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VIOLENCIA EN LA UNAM

Exclusivo de Internet

Shahin Corona
En los últimos dos meses al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han encontrado tres cuerpos de estudiantes.

El primero fue el de Lesvy Berlín Osorio Martínez, de 22 años de edad, que fue brutalmente asesinada mediante asfixia con el cable de una caseta telefónica en las instalaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de dos hombres: el primero correspondiente a Arturo Darío López, de 20 años, mismo que se encontró en alto grado de descomposición (al parecer se suicidó y los padres al enterarse de la noticia fueron a la SEMEFO a identificar el cuerpo) en las instalaciones de La Cantera de Club Pumas; y el segundo, corresponde al nombre de Víctor Manuel Orihuela, estudiante de la facultad de Odontología que supuestamente fue lanzado desde un edificio de la facultad de filosofía el pasado lunes 12 de junio.

En los tres casos, es alarmante la falta de claridad en los hechos por parte de las autoridades; en relación a Lesvy, de acuerdo con la información que revelan las autoridades universitarias, se revisaron las cintas de cinco cámaras, pero no se tiene certeza aún de los sucedido ya que casualmente el área donde fue abandonado el cuerpo de la joven estaba fuera del alcance de grabación; en el caso de Arturo, las cámaras no pudieron grabar el momento en que ocurrieron los hechos, y en cuanto a Víctor, la familia aún está a la espera de la entrega del video (ya se han revisado tres más, donde sólo se registran las últimas horas de vida de Orihuela) de una cámara ubicada en la biblioteca central. Con lo anterior, es evidente que en los tres casos se repite un patrón de respuesta por parte de las autoridades universitarias: esconder información con tal de no manchar la imagen de la máxima casa de estudios y tratar de hacer lo posible por minimizar los hechos con el fin de que estos pasen desapercibidos para bajar el costo político y su responsabilidad. Ahora resulta que la universidad ha sido elegida en menos de dos meses por tres distintos jóvenes para realizar en sus instalaciones su suicidio.

El hecho de que se puedan perpetrar asesinatos con tanta tranquilidad en las instalaciones de la UNAM, revela el fracaso de las medidas de seguridad represivas policíacas que han implementado las autoridades a lo largo de los años para garantizar “la seguridad” a toda la comunidad universitaria, pues ninguna de éstas sirvieron para evitar la muerte de estos estudiantes, o mínimo, aportar información para esclarecer los casos. Aunado a esto, la política que ha seguido la UNAM de no atender de forma oportuna diversas problemáticas al interior de la universidad como la venta y consumo de drogas en las instalaciones universitarias, ha ocasionado que esta situación llegue a niveles incontrolables.

La comunidad universitaria y su respuesta ante la violencia
La respuesta de los estudiantes de la UNAM ante estos hechos de suma violencia es dividida y contrastante. Por un lado, un sector de la comunidad universitaria cree que la solución está en reforzar las medidas de seguridad implementadas por las autoridades de la UNAM, como la instalación de un mayor número de cámaras vigilantes, botones de auxilio, unidades de auxilio UNAM, patrullas (tanto de vigilancia UNAM como querer la intromisión de las de la policía federal) custodiando entradas al campus y helicópteros sobrevolando ciudad universitaria.

Otro sector no sabe muy bien qué hacer, se encuentra atemorizado debido a que ya ni en su propia universidad se siente seguro, sin embargo sabe que el reforzamiento de las medidas implementadas hasta el momento no son la respuesta, pero es una situación que las autoridades deben de resolver.

Y estamos los que creemos firmemente que las medidas policíacas implementadas a lo largo de los años por las autoridades universitarias no son la solución, ya que están diseñadas para mantener un control hacia los estudiantes y sobre todo hacia aquellos que se organizan y no en erradicar todo tipo de violencia en la universidad. Y esto lo vemos claramente cuando sucede cualquier tipo de violencia dentro de las instalaciones de nuestra casa de estudios, y las cámaras, casualmente, no grabaron, no sirven, estaban en un ”punto ciego”. Se retienen las grabaciones, no se muestran a los familiares que buscan esclarecer los sucesos. Auxilio UNAM solapa a los vendedores de droga, saludándolos y cobrándoles “cuota” para que deambulen con toda tranquilidad; patrullas del mismo auxilio dedicándose sólo a asediar a estudiantes pero haciendo tratos con los narcomenudistas que la UNAM, dijo, “se siente comprometida a combatir”. Y no olvidemos que se menciona por parte del rector Graue, que hay que “abrir un diálogo para procurar la desocupación de nuestros espacios”, con lo que atañe la situación de violencia a la ocupación de espacios estudiantiles. La situación de violencia generalizada y alza de la delincuencia sucede, por supuesto, porque la UNAM no es una burbuja social aislada del contexto que vivimos en todo el país, pero en gran medida es gracias a las arbitrariedades, omisiones e impunidad dentro de la misma casa de estudios.

