo los salarios de los legisladores.

La tan anunciada reconciliación y transición pacífica sólo es una carta que está jugando MORENA y el discurso obradorista, pero que la derecha y el gobierno saliente no está ni siquiera contemplando. Tan fuerte es el compromiso de MORENA con el gobierno saliente que no hubo una crítica profunda al último informe de Peña Nieto, incluso cuando éste se atrevió a declarar que “entregan un país con estabilidad política económica, política y social”, nada más alejado de la realidad, el país que entrega el PRI y los partidos del pacto por México es uno de los más violentos de los últimos años, con una fuerte crisis política e incertidumbre económica.
Pero los reveses de MORENA y AMLO no paran aquí, uno de los más importantes es el espaldazo que se da a los pueblos del estado de México frente al NAICM (Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México), frente a un proyecto inviable por el desastre ecológico y logístico que representa, haciendo caso omiso a expertos y organizaciones sociales. este proyecto se pasará a consulta, una forma muy adecuada de ceder ante las presiones del empresariado y grupos de poder en vez de cancelar el proyecto con todas las de ganar en el congreso o por medio de decreto presidencial.

Los reclamos al próximo presidente de México no se hicieron esperar en otra materia fundamental, la seguridad, así se lo hicieron saber familiares de víctimas de feminicidio en el primer foro para la pacificación organizado en Ciudad Juárez el pasado agosto, para los que buscan justicia por feminicidio, desaparición forzada o ejecución extrajudicial el discurso de perdón y reconciliación simplemente no es posible, los padres y familiares de las víctimas no abandonarán la lucha por Justicia desde Chihuahua hasta Chiapas.

Las contradicciones que el gobierno de centro que Andrés Manuel López Obrador encabezará ya comenzaron a dar consecuencias, y estas contradicciones se profundizarán mientras no se ponga un alto a la derecha, la opción no es negociar con el régimen saliente, éste no está dispuesto a ceder ni un sólo espacio y por el contrario está presto a demostrar su poder en los lugares donde ni siquiera tiene oposición como la SCJN, la respuesta no son las consultas ni la reconciliación, la respuesta está en la organización y movilización de nuestras propias fuerzas, así lo demuestra la increíble movilización estudiantil que se dejó sentir ante la represión del 3 de septiembre ocurrida en Ciudad Universitaria.

El pueblo que votó a MORENA el pasado 1 de julio debe comprender que frente a las presiones de la derecha la respuesta debe ser organizada y movilizada, no puedemos seguir esperando que las cosas cambien desde las estructuras que domina el gobierno entrante, si queremos parar la guerra y los feminicidios será en las calles, si queremos conquistar una universidad democrática, pública y gratuita se logrará organizándonos en nuestros centros de estudio, los legisladores sólo cumplirán la demanda de cortar sus salarios si el pueblo organizado los obliga.

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria convocamos a la población a no permanecer inmóvil frente al gobierno saliente y entrante, para echar abajo las reformas estructurales, y conquistar un gobierno de los explotados y oprimidos de este país.