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18 de Marzo, nada qué celebrar ¡RENACIONALIZACIÓN SIN PAGO DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA EN SU CONJUNTO!

Walter J. Ángel

A 80 años de la expropiación petrolera donde Lázaro Cárdenas lleva a plano Constitucional la lucha de los trabajadores de la industria petrolera, hoy la industria energética se encuentra en su peor momento.

Las promesas con las cuales se comenzó la privatización de la industria energética en 2013, por supuesto no se iban a cumplir. El interés de Enrique Peña Nieto es y seguirá siendo, que las empresas privadas y extranjeras tengan participación en la producción nacional de hidrocarburos y electricidad, principalmente las estadounidenses; favoreciéndose de las inversiones del Estado realizadas por Pemex y la CFE al ser éstas despojadas de sus infraestructura e información estratégica, para otorgarla a precios ridículos a las empresas privadas y extranjeras; condenando la seguridad energética y nacional a los designios del vecino del norte.

En el caso de los hidrocarburos, las actuales “Rondas de Licitaciones” son la fabricación artificial de un mercado, innecesario, que Petróleos Mexicanos venía desarrollando sin ningún problema. Hoy no sólo la plataforma de producción ha caído, sino que se ha cedido áreas con importantes recursos petroleros a las corporaciones, mismas que controlan los recursos y el territorio de forma total; sin la capacidad de que puedan ser fiscalizadas. Además, estás mismas empresas comercializan su producción de hidrocarburos con otra empresa Privada de nombre Trafigura. De esta manera, la comercialización del total de los hidrocarburos de México, es realizada hoy por corporaciones privadas y extranjeras. Después del buen trato entre privados, estos decidirán cuánto pagan de contraprestación al Estado.

Los contratos entregados en estas rondas de licitación, son violatorios de la propia legislación aprobada por el PRI-PAN y posteriormente validada por el PRD en las Leyes Secundarias. La voracidad del negocio de hidrocarburos impide que puedan respetar la legislación que ellos mismos aprobaron. La opacidad detrás de los contratos y la asimetría frente a las asignaciones de Petróleos Mexicanos es evidente.

La competitividad promovida desde el Itam representa el debilitamiento de Pemex y de la CFE para que las empresas Privadas puedan “competir” y crear nuevos monopolios como el de BlackRock en la Ronda 1 o el de Shell en la Licitación 4 de la Ronda 2.

La realidad de la reforma en energética en la apropiación de los hidrocarburos por parte de empresas privadas y extranjeras, para acelerar la producción y exportación de crudo a cambio de contraprestaciones mínimas para el Estado, sin ningún plan ni proyecto superior a la de una república bananera; control territorial y de las reservas estratégicas en energéticos y debilitamiento hasta la quiebra de Petróleos Mexicanos.

En el caso de la petroquímica y la producción de petrolíferos sigue la misma tendencia. Se trata de aumentar las importaciones de combustibles, debilitar el parque de refinación y la capacidad de producción nacional de combustibles; favorecer el mercado de energéticos del vecino del norte (incluido el gas); dar negocio a importadores y expendedores de combustibles, quienes se apropian del diferencial del precio de referencia (Bahía de Houston) y de las variaciones del tipo de cambio peso/dólar, además de recibir estímulos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); seguir el debilitamiento de los complejos petroquímicos y ceder la industria a empresas privadas y extranjeras como Mexichem; rematar los complejos y activos y generar a partir de las inversiones públicas nacionales, una fuerte industria privada.

Las consecuencias de esta política son claras: aumento en los precios de los combustibles y el costo de la vida; una inflación sostenida del 7%; aumento del déficit comercial con Estados Unidos; baja recaudación fiscal por parte de Hacienda en materia de combustibles y por tanto aumento de impuestos en otros rubros; debilitamiento de los ingresos del Estado y una crisis mayor en la economía nacional que está recargada en la exportación y venta de hidrocarburos y en los impuestos a combustibles. Esos son algunos resultados de la Reforma Energética.

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria insistimos que la lucha por la renacionalización sin pago de la industria energética en su conjunto es crucial para el futuro energético nacional, para la soberanía energética y para la seguridad nacional; que debemos expulsar a las transnacionales que se benefician de las inversiones públicas y que comienzan a utilizar tecnologías que comprometen el futuro energético y ambiental de nuestro país. Que cualquier alternativa que no plantee atacar de forma directa al capital no debe estar en el interés de las masas empobrecidas por las reformas.

