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LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS REJAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA, UNA UNIVERSIDAD INSEGURA PARA SU COMUNIDAD

PRONUNCIAMIENTO PARA EL FORO DE SEGURIDAD EN INGENIERÍA EL 9 DE FEBRERO POR LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA
El día 29 de enero de 2018 la comunidad universitaria volvió a ser víctima de un hecho violento dentro de CU; del mismo modo que en las ocasiones pasadas los funcionarios universitarios lucieron por su ausencia. La situación transcurrió de la siguiente forma:

1. Alrededor de las 13:45 horas fuimos alertados sobre una detonación con arma de fuego realizada en el acceso del Anexo de la Facultad de Ingeniería que da hacia la zona de los frontones de Ciudad Universitaria.

2. No fue una balacera, fue un disparo hecho con arma de fuego que provocó que un grupo reducido de estudiantes y trabajadores que se encontraba en la zona, se refugiara dentro del Anexo, en los edificios aledaños, todos entrados en pánico y desconcierto.

3. También se pudo observar que tras realizada la detonación, un grupo de hombres corrió hacia el metro Copilco; de estos últimos, según testigos, salió el disparo.

4. Asimismo otro grupo de hombres desconocidos permaneció en el punto de donde provino el disparo bajo la consigna “hay que esperarlos güey, tienen que regresar”.

5. Auxilio UNAM nunca se presentó en el lugar dónde sucedió el incidente, pese a que fue reportado por varios compañeros y compañeras en los minutos siguientes a los hechos.

6. Este nuevo incidente se da en el marco de la reciente instalación de torniquetes para restringir el acceso a la zona de canchas y frontones de Ciudad Universitaria.

7. A partir de la restricción del acceso a la zona en cuestión, es más que claro que la gente que ahí opera, está cada vez más cerca de los espacios de concentración estudiantil. Pero no ha abandonado el campus y no tiene la más mínima intención de hacerlo.

8. Lo anterior demuestra que la restricción de los espacios en Ciudad Universitaria, la solicitud de credenciales y el enrejado del campus, está muy lejos de acabar con el problema que supuestamente pretendía resolver.

9. Por el contrario, la persistencia de las redes de narcomenudeo es producto de un esquema permisivo y de la incapacidad de las autoridades universitarias por imponer una solución y acabar, de una vez por todas, con este problema que cada vez se acerca peligrosamente más al conjunto de la comunidad universitaria y, concretamente, a la comunidad de la Facultad de Ingeniería.

10. Pese a lo acontecido y que nos percatamos que había sido de conocimiento de las autoridades de la Facultad, las actividades siguieron como se habían desarrollado durante el día. No se estableció protocolo de emergencia alguno.

11. Algunos compañeros y compañeras de la Facultad de Ciencias también conocieron de los hechos y alertaron en su facultad, sin embargo no ocurrió acción mayor por parte de las autoridades centrales de la UNAM.

12. Por nuestra parte desalojamos nuestro espacio de reunión y nos dirigimos hacia el metro Universidad junto con otro grupo de estudiantes que buscaba protegerse del incidente. Exigimos a las autoridades de la Universidad Nacional que asuman su responsabilidad con la comunidad Universitaria. El problema que envuelve lo que venía ocurriendo en la zona de frontones y el narcomenudeo en Ciudad Universitaria está tomando tintes muy riesgosos para todos los que asistimos a Ciudad Universitaria. Ni siquiera han tomado frontalmente el problema.

Está más que demostrado que las acciones restrictivas que impusieron las autoridades universitarias no sólo no están funcionando, sino que están exponiendo aún más a la comunidad a situaciones como las que se vivieron este lunes 29 de enero. La seguridad no es sinónimo de control y los funcionarios de gobierno universitario han optado por lo segundo simulando lo primero.

