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LEY PRIVATIZADORA DEL AGUA EN LA CDMX APROBADA, PERO NO PUBLICADA

Eduardo Hernández

La tarde del 24 de noviembre del 2017, fue aprobada la Ley de Sustentabilidad Hídrica, esta iniciativa curiosamente la presenta una diputada panista en una asamblea mayoritariamente Perredista, esta ley ya había sido desechada en febrero de este 2017, y en ese entonces se conoció como “Ley Mancera”, y la diputada Wendy González a iniciativa de las tres poderosas compañías extranjeras que controlan el agua en la Ciudad de México, hacen que la retome meses después. Es así que con 33 votos a favor, 14 en contra (los diputados de morena) y una abstención (diputado de Nueva Alianza: Gabriel Corchado) se aprobó la norma, que sustituye la Ley de Aguas del Distrito Federal de 2003.

DICHA LEY PERJUDICA AL PUEBLO Y BENEFICIA A LAS TRANSNACIONALES
Esta ley de las transnacionales del agua fue aprobada por la mayoría de diputados del PRD, PAN, PRI, PVEM, y Movimiento Ciudadano. Esta norma aprobada abre la puerta a la privatización, por el poder que la misma confiere al Organismo operador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), donde lo más relevante será que una junta de gobierno y un consejo técnico, dirigidos por el director del SACMEX podrán hacer contratos y otorgar concesiones a las compañías privadas casi casi eternos, pues la vigencia de estas concesiones y estos contratos son por más de 25 años, también podrá imponer el sistema tarifario del cobro del agua, sin la obligatoriedad de consensarlo o consultarlo ni con la Asamblea de Representantes ni con el propio Jefe de Gobierno.

SACMEX ENTE HIBRIDO, CON ATRIBUCIONES MÁS ALLÁ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX
El SACMEX cambia su estado jurídico, organizativo y técnico, para convertirse en una poderosa paraestatal, con autonomía financiera y atribuciones de un Organismo Descentralizado, es decir se convierte en un ente público a modo, para defender los intereses y ganancias de estos monopolios extranjeros del agua. Ya Ramón Aguirre durante los 10 años como director del Sistema de Aguas de la Ciudad, ha dado muestras de actuar más como un empresario ávido de ganancias, que como servidor público que resuelva los problemas del agua (desabasto, tandeos, distribución desigual, tarifazos, uso político de la necesidad etc.).

RAMÓN AGUIRRE, UN TECNÓCRATA PELIGROSO
Para los habitantes de la Ciudad de México es muy peligroso que Ramón Aguirre, siga como director de este nuevo ente híbrido, ya que solo responde a los intereses de Suez, Veolia y Gutsa, la urgencia de imponer esta ley es porque el PRD y demás partidos políticos que firmaron el pacto contra México, saben que perderán el gobierno de la ciudad en 2018, por que los ciudadanos están hartos de tarifazos y predialazos, el caos y la inseguridad que han desatado por toda la ciudad al privilegiar sus intereses económicos por sobre una buena planeación de armonía y convivencia en la urbe; la mala planeación, su ambición personal por ganar dinero a costa de lo que sea, aunada a la corrupción desatada serán un lastre y estigma que los ciudadanos les habremos de recordar en las votaciones, no se puede ir por el mundo privatizando todo lo público alegremente, sin que les cobremos la factura, tienen que pagar todo los daños a la sociedad y a la propia ciudad, así como el daño causado al patrimonio familiar de los habitantes de esta noble pero aguerrida capital.

MÁS QUE LEY DE SUSTENTABILIDAD HÍDRICA, ES UNA LEY PUNITIVA
Esta ley es castigadora, y los que no podamos pagar y tengamos dos adeudos consecutivos o salteados, nos cortaran el acceso al agua y también ¡clausurarán el drenaje! (inédito pero cierto, porque así está escrito en esta ley), en clara violación a los artículos, 2, 4, 25, 27 y 28 Constitucionales, por citar algunos, y le daría al SACMEX prácticamente la propiedad de toda el agua que se mueve y existe en la ciudad, para traspasarla a las compañías privadas extranjeras que se enriquecen con nuestros propios recursos naturales.

Ciudadanos vs Pichardo 600 pixeles vf.jpg

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EL INTERNET SE PRIVATIZA, LAS GRANDES EMPRESAS TOMAN EL PODER DE LAS REDES

Julián HR

El Internet se encuentra bajo ataque después de que en diciembre de 2017 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) suspendiera las reglas de neutralidad de red que desde el 2015 obligaban a las grandes empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos a no discriminar los datos que viajan a través de sus redes. Desde ahora los proveedores de servicios de Internet podrán cobrar a los sitios Web por la calidad de servicio que necesiten, además de que tendrán la facultad de bloquear los sitios que quieran, lo que provocará la marginación de aquellos grupos que atenten contra los intereses de estas empresas o que no tengan los recursos suficientes para mantener sus páginas Web.

