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4 AÑOS Y SIGUEN DESAPARECIDOS

Ana Odette Morales García

A 4 años de uno de los hechos más violentos de la última década en México, el caso de los 43 normalistas desaparecidos sigue sin esclarecerse y sigue tan vigente como en aquel septiembre del 2014.

El 50 aniversario de la masacre de Tlatelolco en el 68, el clima de incertidumbre que trae consigo el próximo cambio de gobierno y los recientes atentados por parte de grupos porriles contra estudiantes de CCH Azcapotzalco que se manifestaban en Ciudad Universitaria denunciando la deficiente administración de la directora de este plantel, son recordatorios de que históricamente los estudiantes han sido víctimas de la represión por parte del Estado, y el caso de Ayotzinapa es uno de los más atroces ejemplos de esta represión.

La desaparición de Iguala despertó un movimiento estudiantil como el que no se había visto en casi 15 años. La indignación por estos actos violentos por parte del Estado se expandió a nivel nacional e internacional y la solidaridad con los familiares y compañeros de los normalistas se manifestó en forma de paros laborales acordados en asambleas estudiantiles de varias universidades como la UNAM, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad Autónoma de Chapingo.

El movimiento estudiantil gestado creció de forma tal que convocó a manifestaciones de más de medio millón de asistentes cuyo mensaje era claro: el gobierno federal buscaba dar carpetazo a la investigación y el pueblo no lo iba a permitir, quería encontrar respuestas sobre el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Estas movilizaciones, a su vez, terminaron en represión policiaca y estudiantes detenidos arbitrariamente tras más episodios violentos en las calles de la Ciudad de México. Dejando claro que el Estado no estaba dispuesto a dialogar.

Cuando la investigación gubernamental prácticamente abandonó el caso después de concluir que los estudiantes fueron asesinados y luego quemados en un basurero en el municipio de Cocula, la indignación sólo creció más. Sumado a esto, la intervención de un grupo internacional de expertos en Derechos Humanos no encontró ninguna evidencia física que corroborara la “verdad histórica” ofrecida por la Procuraduría General de la República. Además este Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes denunció el no poder dar una conclusión del caso porque había recibido acosos, evasivas e intimidación por parte del gobierno y medios de comunicación mexicanos.

El gobierno simplemente no quería que se resolviera el caso. La investigación se centró en la complicidad de las autoridades locales. Particularmente José Luis Abarca, quien era presidente municipal de Iguala ese 26 de septiembre de 2014, día que los normalistas rurales de la Escuela Raúl Isidro Burgos se dirigían a la Ciudad de México para participar de la marcha conmemorativa del 2 de octubre. Pero Abarca, convencido de que tenían la intención de boicotear el informe de gobierno de su esposa, ordenó a la policía municipal detenerlos, involucrando también a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos, uno de los subgrupos surgidos a raíz de la implosión del cártel de los Beltrán Leyva.

Sin embargo, se descubrieron evidencias de que las autoridades estatales y federales, e incluso militares, también estuvieron presentes en la noche en la que se llevó a cabo la matanza a las afueras de la ciudad de Iguala y la desaparición forzada de 43 estudiantes.

Fue el Estado, era lo que denunciaban las movilizaciones convocadas por la organización estudiantil. La cual demostró que mantener indiferente y desinformada a la juventud, y al pueblo en general, es una forma más de represión que tiene el gobierno.

Ayotzinapa fue una de las muchas crisis que vivió la administración de Enrique Peña Nieto y a unos meses de que termine su cargo en la presidencia el movimiento estudiantil que generó esta coyuntura aún no se ha apagado.

La juventud mexicana está despertando y en la búsqueda de sus objetivos no descansará hasta que exista una respuesta por parte del gobierno para conocer dónde están los 43 normalistas desaparecidos. Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.

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LA ORGANIZACIÓN DEL PUEBLO LA GRAN LECCIÓN DE LOS SISMOS DEL 2017

Genoveva Alemán

En el marco del primer aniversario de los sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017 que golpearon fuertemente varios estados de la República Mexicana, aún pueden percibirse las afectaciones y daños en la población, que una vez más, resulta ser en su mayoría la clase trabajadora empobrecida y explotada.

La inercia de la vida cotidiana se impone y parece derrotar aquellos días inmediatos a la tragedia donde el pueblo se volcó a las calles en apoyo solidario a las víctimas, inercia que parece beneficiar al Estado ante su opacidad en la atención a los damnificados, que a un año de distancia continúan sin recibir los apoyos necesarios. Ante ello es necesario retomar la organización del pueblo.

LA SOLIDARIDAD DEL PUEBLO REBASA A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO
A pocas horas de ocurridos los sismos del 7 y 19 de septiembre, el apoyo y solidaridad del pueblo de México tomó nuevamente el protagonismo, las cadenas humanas estaban compuestas por el pueblo organizándose de forma inmediata y las autoridades quedaron rebasadas, el pueblo salía a las calles desatendiendo las indicaciones de no salir de sus casas, tal y como ocurrió en 1985.

