Archivo de la etiqueta: Violencia

DEBATES Y ESTRATEGIAS DEL MOVIMIENTO DE MUJERES

Shahin Corona

Sin duda estos últimos años se caracterizan por un gran avance en el movimiento de mujeres a nivel internacional, desde las movilizaciones de Ni Una Menos en Argentina, que tuvieron eco en varios países de Latinoamérica, las movilizaciones en Polonia en contra de Leyes prohibitivas del aborto y derechos reproductivos de las mujeres, hasta la gran marcha de las mujeres en Estados Unidos, donde compañeras se movilizaron de forma multitudinaria para enfrentar al recién llegado Donald Trump con sus políticas misóginas y xenófobas bajo el brazo, en el segundo día de su mandato. Esta movilización fue el antecedente directo del gran paro internacional de mujeres en distintos países el pasado 8 de marzo.

También el movimiento de mujeres ha estado presente en las redes sociales, incluso ha sido punto de partida para organizar movilizaciones en diversos países; un ejemplo reciente es el movimiento #metoo que se desató en octubre pasado en Estados Unidos, después de las denuncias públicas de abusos sexual en contra del productor de cine Harvey Weinstein y distintos personajes de la industria cinematográfica, que culminó en los pasados Golden Globe en el que diversas actrices denunciaron el acoso que han padecido en su recorrido por Hollywood y en pro de los derechos de las mujeres.

Este último evento tuvo eco en varios países a varios niveles e incluso generó respuesta por parte de las actrices francesas que, entre otras cosas, tacharon como “puritano” al movimiento me too.

Como una acción espejo, en México al día siguiente del comunicado de las francesas, en un canal de televisión nacional se debatieron Martha Lamas y Catalina Ruiz Navarro. El resultado de este debate generó indignación en las redes sociales debido a que Lamas justificó, con ciertos bemoles, a la posición de las actrices francesas, sumándose a la condena al “puritanismo” occidental.

Sin embargo el debate entre Lamas y Ruiz Navarro está muy lejos de la realidad que viven miles de mexicanas viven en el Estado de México, Puebla, Ciudad Juárez; a pesar de ello este debate abre un escenario de acción para todas las mujeres que antes de esta coyuntura ya nos encontrábamos trabajando en las calles, en las escuelas y centros de trabajo en contra de la violencia hacia las mujeres.

Es importante que aprovechemos este momento para debatir con el conjunto de la sociedad que no quiere enterarse o tomar conciencia de la violencia que viven a diario las mujeres en nuestro país, así como apoyar a las mujeres que viven violencia para que alcen la voz, sin sentirnos responsables por la violencia que vivimos.

En Rosas Rojas consideramos que el verdadero debate no se encuentra en si se debe o no hacer una denuncia pública del acoso, maltrato o violencia que vivimos las mujeres, si no en las perspectivas y estrategias que se deben seguir, para cada día ir ganando más conquistas y terreno en la perspectiva de construir un gran movimiento de mujeres a nivel nacional e internacional que ponga sobre la lona al binomio patriarcado-capital.

Hoy este movimiento es disruptivo de una visión parcial del problema, con nociones como el de una relación profundamente violenta entre los sexos, revestida de y justificada por el “amor romántico” y normalizada a través de distintas instituciones como la familia, la iglesia, y todo el sistema patriarcal, donde los casos mencionados más arriba se adscriben a una visión moralista del problema de la violencia hacia la mujer, haciéndose así imprescindible ampliar el panorama de debate sobre la causa y solución a dicha violencia. De la misma manera, casos como el movimiento sufragista, donde la visión moralista emanada de las estructuras familiares, morales e institucionales negaba derechos a las mujeres, rompió una visión cultural hegemónica de que la mujer no tenía derecho al voto, ni a la representación política ni a ser elegida como representante política.