En ese sentido, llamamos a recuperar las banderas de la renacionalización de la industria y los recursos naturales estratégicos y a expulsar al imperialismo de nuestro país; utilizando a los recursos energéticos como palanca del desarrollo nacional que tenga por inicio la industrialización para romper la profunda dependencia a la que estamos sometidos.

3n1-europapress

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SE APRUEBA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO

González Sánchez José Isaías

El día 29 de noviembre del 2017, Enrique Peña Nieto, indicó que la militarización del país y su respaldo jurídico es una “imperiosa necesidad” para el régimen que dirige, declaración que emitió en Coahuila durante la entrega de instalaciones de la 11va brigada de la policía militar en dicho estado. Y más que una mera declaración, su posicionamiento sería el inicio del proceso para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, para el día 30 de noviembre se respaldaría la mencionada ley que sería aprobada por la cámara de diputados, donde votaron a favor los diputados del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, PES, dos diputados del PRD y los llamados diputados rebeldes del PAN. Tras la repentina aprobación de la ley en la cámara de diputados, el coordinador de la bancada priista en tal cámara, César Camacho, declara que “por ningún motivo” interrumpirían la aprobación total de la ley pese a las protestas sociales. La ley que aprobaron los diputados debía ser enviada posteriormente al senado para ser discutida.

Para el 15 de diciembre la propuesta de ley sería enviada a la cámara de senadores, quienes finalmente aprobarían el respaldo jurídico para la militarización. El resolutivo final en la cámara de senadores se dio a las 6:13 am del 15 de diciembre y el mismo día fue enviada a la cámara de diputados, donde en una hora de sesión se aprobó la Ley de Seguridad Interior, finalmente debía ser enviada a Peña Nieto para que la promulgara.

El día 21 de diciembre, Peña Nieto promulga la Ley de Seguridad Interior, en el marco de la 43va sesión del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública. En dicho evento, Peña Nieto declara que la ley, pese a ya ser aprobada, no se emitiría una declaratoria de protección de seguridad interior, donde, Peña Nieto argumenta que esperara a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que dicha ley no es anticonstitucional. No obstante, dicha ley ya esta promulgada, pero aún no se utiliza el recurso jurídico que se otorgó con la aprobación de la LSI, donde en menos de un mes Enrique Peña Nieto aprobó la mencionada ley, utilizando el gran aparato priista en las cámaras de diputados y de senadores.

LA GUERRA DE CALDERÓN Y LA CONTINUACIÓN DEL RÉGIMEN DEL PACTO POR MÉXICO
La acentuada militarización de México se viene desarrollando desde el año 2006, cuando Felipe Calderón asume la presidencia, en el contexto de una crisis de legitimidad de su gobierno debido a los señalamientos de fraude electoral que se enunciaron en su contra. Para el 8 de diciembre del 2006 (solo a 7 días de haber asumido el poder), lanzaría el Operativo de seguridad Michoacán, momento donde levantaría la declaratoria de guerra “contra las drogas”. A partir de ese momento, de forma paulatina y constante, la militarización de la vida cotidiana se volvió una constante en el país. Se aumentaría el índice de desaparición forzada y asesinatos: El INEGI reportaría un total de 121 mil 683 asesinatos violentos, perpetrados del 2007 al 2012; la creciente violencia desplegada en el país es evidente cuando se observa la cifra de homicidios por año, para el 2008 se tendría un total de 14 mil asesinatos, en 2009 la cifra sería mayor al registrar un total de 19 mil 803 homicidios, los años 2010 y 2011 quedaron marcados como el despunte de asesinatos, 2010 se tendría una cifra de 25 mil 757 asesinatos, y en el año siguiente la cifra aumentaría a 27 mil homicidios, siendo el año más violento en el gobierno de Felipe Calderón. Para el último año del sexenio de Calderón la cifra quedaría en 26 mil 37 homicidios.

En el actual gobierno de Peña Nieto la situación de violencia no mejoraría, durante el sexenio del priista se registra un total de 119 mil 261 homicidios, donde el año 2017 será recordado como uno de los más violentos en la historia contemporánea de México: Solo en ese año se registran 29 mil 168 asesinatos, superando el año más violento de Calderón. Curiosamente los años más violentos de los sexenios de Calderón y Peña son 2011 y 2017, en ambos casos son los años previos a la elección presidencial.