Ante esta situación adversa, hacemos un llamado a la comunidad universitaria a participar en el foro de seguridad que se realizará este viernes 9 de febrero de 2018 a las 16:00 hrs. En el edificio K del Anexo de la Facultad de Ingeniería, con el fin de informarnos y discutir las posibles acciones a realizar para afrontar este grave problema.

¡No queremos más violencia ni situaciones de riesgo en Ciudad Universitaria!

¡No queremos otro asesinato en las instalaciones del campus!

¡Solución inmediata a la crisis de inseguridad que se vive al interior del campus de Ciudad Universitaria!

Estudiantes de diferentes ingenierías y licenciaturas universitarias agrupados en el Cubículo Estudiantil del Anexo de la Facultad de Ingeniería de la UNAM – GAR

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SE APRUEBA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR EN MÉXICO

González Sánchez José Isaías

El día 29 de noviembre del 2017, Enrique Peña Nieto, indicó que la militarización del país y su respaldo jurídico es una “imperiosa necesidad” para el régimen que dirige, declaración que emitió en Coahuila durante la entrega de instalaciones de la 11va brigada de la policía militar en dicho estado. Y más que una mera declaración, su posicionamiento sería el inicio del proceso para la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, para el día 30 de noviembre se respaldaría la mencionada ley que sería aprobada por la cámara de diputados, donde votaron a favor los diputados del PRI, Partido Verde, Nueva Alianza, PES, dos diputados del PRD y los llamados diputados rebeldes del PAN. Tras la repentina aprobación de la ley en la cámara de diputados, el coordinador de la bancada priista en tal cámara, César Camacho, declara que “por ningún motivo” interrumpirían la aprobación total de la ley pese a las protestas sociales. La ley que aprobaron los diputados debía ser enviada posteriormente al senado para ser discutida.

Para el 15 de diciembre la propuesta de ley sería enviada a la cámara de senadores, quienes finalmente aprobarían el respaldo jurídico para la militarización. El resolutivo final en la cámara de senadores se dio a las 6:13 am del 15 de diciembre y el mismo día fue enviada a la cámara de diputados, donde en una hora de sesión se aprobó la Ley de Seguridad Interior, finalmente debía ser enviada a Peña Nieto para que la promulgara.

El día 21 de diciembre, Peña Nieto promulga la Ley de Seguridad Interior, en el marco de la 43va sesión del Consejo de Seguridad Nacional de Seguridad Pública. En dicho evento, Peña Nieto declara que la ley, pese a ya ser aprobada, no se emitiría una declaratoria de protección de seguridad interior, donde, Peña Nieto argumenta que esperara a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva que dicha ley no es anticonstitucional. No obstante, dicha ley ya esta promulgada, pero aún no se utiliza el recurso jurídico que se otorgó con la aprobación de la LSI, donde en menos de un mes Enrique Peña Nieto aprobó la mencionada ley, utilizando el gran aparato priista en las cámaras de diputados y de senadores.

LA GUERRA DE CALDERÓN Y LA CONTINUACIÓN DEL RÉGIMEN DEL PACTO POR MÉXICO
La acentuada militarización de México se viene desarrollando desde el año 2006, cuando Felipe Calderón asume la presidencia, en el contexto de una crisis de legitimidad de su gobierno debido a los señalamientos de fraude electoral que se enunciaron en su contra. Para el 8 de diciembre del 2006 (solo a 7 días de haber asumido el poder), lanzaría el Operativo de seguridad Michoacán, momento donde levantaría la declaratoria de guerra “contra las drogas”. A partir de ese momento, de forma paulatina y constante, la militarización de la vida cotidiana se volvió una constante en el país. Se aumentaría el índice de desaparición forzada y asesinatos: El INEGI reportaría un total de 121 mil 683 asesinatos violentos, perpetrados del 2007 al 2012; la creciente violencia desplegada en el país es evidente cuando se observa la cifra de homicidios por año, para el 2008 se tendría un total de 14 mil asesinatos, en 2009 la cifra sería mayor al registrar un total de 19 mil 803 homicidios, los años 2010 y 2011 quedaron marcados como el despunte de asesinatos, 2010 se tendría una cifra de 25 mil 757 asesinatos, y en el año siguiente la cifra aumentaría a 27 mil homicidios, siendo el año más violento en el gobierno de Felipe Calderón. Para el último año del sexenio de Calderón la cifra quedaría en 26 mil 37 homicidios.