En sus inicios, el Internet sólo servía a miembros del gobierno de Estados Unidos e instituciones académicas, hasta que en los noventas se crea el sistema de páginas web que hoy en día usamos, lo que provoca un incremento exponencial en el número de usuarios. Con una mayor cantidad de personas usándolo diariamente, su importancia social y económica dio lugar a que se crearan reglas con el fin de que todo el contenido se transmitiera por igual y la comunicación tuviera un estatus igual al de las líneas telefónicas. En diciembre pasado esto último se perdió debido a los intereses de una minoría económica, que de nuevo pone en evidencia la ilusión que es la democracia en un mundo capitalista.

A nivel global un poco más de la mitad de la población tiene acceso al Internet, por lo que el control sobre este medio se ha hecho indispensable. A diferencia de otros medios tradicionales como la imprenta o la televisión, las corporaciones no tienen control directo sobre la comunicación en Internet, lo que ha permitido que en la actualidad sea un medio por el cual las personas adquieren conciencia social y organizan acciones conjuntas.

Por esto mismo, el Internet es prácticamente un espacio público, un lugar en donde se ha posibilitado la resistencia contra las élites nacionales e internacionales, por lo que no es coincidencia el hecho de que ahora se quiera desbaratar este espacio en favor de un sistema escalonado, donde se traiga la marginación económica que existe en nuestra realidad al ciberespacio.

En este esquema se divide el Internet de acuerdo a cuánto dinero se tenga, en donde una mayor cantidad permite que la gente pueda acceder más rápido al sitio Web en cuestión y que en total más gente acceda, debido a que son pocos los que aguantan una conexión lenta. Esto logra que aquellos sin el dinero suficiente para pagar tales velocidades altas se vean silenciados ante los poderosos, igual que ocurre en los medios tradicionales.

La supresión de la neutralidad de red que ocurrió en Estados Unidos, repercutirá en un país atrasado como México que tanto depende del visto bueno de su vecino. Aun así, México tiene el artículo 145 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que establece un número de puntos a favor de la neutralidad de red, aunque siguen pendientes los lineamientos que establecen su operatividad.

El Internet no debe ser pensado como un medio de comunicación más, el hecho de que permita la interacción entre grupos de personas de forma inmediata puede dar lugar a que se use como parte de un proyecto nacional que apodere a la gente y la involucre en las decisiones políticas del país, como lo fue planteado en el proyecto Synco durante el gobierno de Salvador Allende en Chile. De hecho, conforme más gente lo adopte, más será la necesidad de asegurar las condiciones democráticas del medio de comunicación, y ante la negativa de las empresas de telecomunicaciones de acatar las exigencias del pueblo, será inminente la renacionalización de su infraestructura.

SE APRUEBA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO

González Sánchez José Isaías

El día 29 de noviembre del 2017, Enrique Peña Nieto, indicó que la militarización del país y su respaldo jurídico es una “imperiosa necesidad” para el régimen que dirige, declaración que emitió en Coahuila durante la entrega de instalaciones de la 11va brigada de la policía militar en dicho estado. Y más que una mera declaración, su posicionamiento sería el inicio del proceso para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, para el día 30 de noviembre se respaldaría la mencionada ley que sería aprobada por la cámara de diputados, donde votaron a favor los diputados del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, PES, dos diputados del PRD y los llamados diputados rebeldes del PAN. Tras la repentina aprobación de la ley en la cámara de diputados, el coordinador de la bancada priista en tal cámara, César Camacho, declara que “por ningún motivo” interrumpirían la aprobación total de la ley pese a las protestas sociales. La ley que aprobaron los diputados debía ser enviada posteriormente al senado para ser discutida.

Para el 15 de diciembre la propuesta de ley sería enviada a la cámara de senadores, quienes finalmente aprobarían el respaldo jurídico para la militarización. El resolutivo final en la cámara de senadores se dio a las 6:13 am del 15 de diciembre y el mismo día fue enviada a la cámara de diputados, donde en una hora de sesión se aprobó la Ley de Seguridad Interior, finalmente debía ser enviada a Peña Nieto para que la promulgara.

El día 21 de diciembre, Peña Nieto promulga la Ley de Seguridad Interior, en el marco de la 43va sesión del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública. En dicho evento, Peña Nieto declara que la ley, pese a ya ser aprobada, no se emitiría una declaratoria de protección de seguridad interior, donde, Peña Nieto argumenta que esperara a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que dicha ley no es anticonstitucional. No obstante, dicha ley ya esta promulgada, pero aún no se utiliza el recurso jurídico que se otorgó con la aprobación de la LSI, donde en menos de un mes Enrique Peña Nieto aprobó la mencionada ley, utilizando el gran aparato priista en las cámaras de diputados y de senadores.