La militarización del país no puede ni tiene que entenderse como la “guerra contra el narcotráfico”, el proceso de militarización ha permitido el control de zonas geográficas de gran importancia, como abastecimientos de grandes sitios con recursos naturales y energéticos. La represión sistemática de cualquier disidencia que se le presente al régimen también se ha vuelto norma y ley, desde desapariciones forzadas hasta asesinatos contra defensores de derechos humanos y de territorios, periodistas, estudiantes y mujeres. Además existen evidencias de cómo la estructura del narcotráfico opera paralelamente a las instituciones del estado, como el llamativo caso de Coahuila donde un estudio de la universidad de Texas demuestra, con base en testimonios de ex sicarios del cartel de los Zetas, trabajaban en colaboración con altos funcionarios de gobierno, militares y otras instituciones del Estado.

POCO MARGEN DE MANIOBRA CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, diversas instituciones han realizado un proceso jurídico de anticonstitucionalidad de la ley. Hasta el momento se han promovido un total de nueve amparos de anticonstitucionalidad de la ley, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya rechazo tres amparos de anticonstitucionalidad: Las dos impugnaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de Querétaro, argumentando que la autonomía que revisen los dos organismos son a nivel local y no federal, por tal motivo se rechaza el proceso de anticonstitucionalidad ya que no les corresponde el ámbito donde se promulga la ley, y otro caso más es la impugnación del partido Movimiento Ciudadano, donde la SCJN indicó que los partidos solo pueden apelar leyes electorales. Hasta el 29 de enero la SCJN aceptó seis impugnaciones contra la LSI: Dos controversias legales elaboradas por los municipios de Cholula de Puebla y Parral Chihuahua; además de cuatro amparos de anticonstitucionalidad generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, y por bancadas de senadores y diputados del PAN, Morena y MC.

Hasta el momento los procesos más visibles contra la Ley de Seguridad Interior se han realizado por instituciones del estado y partidos, donde la movilización social, pese a tener en contadas ocasiones resonancia en el debate, se mantiene marginal al igual que las diferentes agrupaciones de izquierda independiente. Todo parece indicar que la consumación de la militarización solo podrá evitarse en la disputa institucional, ya que no existe ningún referente de izquierda a nivel nacional que mantenga una lucha frontal contra la LSI.

NO SOLO LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
La actual lucha contra la militarización del país no debe limitarse a la exigencia de derogar la LSI, además tenemos que plantear el regreso a los cuarteles de los militares y el establecimiento de Comisiones de la Verdad, para que se enjuicien a los altos funcionarios de gobierno y de la alta jerarquía militar; los juicios deben servir para concretar una verdadera justicia en el contexto de la guerra actual en México. La violencia que vivimos no es simplemente la lucha entre cárteles de la droga, es el reacomodo de la geografía nacional donde se están disputando los grandes recursos naturales del país, donde debe cuestionarse la intervención de Estados Unidos con su financiamiento a la guerra contra las drogas, papel que juega el imperialismo norteamericano desde la Iniciativa Mérida.

¡Contra la desmilitarización del país!

¡Comisiones de la Verdad para obtener justicia en el país!

¡Juicios a los altos funcionarios públicos y a la alta jerarquía militar!

¡Eliminación del fuero militar!

¡No a la Ley de Seguridad Interior ni ninguna expresión de militarismo en México!

LA CARRERA PRESIDENCIAL DEL 2018

¡FORMEMOS UN PROGRAMA DE LOS TRABAJADORES!

Editorial
2018 arranca con una fuerte campaña y gira por todo el país por parte de los precandidatos a presidente de las distintas coaliciones.

El proceso de precandidatura que finaliza el 11 de febrero dará pie para conocer a los candidatos definitivos de los partidos políticos que se disputarán la presidencia de México y el control de la cámara de diputados y senadores. Todo esto en medio de un país conmocionado por fuertes terremotos en septiembre del año pasado, por un aumento insoportable de la inseguridad y por la carestía de la vida.

EL TERREMOTO QUE SACUDIÓ EL TABLERO POLÍTICO
Si bien podemos anotar que los afectados por los distintos terremotos, desde la Ciudad de México hasta Chiapas, pensarán 2 veces su voto, entre los partidos que los apoyaron (si es que lo hicieron) y los que no, lo que sí es seguro son las medidas de compra y coacción para garantizar el voto por un candidato y en esta ocasión aprovechándose de la necesidad de miles de afectados tras el sismo.