En el actual gobierno de Peña Nieto la situación de violencia no mejoraría, durante el sexenio del priista se registra un total de 119 mil 261 homicidios, donde el año 2017 será recordado como uno de los más violentos en la historia contemporánea de México: Solo en ese año se registran 29 mil 168 asesinatos, superando el año más violento de Calderón. Curiosamente los años más violentos de los sexenios de Calderón y Peña son 2011 y 2017, en ambos casos son los años previos a la elección presidencial.

La militarización del país no puede ni tiene que entenderse como la “guerra contra el narcotráfico”, el proceso de militarización ha permitido el control de zonas geográficas de gran importancia, como abastecimientos de grandes sitios con recursos naturales y energéticos. La represión sistemática de cualquier disidencia que se le presente al régimen también se ha vuelto norma y ley, desde desapariciones forzadas hasta asesinatos contra defensores de derechos humanos y de territorios, periodistas, estudiantes y mujeres. Además existen evidencias de cómo la estructura del narcotráfico opera paralelamente a las instituciones del estado, como el llamativo caso de Coahuila donde un estudio de la universidad de Texas demuestra, con base en testimonios de ex sicarios del cartel de los Zetas, trabajaban en colaboración con altos funcionarios de gobierno, militares y otras instituciones del Estado.

POCO MARGEN DE MANIOBRA CONTRA LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
Ante la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, diversas instituciones han realizado un proceso jurídico de anticonstitucionalidad de la ley. Hasta el momento se han promovido un total de nueve amparos de anticonstitucionalidad de la ley, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya rechazo tres amparos de anticonstitucionalidad: Las dos impugnaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y de Querétaro, argumentando que la autonomía que revisen los dos organismos son a nivel local y no federal, por tal motivo se rechaza el proceso de anticonstitucionalidad ya que no les corresponde el ámbito donde se promulga la ley, y otro caso más es la impugnación del partido Movimiento Ciudadano, donde la SCJN indicó que los partidos solo pueden apelar leyes electorales. Hasta el 29 de enero la SCJN aceptó seis impugnaciones contra la LSI: Dos controversias legales elaboradas por los municipios de Cholula de Puebla y Parral Chihuahua; además de cuatro amparos de anticonstitucionalidad generadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INAI, y por bancadas de senadores y diputados del PAN, Morena y MC.

Hasta el momento los procesos más visibles contra la Ley de Seguridad Interior se han realizado por instituciones del estado y partidos, donde la movilización social, pese a tener en contadas ocasiones resonancia en el debate, se mantiene marginal al igual que las diferentes agrupaciones de izquierda independiente. Todo parece indicar que la consumación de la militarización solo podrá evitarse en la disputa institucional, ya que no existe ningún referente de izquierda a nivel nacional que mantenga una lucha frontal contra la LSI.

NO SOLO LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR
La actual lucha contra la militarización del país no debe limitarse a la exigencia de derogar la LSI, además tenemos que plantear el regreso a los cuarteles de los militares y el establecimiento de Comisiones de la Verdad, para que se enjuicien a los altos funcionarios de gobierno y de la alta jerarquía militar; los juicios deben servir para concretar una verdadera justicia en el contexto de la guerra actual en México. La violencia que vivimos no es simplemente la lucha entre cárteles de la droga, es el reacomodo de la geografía nacional donde se están disputando los grandes recursos naturales del país, donde debe cuestionarse la intervención de Estados Unidos con su financiamiento a la guerra contra las drogas, papel que juega el imperialismo norteamericano desde la Iniciativa Mérida.