Las primeras manos en remover escombros fueron las de vecinos, amigos, familiares o personas que se encontraban circunstancialmente cerca de los lugares de derrumbes. El apoyo con víveres, medicamentos, ropa y herramientas rebasó por mucho a las autoridades quienes tomaron el control de los puestos de mando y de acopio varios días después de la emergencia inicial, y lo hicieron principalmente para controlar el flujo de civiles y sobretodo, de acciones organizativas de mayor nivel, ya que el pueblo fue quien presionó para que las labores de búsqueda de sobrevivientes o recuperación de cuerpos no cesaran.

Los centros de acopio independientes duplicaron a los oficiales y el traslado de los víveres se realizó en manos de organizaciones y personas independientes ante el total descrédito de las instituciones oficiales para dicha labor, la confianza de la población en sus gobiernos es nula o mínima, de ahí que la organización independiente tomó la fuerza del pueblo salvando al pueblo.

LOS JÓVENES LA MAYOR FUERZA DE LOS EQUIPOS DE VOLUNTARIOS
El papel de los jóvenes fue fundamental en la intervención organizativa de apoyo y solidaridad, mientras algunas voces buscaban imponer el regreso a la normalidad lo más pronto posible, los jóvenes y estudiantes comprendieron el papel histórico que les tocaba desempeñar y decidieron parar sus escuelas para poder insertarse en brigadas de apoyo que se dirigían a las comunidades más afectadas.

El estado minimizó una vez más el poder organizativo del pueblo de México y de los jóvenes que marcaron la pauta de organización y solidaridad, incluso, las autoridades de instituciones educativas como la UNAM pugnaban por el retorno inmediato de los jóvenes a la normalidad, a las aulas, pretendiendo encerrarlos en una realidad de cuatro paredes y que no intervinieran en la realidad de las calles.

LA CORRUPCIÓN DEL ESTADO FRENTE A LOS SUCESOS

Tanto el sismo de 1985 como los de 2017 mostraron una respuesta ineficiente del Estado, la organización del pueblo rebasó las acciones oficiales y sobretodo puso al descubierto la corrupción que pesa en las empresas inmobiliarias, ya que la mayoría de las estructuras que colapsaron en la Ciudad de México presentaban serias irregularidades en su construcción.

Asimismo, el apoyo a los damnificados en estados como Oaxaca, Chiapas, Puebla y Morelos fue lento e insuficiente, las denuncias del desvío de los recursos de las donaciones nacionales e internacionales sigue siendo una constante en la población que pone en duda la transparencia de su uso, aunado a las denuncias de viviendas de reconstrucción de mala calidad que presentan daños en sus estructuras.

A un año de los sismos del 2017 aún persisten muchas familias que no han recuperado su hogar y continúan viviendo bajo casas de campaña; decenas de edificios con daños estructurales continúan de pie siendo un riesgo latente para la población. Los procesos de investigación y deslinde de responsabilidades por las estructuras colapsadas en la Ciudad de México son mínimos y no han avanzado, ningún funcionario ha sido sancionado o juzgado, es decir, la corrupción del gobierno y los intereses de particulares se imponen ante las necesidades del pueblo.

En los demás estados la situación no cambia mucho, aún existen damnificados que no han podido recuperar su patrimonio y su vida cotidiana se ha visto seriamente afectada, más aún cuando muchas comunidades padecían desde antes de los sismos condiciones de alta marginación y pobreza que complican más su situación.

RETOMEMOS LAS ENSEÑANZAS DE 1985 Y 2017
La experiencia organizativa ante los sismos debe retomarse para transformarse en espacios más organizados de lucha del pueblo, es decir, rebasar la inmediatez de la emergencia y canalizar de mejor forma demandas que aún siguen pendientes y son fundamentales en apego a la justicia social.

La elaboración de un censo que refleje la cifra real de damnificados que aún existen en el país no puede demorar más, se deben exigir apoyos para quienes perdieron su hogar y no han recibido ayuda, que exista el deslinde real de responsabilidades en construcciones deficientes tanto de las empresas inmobiliarias como de funcionarios de gobierno.

Es necesario estructurar planes de recuperación económica de quienes también perdieron su fuente de trabajo, pero sobretodo, la necesidad de campañas de prevención y políticas públicas encaminadas a proteger a la población ante posibles sismos o desastres que puedan ocurrir, todo esto como petición de buena voluntad al gobierno estará destinado al fracaso, la organización del pueblo en comités de lucha que permita exigir de forma más sistemática estas demandas es el único camino para lograr su resolución, la organización programática del pueblo debe ser nuestra máxima enseñanza y debemos retomarla.