Desde nuestra perspectiva el movimiento de mujeres actual tiene la conquista histórica de dar a conocer de manera pública y masiva que las mujeres estamos hartas de la violencia, del acoso en las calles, en el trabajo, en la escuela y que no la vamos a tolerar más; que realizaremos acciones para garantizar que la situación actual cambie.

En diversos sectores, este movimiento ha creado controversia por utilizar a su favor las redes sociales y los medios al alcance para realizar denuncias públicas; sin embargo esto es reflejo de que los medios “convencionales” como las instituciones de justicia, son ineficaces para realizar éstas, ya que no garantizan que se actúe en lo inmediato frente a la violencia y así acceder a la justicia.

El gran debate y reto está en cuáles serán las estrategias, acciones y perspectivas que debe de tomar el movimiento de mujeres en conjunto para capitalizar todo el descontento y hartazgo que impera para avanzar en nuestras conquistas.

Desde Rosas Rojas sostenemos que es importante levantar un programa político común que busque, por un lado, evidenciar en todo momento la vinculación directa del Estado y el gobierno por omisión y comisión en la actual situación de violencia que vive México, con situaciones tan preocupantes por el incremento y constancia de desapariciones, feminicidios y trata de niñas y mujeres con fines de explotación sexual en todo el territorio nacional. Es fundamental buscar a los responsables políticos de que nuestro país sea una fosa común en donde se puede perpetrar el asesinato de 7 mujeres al día y no pasa nada; de que se encubra a los culpables, se responsabilicen a las víctimas y se crean “verdades históricas” que buscan disminuir el costo político de la cruda violencia que se está viviendo en México. Es indispensable evidenciar el papel del Estado frente a esta situación.

Este programa debe llamar a la organización y movilización independiente de las mujeres para exigir una vida libre de violencia y alto a los feminicidios. Este programa debe ser el mecanismo de aglutinamiento de un gran movimiento de mujeres, que de manera democrática impulse protocolos de prevención de violencia y de acción rápida frente a un caso de acoso, violación o desaparición de una compañera; frente a los feminicidios. Para presionar a las autoridades y que se busquen y encuentren a las mujeres desaparecidas, se haga justicia y se castigue a los responsables.

Cambiaremos el mensaje estructural que se da a los violadores, feminicidas, militares, policías, judiciales y jueces y miembros de la casta política, de que nada pasa y que sus acciones quedarán en la impunidad; lo anterior será más fácil lograrlo de manera organizada.

Un programa que también exija salarios acorde a la canasta básica, así como derechos laborales y acceso pleno a la salud; alumbrado público y servicios de transporte seguros para llegar a nuestra casa, escuela o trabajo. Todas estas demandas están encaminadas a transformar diversos factores que nos hacen más vulnerables para ser violentadas o asesinadas.

Es importante aclarar que los avances legales y la lucha en este terreno de nada sirven si no tienen acompañamiento de la movilización y organización de las mujeres. El principal reto que tiene el movimiento de mujeres es lograr avanzar más allá de la coyuntura.

El hartazgo que se potencia cada vez que ocurre un atroz feminicidio, violación o acto de violencia hacia nosotras, debe trascender a la organización de un movimiento amplio de mujeres que se vuelva una fuerza política que movilice y organice a las mujeres para arrancarle al Estado y al conjunto de la sociedad patriarcal la conquista de nuestros reclamos, por principio, mejores condiciones de vida.

Súmate a Rosas Rojas y luchemos por este movimiento y organización.

Anuncios

Ciudad Juárez: Feminicidio y Violencia contra las Mujeres

Rosas Rojas Juárez
El fenómeno del feminicidio en Ciudad Juárez se hizo visible en el año de 1993, cuando se publicó el hallazgo de los primeros cuerpos de mujeres asesinadas, arrojadas en terrenos baldíos y zonas desérticas, caminos de terracería o áreas deshabitadas en las orillas de la ciudad. Los casos de Lote Bravo, Camino a Electrolux, Granjas Santa Elena y Lomas de Poleo fueron los primeros crímenes de odio conocidos por una sociedad que pronto sería obligada a cerrar los ojos ante el horror de la violencia feminicida.