¡Contra la desmilitarización del país!

¡Comisiones de la Verdad para obtener justicia en el país!

¡Juicios a los altos funcionarios públicos y a la alta jerarquía militar!

¡Eliminación del fuero militar!

¡No a la Ley de Seguridad Interior ni ninguna expresión de militarismo en México!

VIOLENCIA EN LA UNAM

Exclusivo de Internet

Shahin Corona
En los últimos dos meses al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han encontrado tres cuerpos de estudiantes.

El primero fue el de Lesvy Berlín Osorio Martínez, de 22 años de edad, que fue brutalmente asesinada mediante asfixia con el cable de una caseta telefónica en las instalaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de dos hombres: el primero correspondiente a Arturo Darío López, de 20 años, mismo que se encontró en alto grado de descomposición (al parecer se suicidó y los padres al enterarse de la noticia fueron a la SEMEFO a identificar el cuerpo) en las instalaciones de La Cantera de Club Pumas; y el segundo, corresponde al nombre de Víctor Manuel Orihuela, estudiante de la facultad de Odontología que supuestamente fue lanzado desde un edificio de la facultad de filosofía el pasado lunes 12 de junio.

En los tres casos, es alarmante la falta de claridad en los hechos por parte de las autoridades; en relación a Lesvy, de acuerdo con la información que revelan las autoridades universitarias, se revisaron las cintas de cinco cámaras, pero no se tiene certeza aún de los sucedido ya que casualmente el área donde fue abandonado el cuerpo de la joven estaba fuera del alcance de grabación; en el caso de Arturo, las cámaras no pudieron grabar el momento en que ocurrieron los hechos, y en cuanto a Víctor, la familia aún está a la espera de la entrega del video (ya se han revisado tres más, donde sólo se registran las últimas horas de vida de Orihuela) de una cámara ubicada en la biblioteca central. Con lo anterior, es evidente que en los tres casos se repite un patrón de respuesta por parte de las autoridades universitarias: esconder información con tal de no manchar la imagen de la máxima casa de estudios y tratar de hacer lo posible por minimizar los hechos con el fin de que estos pasen desapercibidos para bajar el costo político y su responsabilidad. Ahora resulta que la universidad ha sido elegida en menos de dos meses por tres distintos jóvenes para realizar en sus instalaciones su suicidio.

El hecho de que se puedan perpetrar asesinatos con tanta tranquilidad en las instalaciones de la UNAM, revela el fracaso de las medidas de seguridad represivas policíacas que han implementado las autoridades a lo largo de los años para garantizar “la seguridad” a toda la comunidad universitaria, pues ninguna de éstas sirvieron para evitar la muerte de estos estudiantes, o mínimo, aportar información para esclarecer los casos. Aunado a esto, la política que ha seguido la UNAM de no atender de forma oportuna diversas problemáticas al interior de la universidad como la venta y consumo de drogas en las instalaciones universitarias, ha ocasionado que esta situación llegue a niveles incontrolables.

La comunidad universitaria y su respuesta ante la violencia
La respuesta de los estudiantes de la UNAM ante estos hechos de suma violencia es dividida y contrastante. Por un lado, un sector de la comunidad universitaria cree que la solución está en reforzar las medidas de seguridad implementadas por las autoridades de la UNAM, como la instalación de un mayor número de cámaras vigilantes, botones de auxilio, unidades de auxilio UNAM, patrullas (tanto de vigilancia UNAM como querer la intromisión de las de la policía federal) custodiando entradas al campus y helicópteros sobrevolando ciudad universitaria.

Otro sector no sabe muy bien qué hacer, se encuentra atemorizado debido a que ya ni en su propia universidad se siente seguro, sin embargo sabe que el reforzamiento de las medidas implementadas hasta el momento no son la respuesta, pero es una situación que las autoridades deben de resolver.