También será un año de impunidades, pues ningún funcionario ha sido procesado, ni lo será, por su responsabilidad en las muertes y pérdidas materiales en la CDMX, como Claudia Sheinbaum o Miguel Ángel Mancera, que han tratado de minimizar no sólo el costo político sino la responsabilidad legal en las decenas de inmuebles afectados. Sheimbaum por su parte acude a distintos foros para realizar llamados al jefe de gobierno por ayuda para los damnificados del 19S, olvidando su obligación como jefa delegacional de Tlalpan con los padres de los hijos muertos en el colegio Rébsamen, y así abrirse camino rumbo a la jefatura de gobierno deslindándose de toda culpa; Mancera por otro lado abandonó sus sueños para contender como candidato presidencial pero no para asumir responsabilidad sino aminorar los costos políticos para su partido en la capital.

OBRADOR NO PLANTEA UN CAMBIO RADICAL
López Obrador se posiciona en distintas encuestas como el candidato puntero en los próximos comicios del 1 de julio, con más de 10% frente a Anaya y Meade (El País, 7 febrero).

Y este dato es curioso a 5 meses de las elecciones como primer vistazo a las consecuencias que han tenido las incorporaciones de figuras controversiales a MORENA, como Gabriela Cuevas senadora del PAN (y ahora declarada independiente) quien como diputada local prensentara diversas demandas administrativas y penales cuando Obrador fue jefe de gobierno.

MORENA entonces se ha convertido en el refugio para las ratas que abandonan el barco por undirse, ya que no sólo se han incorporado personalidades sino grupos enteros de bancadas y Obrador los recibe con los brazos abiertos sin un mínimo respeto por la militancia de su partido o con un proceso que restrinja el acceso a “los corruptos”, tal vez esta es la la estrategia con la que el político tabasqueño pretende asegurarse la silla presidencial, además de abandonar cada demandas radicales y ceder más a la política del empresariado nacional y trasnacional.

Cada vez más el Movimiento de Regeneración Nacional se transforma en el movimiento para adquirir el poder y no para luchar contra la injusticia social la “mafia en el poder” nada garantiza el cumplimiento de las demandas más democráticas o sociales del programa de Obrador, toda vez que primero tendrá que lograr la mayoría y el consenso en el congreso.

Pero qué esperar de un movimiento que no se despliega en las calles ante los asesinatos y desapariciones de la “guerra contra el narcotráfico”, contra el feminicidio y el despojo de los recursos naturales. Hoy los militantes y simpatizantes de este movimiento deben evaluar si la lucha electoral está cambiando verdaderamente la situación o sólo ha sido administrado el descontento por figuras que no representan más los intereses de la clase trabajadora en el campo y la ciudad.

POR UN POLO QUE AGLUTINE EL DESCONTENTO SOCIAL
A meses de las elecciones la moneda aún está en el aire, de un lado la continuación del régimen por medio de un fraude o compra del triunfo para Anaya o Meade y por el otro un cambio en las fuerzas de la presidencia y del congreso si gana AMLO, pero debemos preguntarnos qué pasará con el salario, los gasolinazos, la canasta básica y la seguridad con el triunfo de cualquiera de las dos posibilidades más fuertes.
La continuación del régimen representa que la embestida contra los trabajadores seguirá de manera escandalosa y las reformas estructurales se profundizarán en su aplicación, pero la llegada de Obrador a la presidencia tampoco representa la caída de las reformas estructurales para, en sus propias palabras, “refundar al país”.

Su programa no plantea la renacionalización de la industria energética por lo que la construcción de una refinería no representa recuperar una industria que ya no nos pertenece como nación, ahora los recursos como el petróleo son propiedad de empresas trasnacionales
y a menos que la Reforma Energética y lo que represente se reformule en un proyecto de desarrollo social y recupere la propiedad para los mexicanos, la situación no cambiará demasiado.

Hoy la izquierda revolucionaria y el movimiento social deben encontrarse en un polo de lucha y formar un programa que responda a los intereses de los trabajadores, pues el triunfo de cualquier fuerza política representará un reto sea cual sea el desenlace, resistir contra la continuación del régimen o el avance y el cumplimiento de un programa que beneficie a la mayoría empobrecida del país.

La gente que votará por AMLO y la base de MORENA debe entender que la situación no cambia sólo por ganar la presidencia, la gente debe comprender el poder que tiene al organizarse y al estar en las calles, no por nada el ejército con pistola en mano se desplegó durante las primeras horas durante el sismo del 19S en la CDMX, no llegaron con palas a ayudar a la gente llegaron con armas para controlarla.

Debemos obligar a cualquier candidato y fuerza política a generar mejores condiciones en el trabajo, la educación, seguridad y soberanía, y eso sólo será posible si conquistamos nuestra independecia como trabajadores.