Ortiz M. (2016), de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, nos habla precisamente de “los ciclos de la violencia feminicida”, y señala que la primera etapa va de 1993 a 1998. Ortiz hace referencia a las cifras del INEGI, las cuales indican que “en esa etapa se registraron 907 homicidios de mujeres, 891 en Ciudad Juárez y 16 más en el Valle de Juárez”. El gobierno empezó a levantar una campaña de criminalización contra estas mujeres y sus familias, culpando a las víctimas de su asesinato y justificando a los asesinos. Dicha campaña fue promovida por destacados personajes del PRI y PAN a nivel local. Constantemente se repetía que “eran malas mujeres”, “llevaban minifalda”, “caminaban por lugares oscuros”, o que “eran prostitutas”.

A partir de 1998 surgieron las primeras organizaciones de familiares de víctimas en busca de la justicia para sus hijas asesinadas impunemente. “Voces sin Eco” fue el primer referente de lucha contra el feminicidio. La señora Paula Flores y su hija Guillermina comenzaron una revolución gráfica con la pinta masiva de cruces negras con fondo rosa en los postes de la luz. Hoy en día este símbolo es conocido por todo el mundo.

Esta revolución gráfica es el antecedente histórico más importante para quienes años después levantamos una nueva campaña de visibilización del fenómeno, haciendo uso de la pintura y el pincel.

Desde que surgió este problema en Ciudad Juárez, se ha creado y mantenido una guerra de cifras al respecto. Por ejemplo, de acuerdo con un artículo publicado en La Jornada (2011), que hace referencia a las cifras oficiales de la PGR, CONAVIM y La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, “…entre 1993 y 2007 se cometieron 427 casos de los cuales 200 siguen sin ser aclarados y 52 cuerpos aún no han sido identificados” (Villalpando, 2011). Es decir, las cifras “oficiales” se encuentran muy por debajo de lo que indican otras fuentes y muy por debajo de la percepción de quienes mantenemos un trabajo de intervención en las calles.

Cabe destacar que desde 1993 las características en más del 90% de los casos de feminicidio y desaparición de mujeres cumplen con un mismo perfil: son jóvenes, pobres, morenas, con rasgos indígenas y migrantes muchas de ellas. Por lo tanto, se puede decir que estas víctimas del feminicidio son “escogidas” no solamente por el hecho de ser mujeres, sino por ser pobres y carentes de medios que facilite invisibilizar sus asesinatos. El feminicidio en Ciudad Juárez se trata de un problema de género, raza y clase social.

Nunca durante la historia del feminicidio en Ciudad Juárez, se registraron cifras tan elevadas como durante los años 2009 a 2011 y este hecho es aceptado incluso por las fuentes oficiales citadas anteriormente. “En 24 meses, 469 ultimadas en el estado, más de la mitad que en casi dos décadas, señalan. Con un saldo de 306 mujeres asesinadas durante 2010, Ciudad Juárez registró el mayor número de feminicidios de los últimos 18 años” (Villalpando, 2011).

Estos fueron años durante los cuales las fuerzas federales se hicieron presentes a gran escala en las calles de esta frontera. Para los habitantes de Ciudad Juárez resultó evidente la relación directa entre militarización y el aumento significativo en el número de crímenes de todo tipo: ejecuciones, desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, “car-jacking”, “House-jacking”, etcétera. El feminicidio, la trata y la desaparición forzada de mujeres no fueron la excepción. Sin embargo, el foco de la atención pública ya no estaba más en estos temas en ese año, sino en la llamada “Guerra contra el Narcotráfico”.