Y estamos los que creemos firmemente que las medidas policíacas implementadas a lo largo de los años por las autoridades universitarias no son la solución, ya que están diseñadas para mantener un control hacia los estudiantes y sobre todo hacia aquellos que se organizan y no en erradicar todo tipo de violencia en la universidad. Y esto lo vemos claramente cuando sucede cualquier tipo de violencia dentro de las instalaciones de nuestra casa de estudios, y las cámaras, casualmente, no grabaron, no sirven, estaban en un ”punto ciego”. Se retienen las grabaciones, no se muestran a los familiares que buscan esclarecer los sucesos. Auxilio UNAM solapa a los vendedores de droga, saludándolos y cobrándoles “cuota” para que deambulen con toda tranquilidad; patrullas del mismo auxilio dedicándose sólo a asediar a estudiantes pero haciendo tratos con los narcomenudistas que la UNAM, dijo, “se siente comprometida a combatir”. Y no olvidemos que se menciona por parte del rector Graue, que hay que “abrir un diálogo para procurar la desocupación de nuestros espacios”, con lo que atañe la situación de violencia a la ocupación de espacios estudiantiles. La situación de violencia generalizada y alza de la delincuencia sucede, por supuesto, porque la UNAM no es una burbuja social aislada del contexto que vivimos en todo el país, pero en gran medida es gracias a las arbitrariedades, omisiones e impunidad dentro de la misma casa de estudios.

Consideramos que la seguridad de la universidad la debemos construir todos: los estudiantes, los trabajadores, los académicos; es un imperativo ético y político recuperar una seguridad comunitaria que además de brindar seguridad para todos, también contemple un programa de sensibilización y capacitación para toda la comunidad universitaria acerca de temas de seguridad, violencia y derechos que cada uno de nosotros tenemos, pugnando porque las autoridades dejen de ser omisas y se limiten a ofrecer paliativos protocolos de género como el “He for she”.

Las medidas anteriores se deben de discutir en asambleas por escuela para que se logre hacer partícipe a una gran parte de la comunidad universitaria para que juntos construyamos una universidad segura para todas y todos, libre de violencia, acoso sexual, discriminación y feminicidios y homicidios. Es tarea de cada uno de los estudiantes, profesores, trabajadores y egresados cuestionar las medidas que está tomando el rector Graue y las autoridades de la UNAM para solucionar los hechos de violencia que están pasando en la universidad, ya que no están a la altura de la grave problemática.

El pasado 12 de junio, universidades públicas como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, planteles Iztapalapa y Azcapotzalco) y privadas como la Universidad Iberoamericana, firmaron un protocolo para erradicar la violencia hacia las mujeres y esclarecer los casos ocurridos en dichas instituciones universitarias así como en el país. Es inadmisible que a un mes de que se haya perpetrado un FEMINICIDIO al interior de las instalaciones universitarias, la UNAM no firme este pronunciamiento, y por si fuera poco, las autoridades no han colaborado lo suficiente para que el caso de Lesvy, Darío y Victor se esclarezcan y se obtenga justicia. Cabe mencionar que la situación de violencia dentro de la institución universitaria ya estaba dada, sólo que con estos últimos casos han dado un repunte público de la misma, siendo que la respuesta de las autoridades es siempre la misma: cobijo mediático por hipocresía u omisión descarada.

Debemos de llamar a un debate público a las autoridades de la UNAM para que nos informe de los avances de estos casos, su colaboración y cuáles son las medidas que ha implementado desde que estos casos han ocurrido.

Debemos exigir a la UNAM que haga partícipe a toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones que se están implementando en materia de seguridad a través de mecanismos democráticos como son las asambleas.

Los estudiantes no podemos permitir que se cancelen nuestros derechos de libre tránsito, expresión, organización y participación política en la UNAM bajo su pretexto de garantizar nuestra seguridad.