Consideramos que la seguridad de la universidad la debemos construir todos: los estudiantes, los trabajadores, los académicos; es un imperativo ético y político recuperar una seguridad comunitaria que además de brindar seguridad para todos, también contemple un programa de sensibilización y capacitación para toda la comunidad universitaria acerca de temas de seguridad, violencia y derechos que cada uno de nosotros tenemos, pugnando porque las autoridades dejen de ser omisas y se limiten a ofrecer paliativos protocolos de género como el “He for she”.

Las medidas anteriores se deben de discutir en asambleas por escuela para que se logre hacer partícipe a una gran parte de la comunidad universitaria para que juntos construyamos una universidad segura para todas y todos, libre de violencia, acoso sexual, discriminación y feminicidios y homicidios. Es tarea de cada uno de los estudiantes, profesores, trabajadores y egresados cuestionar las medidas que está tomando el rector Graue y las autoridades de la UNAM para solucionar los hechos de violencia que están pasando en la universidad, ya que no están a la altura de la grave problemática.

El pasado 12 de junio, universidades públicas como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, planteles Iztapalapa y Azcapotzalco) y privadas como la Universidad Iberoamericana, firmaron un protocolo para erradicar la violencia hacia las mujeres y esclarecer los casos ocurridos en dichas instituciones universitarias así como en el país. Es inadmisible que a un mes de que se haya perpetrado un FEMINICIDIO al interior de las instalaciones universitarias, la UNAM no firme este pronunciamiento, y por si fuera poco, las autoridades no han colaborado lo suficiente para que el caso de Lesvy, Darío y Victor se esclarezcan y se obtenga justicia. Cabe mencionar que la situación de violencia dentro de la institución universitaria ya estaba dada, sólo que con estos últimos casos han dado un repunte público de la misma, siendo que la respuesta de las autoridades es siempre la misma: cobijo mediático por hipocresía u omisión descarada.

Debemos de llamar a un debate público a las autoridades de la UNAM para que nos informe de los avances de estos casos, su colaboración y cuáles son las medidas que ha implementado desde que estos casos han ocurrido.

Debemos exigir a la UNAM que haga partícipe a toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones que se están implementando en materia de seguridad a través de mecanismos democráticos como son las asambleas.

Los estudiantes no podemos permitir que se cancelen nuestros derechos de libre tránsito, expresión, organización y participación política en la UNAM bajo su pretexto de garantizar nuestra seguridad.

LA INEXISTENTE SEGURIDAD EN LA UNAM

Ingrid A. Vázquez Zavala Consejera de la carrera de Biblitecología

Claudio A. Todd Chagoya Consejero de la Facultad de Economía

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tuvo un semestre (enero-julio 2017) marcado por la inseguridad, el feminicidio, la aparición de cuerpos y por una falta de explicación de la autoridades universitarias ante hechos tan lamentables. 

Los hechos que detonaron mediáticamente la inseguridad de la UNAM y de CU empezaron con el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio Martínez, de 22 años de edad, que fue brutalmente asesinada mediante asfixia con el cable de una caseta telefónica en las instalaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de dos hombres: el primero correspondiente a Arturo Darío López, de 20 años, mismo que se encontró en alto grado de descomposición en las instalaciones de La Cantera de Club Pumas; y el segundo, corresponde al nombre de Víctor Manuel Orihuela, estudiante de la facultad de Odontología que supuestamente fue lanzado desde un edificio de la facultad de filosofía y letras el pasado lunes 12 de junio.