LA GUERRA DE CALDERÓN Y LA CONTINUACIÓN DEL RÉGIMEN DEL PACTO POR MÉXICO
La acentuada militarización de México se viene desarrollando desde el año 2006, cuando Felipe Calderón asume la presidencia, en el contexto de una crisis de legitimidad de su gobierno debido a los señalamientos de fraude electoral que se enunciaron en su contra. Para el 8 de diciembre del 2006 (solo a 7 días de haber asumido el poder), lanzaría el Operativo de seguridad Michoacán, momento donde levantaría la declaratoria de guerra “contra las drogas”. A partir de ese momento, de forma paulatina y constante, la militarización de la vida cotidiana se volvió una constante en el país. Se aumentaría el índice de desaparición forzada y asesinatos: El INEGI reportaría un total de 121 mil 683 asesinatos violentos, perpetrados del 2007 al 2012; la creciente violencia desplegada en el país es evidente cuando se observa la cifra de homicidios por año, para el 2008 se tendría un total de 14 mil asesinatos, en 2009 la cifra sería mayor al registrar un total de 19 mil 803 homicidios, los años 2010 y 2011 quedaron marcados como el despunte de asesinatos, 2010 se tendría una cifra de 25 mil 757 asesinatos, y en el año siguiente la cifra aumentaría a 27 mil homicidios, siendo el año más violento en el gobierno de Felipe Calderón. Para el último año del sexenio de Calderón la cifra quedaría en 26 mil 37 homicidios.

En el actual gobierno de Peña Nieto la situación de violencia no mejoraría, durante el sexenio del priista se registra un total de 119 mil 261 homicidios, donde el año 2017 será recordado como uno de los más violentos en la historia contemporánea de México: Solo en ese año se registran 29 mil 168 asesinatos, superando el año más violento de Calderón. Curiosamente los años más violentos de los sexenios de Calderón y Peña son 2011 y 2017, en ambos casos son los años previos a la elección presidencial.

La militarización del país no puede ni tiene que entenderse como la “guerra contra el narcotráfico”, el proceso de militarización ha permitido el control de zonas geográficas de gran importancia, como abastecimientos de grandes sitios con recursos naturales y energéticos. La represión sistemática de cualquier disidencia que se le presente al régimen también se ha vuelto norma y ley, desde desapariciones forzadas hasta asesinatos contra defensores de derechos humanos y de territorios, periodistas, estudiantes y mujeres. Además existen evidencias de cómo la estructura del narcotráfico opera paralelamente a las instituciones del estado, como el llamativo caso de Coahuila donde un estudio de la universidad de Texas demuestra, con base en testimonios de ex sicarios del cartel de los Zetas, trabajaban en colaboración con altos funcionarios de gobierno, militares y otras instituciones del Estado.

POCO MARGEN DE MANIOBRA CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, diversas instituciones han realizado un proceso jurídico de anticonstitucionalidad de la ley. Hasta el momento se han promovido un total de nueve amparos de anticonstitucionalidad de la ley, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya rechazo tres amparos de anticonstitucionalidad: Las dos impugnaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de Querétaro, argumentando que la autonomía que revisen los dos organismos son a nivel local y no federal, por tal motivo se rechaza el proceso de anticonstitucionalidad ya que no les corresponde el ámbito donde se promulga la ley, y otro caso más es la impugnación del partido Movimiento Ciudadano, donde la SCJN indicó que los partidos solo pueden apelar leyes electorales. Hasta el 29 de enero la SCJN aceptó seis impugnaciones contra la LSI: Dos controversias legales elaboradas por los municipios de Cholula de Puebla y Parral Chihuahua; además de cuatro amparos de anticonstitucionalidad generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, y por bancadas de senadores y diputados del PAN, Morena y MC.

Hasta el momento los procesos más visibles contra la Ley de Seguridad Interior se han realizado por instituciones del estado y partidos, donde la movilización social, pese a tener en contadas ocasiones resonancia en el debate, se mantiene marginal al igual que las diferentes agrupaciones de izquierda independiente. Todo parece indicar que la consumación de la militarización solo podrá evitarse en la disputa institucional, ya que no existe ningún referente de izquierda a nivel nacional que mantenga una lucha frontal contra la LSI.

NO SOLO LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
La actual lucha contra la militarización del país no debe limitarse a la exigencia de derogar la LSI, además tenemos que plantear el regreso a los cuarteles de los militares y el establecimiento de Comisiones de la Verdad, para que se enjuicien a los altos funcionarios de gobierno y de la alta jerarquía militar; los juicios deben servir para concretar una verdadera justicia en el contexto de la guerra actual en México. La violencia que vivimos no es simplemente la lucha entre cárteles de la droga, es el reacomodo de la geografía nacional donde se están disputando los grandes recursos naturales del país, donde debe cuestionarse la intervención de Estados Unidos con su financiamiento a la guerra contra las drogas, papel que juega el imperialismo norteamericano desde la Iniciativa Mérida.

¡Contra la desmilitarización del país!

¡Comisiones de la Verdad para obtener justicia en el país!

¡Juicios a los altos funcionarios públicos y a la alta jerarquía militar!

¡Eliminación del fuero militar!

¡No a la Ley de Seguridad Interior ni ninguna expresión de militarismo en México!