18 de Marzo, nada qué celebrar ¡RENACIONALIZACIÓN SIN PAGO DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA EN SU CONJUNTO!

Walter J. Ángel

A 80 años de la expropiación petrolera donde Lázaro Cárdenas lleva a plano Constitucional la lucha de los trabajadores de la industria petrolera, hoy la industria energética se encuentra en su peor momento.

Las promesas con las cuales se comenzó la privatización de la industria energética en 2013, por supuesto no se iban a cumplir. El interés de Enrique Peña Nieto es y seguirá siendo, que las empresas privadas y extranjeras tengan participación en la producción nacional de hidrocarburos y electricidad, principalmente las estadounidenses; favoreciéndose de las inversiones del Estado realizadas por Pemex y la CFE al ser éstas despojadas de sus infraestructura e información estratégica, para otorgarla a precios ridículos a las empresas privadas y extranjeras; condenando la seguridad energética y nacional a los designios del vecino del norte.

En el caso de los hidrocarburos, las actuales “Rondas de Licitaciones” son la fabricación artificial de un mercado, innecesario, que Petróleos Mexicanos venía desarrollando sin ningún problema. Hoy no sólo la plataforma de producción ha caído, sino que se ha cedido áreas con importantes recursos petroleros a las corporaciones, mismas que controlan los recursos y el territorio de forma total; sin la capacidad de que puedan ser fiscalizadas. Además, estás mismas empresas comercializan su producción de hidrocarburos con otra empresa Privada de nombre Trafigura. De esta manera, la comercialización del total de los hidrocarburos de México, es realizada hoy por corporaciones privadas y extranjeras. Después del buen trato entre privados, estos decidirán cuánto pagan de contraprestación al Estado.

Los contratos entregados en estas rondas de licitación, son violatorios de la propia legislación aprobada por el PRI-PAN y posteriormente validada por el PRD en las Leyes Secundarias. La voracidad del negocio de hidrocarburos impide que puedan respetar la legislación que ellos mismos aprobaron. La opacidad detrás de los contratos y la asimetría frente a las asignaciones de Petróleos Mexicanos es evidente.

La competitividad promovida desde el Itam representa el debilitamiento de Pemex y de la CFE para que las empresas Privadas puedan “competir” y crear nuevos monopolios como el de BlackRock en la Ronda 1 o el de Shell en la Licitación 4 de la Ronda 2.

La realidad de la reforma en energética en la apropiación de los hidrocarburos por parte de empresas privadas y extranjeras, para acelerar la producción y exportación de crudo a cambio de contraprestaciones mínimas para el Estado, sin ningún plan ni proyecto superior a la de una república bananera; control territorial y de las reservas estratégicas en energéticos y debilitamiento hasta la quiebra de Petróleos Mexicanos.

En el caso de la petroquímica y la producción de petrolíferos sigue la misma tendencia. Se trata de aumentar las importaciones de combustibles, debilitar el parque de refinación y la capacidad de producción nacional de combustibles; favorecer el mercado de energéticos del vecino del norte (incluido el gas); dar negocio a importadores y expendedores de combustibles, quienes se apropian del diferencial del precio de referencia (Bahía de Houston) y de las variaciones del tipo de cambio peso/dólar, además de recibir estímulos fiscales por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); seguir el debilitamiento de los complejos petroquímicos y ceder la industria a empresas privadas y extranjeras como Mexichem; rematar los complejos y activos y generar a partir de las inversiones públicas nacionales, una fuerte industria privada.

Las consecuencias de esta política son claras: aumento en los precios de los combustibles y el costo de la vida; una inflación sostenida del 7%; aumento del déficit comercial con Estados Unidos; baja recaudación fiscal por parte de Hacienda en materia de combustibles y por tanto aumento de impuestos en otros rubros; debilitamiento de los ingresos del Estado y una crisis mayor en la economía nacional que está recargada en la exportación y venta de hidrocarburos y en los impuestos a combustibles. Esos son algunos resultados de la Reforma Energética.

Desde el Grupo de Acción Revolucionaria insistimos que la lucha por la renacionalización sin pago de la industria energética en su conjunto es crucial para el futuro energético nacional, para la soberanía energética y para la seguridad nacional; que debemos expulsar a las transnacionales que se benefician de las inversiones públicas y que comienzan a utilizar tecnologías que comprometen el futuro energético y ambiental de nuestro país. Que cualquier alternativa que no plantee atacar de forma directa al capital no debe estar en el interés de las masas empobrecidas por las reformas.

En ese sentido, llamamos a recuperar las banderas de la renacionalización de la industria y los recursos naturales estratégicos y a expulsar al imperialismo de nuestro país; utilizando a los recursos energéticos como palanca del desarrollo nacional que tenga por inicio la industrialización para romper la profunda dependencia a la que estamos sometidos.

3n1-europapress