A partir del 2013 hubo un aparente “descenso” de la violencia en general. Sin embargo, durante este 2017 hemos vivido nuevamente un repunte de los feminicidios y las desapariciones de mujeres. “Se registraron dos casos de feminicidios en Ciudad Juárez elevando a 22 muertes de mujeres este año, considerada una cifra alta, ya que en el 2016 a estas fechas no habían registrado casos de feminicidios. También se registraron en las últimas horas seis homicidios de varones en un fuerte incremento de la violencia este año que comienza a alcanzar cifras similares a las del 2008” (La Jornada, 19 de marzo 2017).

VIOLENCIA EN LA UNAM

Exclusivo de Internet

Shahin Corona
En los últimos dos meses al interior de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se han encontrado tres cuerpos de estudiantes.

El primero fue el de Lesvy Berlín Osorio Martínez, de 22 años de edad, que fue brutalmente asesinada mediante asfixia con el cable de una caseta telefónica en las instalaciones del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Posteriormente, se encontraron los cuerpos de dos hombres: el primero correspondiente a Arturo Darío López, de 20 años, mismo que se encontró en alto grado de descomposición (al parecer se suicidó y los padres al enterarse de la noticia fueron a la SEMEFO a identificar el cuerpo) en las instalaciones de La Cantera de Club Pumas; y el segundo, corresponde al nombre de Víctor Manuel Orihuela, estudiante de la facultad de Odontología que supuestamente fue lanzado desde un edificio de la facultad de filosofía el pasado lunes 12 de junio.

En los tres casos, es alarmante la falta de claridad en los hechos por parte de las autoridades; en relación a Lesvy, de acuerdo con la información que revelan las autoridades universitarias, se revisaron las cintas de cinco cámaras, pero no se tiene certeza aún de los sucedido ya que casualmente el área donde fue abandonado el cuerpo de la joven estaba fuera del alcance de grabación; en el caso de Arturo, las cámaras no pudieron grabar el momento en que ocurrieron los hechos, y en cuanto a Víctor, la familia aún está a la espera de la entrega del video (ya se han revisado tres más, donde sólo se registran las últimas horas de vida de Orihuela) de una cámara ubicada en la biblioteca central. Con lo anterior, es evidente que en los tres casos se repite un patrón de respuesta por parte de las autoridades universitarias: esconder información con tal de no manchar la imagen de la máxima casa de estudios y tratar de hacer lo posible por minimizar los hechos con el fin de que estos pasen desapercibidos para bajar el costo político y su responsabilidad. Ahora resulta que la universidad ha sido elegida en menos de dos meses por tres distintos jóvenes para realizar en sus instalaciones su suicidio.

El hecho de que se puedan perpetrar asesinatos con tanta tranquilidad en las instalaciones de la UNAM, revela el fracaso de las medidas de seguridad represivas policíacas que han implementado las autoridades a lo largo de los años para garantizar “la seguridad” a toda la comunidad universitaria, pues ninguna de éstas sirvieron para evitar la muerte de estos estudiantes, o mínimo, aportar información para esclarecer los casos. Aunado a esto, la política que ha seguido la UNAM de no atender de forma oportuna diversas problemáticas al interior de la universidad como la venta y consumo de drogas en las instalaciones universitarias, ha ocasionado que esta situación llegue a niveles incontrolables.

La comunidad universitaria y su respuesta ante la violencia
La respuesta de los estudiantes de la UNAM ante estos hechos de suma violencia es dividida y contrastante. Por un lado, un sector de la comunidad universitaria cree que la solución está en reforzar las medidas de seguridad implementadas por las autoridades de la UNAM, como la instalación de un mayor número de cámaras vigilantes, botones de auxilio, unidades de auxilio UNAM, patrullas (tanto de vigilancia UNAM como querer la intromisión de las de la policía federal) custodiando entradas al campus y helicópteros sobrevolando ciudad universitaria.

Otro sector no sabe muy bien qué hacer, se encuentra atemorizado debido a que ya ni en su propia universidad se siente seguro, sin embargo sabe que el reforzamiento de las medidas implementadas hasta el momento no son la respuesta, pero es una situación que las autoridades deben de resolver.