Sin embargo, la inseguridad dentro de CU tiene todavía más antecedentes: el caso del trabajador asesinado en la Facultad de Química en junio del 2016 y el asesinato a mano armada del estudiante Carlos Sinuhé Cuevas Mejía de la facultad de filosofía y letras en 2011, por sólo mencionar un par de casos. Otro hecho evidente de inseguridad es el narcomenudeo que pulula en las zonas de CU denominadas las islas y los frontones; así como en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 

Los hechos son evidentes: la UNAM en general y CU en particular no son ajenas a la crisis de seguridad que vive el país producto de la crisis económica y social del sistema capitalista. Pero las autoridades universitarias pecan de insensibilidad ante los hechos. Todo lo contrario, ante eventos tan lamentables como los casos de Lesvy, el trabajador de química y el  estudiante de odontología, las autoridades universitarias prefieren mantener la tranquilidad por medio de la falta de información y declaraciones oficiales, quizás con el fin de no manchar con la realidad a la máxima casa de estudios.   

Todos estos hechos son un campo de cultivo para que se den diferentes posiciones ante los hechos de inseguridad. El temor de muchos estudiantes al ser agredidos, asaltados e incluso hasta asesinados han generado cuestionamientos a las autoridades, pero estos no son homogéneos y responden a diferentes intereses. 

Por un lado, tenemos una fracción de la comunidad universitaria que acepta el paradigma dominante de seguridad; incluso exige su aumento y cumplimiento cabal. El paradigma dominante de seguridad se basa en la vigilancia constante por parte de autoridades, grupos policiacos, cámaras de vídeo y medidas represivas; así como la idea supuesta de que al tener mayor policía mejor sería la seguridad. Inclusive, los sectores más reaccionarios se levantan a favor de la entrada de la policía a las instalaciones universitarias, como si eso fuese a solucionar el problema.  

Esta posición a pesar de ser exigente en el tema de seguridad a las autoridades universitarias, en realidad es la que más la favorece. En primer lugar, porque se acepta que la responsabilidad de la seguridad viene desde arriba, es decir, desde la rectoría. Inclusive este órgano de gobierno cada día aumenta el número de cámaras de videovigilancia y medidas como restringir los accesos a los espacios universitarios. 

Por ejemplo,  el boletín emitido por la UNAM (http://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2017_327.html) que da a conocer sus 10 medidas frente a la inseguridad, las cuales no son nada innovadoras, más bien reafirman que la idea de seguridad en la UNAM es la del paradigma dominante. Las autoridades universitarias, como buena estructura burocrática, se encuentra cerrada ante cualquier oposición que afirme  el fallo y la insuficiencia de sus medidas policiacas y de vigilancia constante están fallando; mientras, el desmantelamiento del tejido social debido a la crisis capitalista aumenta y se refleja en CU. La máxima casa de estudios no tiene una propuesta para rearmar el tejido social, ni dentro de la UNAM y mucho menos para el país; y los lazos de convivencia entre estudiantes, maestros y trabajadores.  Otra serie de sectores de compañeras y compañeros, como el Grupo de Acción Revolucionaria (GAR), mantenemos una posición crítica ante el ya mencionado paradigma de la seguridad.

Denunciamos contundentemente que la implementación de medidas policiacas y de vigilancia son insuficientes, así lo prueban los hechos que mencionamos al principio de este artículo. Estas medidas son a conveniencia del poderío que ejercen las autoridades y la alta burocracia universitaria; las cuales reafirman su poder y sus intereses minoritarios.  La falta de una propuesta que fortalezca los lazos de convivencia entre estudiantes, maestros y trabajadores no es simplemente por falta de visión de las autoridades universitarias, sino porque atenta sus intereses como grupo de poder.  Poe ello, una propuesta de seguridad fuera del paradigma dominante, en realidad sólo podrá ser generada en espacios de discusión y organización de los tres sectores que conforman la comunidad universitaria. Para ello, se debe discutir una propuesta donde la seguridad se tome como un tema de convencía social y de organización de la base estudiantil, magisterial y de trabajadores. 

También cabe señalar que la Universidad debe regresar a su cometido histórico como generadora de propuestas en beneficio del pueblo trabajador; para así diseñar medidas que acaben con la severa crisis económica y social que atraviesa el país en particular. Sólo esto hará que el ambiente de inseguridad se diluya.