Y estamos los que creemos firmemente que las medidas policíacas implementadas a lo largo de los años por las autoridades universitarias no son la solución, ya que están diseñadas para mantener un control hacia los estudiantes y sobre todo hacia aquellos que se organizan y no en erradicar todo tipo de violencia en la universidad. Y esto lo vemos claramente cuando sucede cualquier tipo de violencia dentro de las instalaciones de nuestra casa de estudios, y las cámaras, casualmente, no grabaron, no sirven, estaban en un ”punto ciego”. Se retienen las grabaciones, no se muestran a los familiares que buscan esclarecer los sucesos. Auxilio UNAM solapa a los vendedores de droga, saludándolos y cobrándoles “cuota” para que deambulen con toda tranquilidad; patrullas del mismo auxilio dedicándose sólo a asediar a estudiantes pero haciendo tratos con los narcomenudistas que la UNAM, dijo, “se siente comprometida a combatir”. Y no olvidemos que se menciona por parte del rector Graue, que hay que “abrir un diálogo para procurar la desocupación de nuestros espacios”, con lo que atañe la situación de violencia a la ocupación de espacios estudiantiles. La situación de violencia generalizada y alza de la delincuencia sucede, por supuesto, porque la UNAM no es una burbuja social aislada del contexto que vivimos en todo el país, pero en gran medida es gracias a las arbitrariedades, omisiones e impunidad dentro de la misma casa de estudios.

Consideramos que la seguridad de la universidad la debemos construir todos: los estudiantes, los trabajadores, los académicos; es un imperativo ético y político recuperar una seguridad comunitaria que además de brindar seguridad para todos, también contemple un programa de sensibilización y capacitación para toda la comunidad universitaria acerca de temas de seguridad, violencia y derechos que cada uno de nosotros tenemos, pugnando porque las autoridades dejen de ser omisas y se limiten a ofrecer paliativos protocolos de género como el “He for she”.

Las medidas anteriores se deben de discutir en asambleas por escuela para que se logre hacer partícipe a una gran parte de la comunidad universitaria para que juntos construyamos una universidad segura para todas y todos, libre de violencia, acoso sexual, discriminación y feminicidios y homicidios. Es tarea de cada uno de los estudiantes, profesores, trabajadores y egresados cuestionar las medidas que está tomando el rector Graue y las autoridades de la UNAM para solucionar los hechos de violencia que están pasando en la universidad, ya que no están a la altura de la grave problemática.

El pasado 12 de junio, universidades públicas como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Universidad Autónoma Metropolitana (UAM, planteles Iztapalapa y Azcapotzalco) y privadas como la Universidad Iberoamericana, firmaron un protocolo para erradicar la violencia hacia las mujeres y esclarecer los casos ocurridos en dichas instituciones universitarias así como en el país. Es inadmisible que a un mes de que se haya perpetrado un FEMINICIDIO al interior de las instalaciones universitarias, la UNAM no firme este pronunciamiento, y por si fuera poco, las autoridades no han colaborado lo suficiente para que el caso de Lesvy, Darío y Victor se esclarezcan y se obtenga justicia. Cabe mencionar que la situación de violencia dentro de la institución universitaria ya estaba dada, sólo que con estos últimos casos han dado un repunte público de la misma, siendo que la respuesta de las autoridades es siempre la misma: cobijo mediático por hipocresía u omisión descarada.

Debemos de llamar a un debate público a las autoridades de la UNAM para que nos informe de los avances de estos casos, su colaboración y cuáles son las medidas que ha implementado desde que estos casos han ocurrido.

Debemos exigir a la UNAM que haga partícipe a toda la comunidad universitaria en la toma de decisiones que se están implementando en materia de seguridad a través de mecanismos democráticos como son las asambleas.

Los estudiantes no podemos permitir que se cancelen nuestros derechos de libre tránsito, expresión, organización y participación política en la UNAM bajo su pretexto de garantizar nuestra seguridad.