El 1 de diciembre de este año, la 4T cumplió su tercer año en el poder. ¿Qué lecciones hay para la juventud estudiante y trabajadora en México? Comencemos por caracterizar al régimen, en segundo lugar ubicaremos la posición de cada fuerza social y su horizonte estratégico, para que en un tercer momento, podamos rescatar las tareas para la juventud frente a la necesidad de construir una alternativa socialista y revolucionaria en México, que marque tajantemente una oposición a las medidas proimperialistas que venimos arrastrando de más de 30 años de neoliberalismo y frente a las medidas consecuentes del nacionalismo burgués con la precarización laboral, la exclusión a la educación, la militarización, la privatización de nuestros recursos e industrias y con los intereses del imperialismo.
CARACTERIZACIÓN DE LA LUCHA DE CLASES EN EL MARCO DEL NACIONALISMO BURGUÉS
El régimen de la 4T encabezado por AMLO, es un movimiento electoral de frente amplio y pluriclasista. Su estrategia no es acabar con el régimen de propiedad privada, ni con las relaciones sociales de explotación asalariada, el libre mercado o la desigualdad social. El actual gobierno, como bien lo reafirmó AMLO en su tercer informe el pasado 1 de diciembre en la plancha del Zócalo, es “para ricos y pobres” el cual pone como epicentro de la problemática de desigualdad y descomposición social la corrupción dentro del Estado, y no la relaciones sociales de dependencia, poder y dominio capitalistas que mantiene el país con Estados Unidos, es decir la situación de semicolonia o las relaciones desiguales entre clases sociales, en este caso, su perspectiva no es clasista, sino abstracta. El régimen de AMLO, desde inicios de su gobierno, impulsó medidas de corte bonapartista, es decir, que transitan entre el favorecimiento mediante programas sociales a sectores de la clase trabajadora y pequeña burguesía y por otro lado, satisfaciendo los intereses de una fracción de la burguesía que está de su lado, en particular la burguesía transnacional y nacional mexicana, con el fin de avanzar en políticas de reorganización de la correlación de fuerzas dentro del Estado.
El bonapartismo es una característica de los regímenes que llegan al poder a partir de su carácter conciliador con los intereses del imperialismo, pero dando concesiones a la clase trabajadora. Es un gobierno que otorga concesiones a la clase trabajadora pero la contiene en su descontento y reestructura su participación dentro del margen de las relaciones del capital y la democracia burguesa. Su margen de maniobra se mantiene en un tipo de relaciones sociales que garantizan la supervivencia del capitalismo, favoreciendo los intereses de determinadas fracciones de la burguesía que se sostienen sobre la relación desigual capital-trabajo. Su forma de gobierno modifica su discurso y dota de cierta autonomía al Estado para ciertas decisiones y políticas, pero siempre mantiene su esencia como Estado al servicio del capital. Aunque pareciera que el presidente es quien detenta el poder político, en realidad el poder político lo sigue detentando una fracción de la burguesía la cuál le permite permanecer y modificar aspectos de la economía, sin salirse de su agenda, por ejemplo, el sector militar y la agenda de seguridad y militarización norteamericana.
El nacionalismo burgués, es un tipo de régimen en dónde la agenda empresarial sigue vigente, pero mantiene distancia y confrontación con algunas fracciones de la burguesía y con otras mantiene cercanía. Este tipo de régimen está dentro de una corriente denominada “progresismo” y es una corriente política que se opone en cierta medida a las políticas neoliberales proimperialistas, pero que al final mantiene una relación cercana al capital, pues su estrategia no es romper con el capital, sino mantenerlo vigente, darle una cara humanitaria y bondadosa. Por otro lado, el nacionalismo burgués o “progresismo” de corte bonapartista, se asume de izquierda, integra el discurso popular como un gobierno del pueblo, mientras esconde las contradicciones de clase y capitula a los intereses del imperialismo Estadounidense. En este sentido, el discurso convence y genera la ilusión de que el Estado es un conjunto de instituciones que sirven para el bien de “todas y todos”, en abstracto, rescata la figura central del Estado pero no articula las bases para defender un proyecto de clase, es más, desmoviliza a las bases, las mantiene a flote y dentro del margen establecido por el capital, las contiene para dejar la alternativa de cambio en la figura presidencial y en el cabildeo con la burguesía.
AMLO y su movimiento electoral MORENA, se perfilan dentro de esta caracterización anterior, porque: 1) AMLO no contempla dentro de su programa de gobierno una estrategia de romper con las relaciones de poder y dominio capitalistas sino de reconfigurar las relaciones de dominio y explotación, dotando de autonomía al Estado en ciertas políticas y al mismo tiempo favoreciendo a una fracción de la burguesía que le permite avanzar en esa reconfiguración; 2) MORENA no es un partido, sino un movimiento electoral de frente amplio y pluriclasista, por ello a lo interno existen contradicciones de programa y principios, por un lado, hay quienes impulsan una agenda empresarial y por otro quienes impulsan una agenda adherida a avanzar en el programa del presidente. Sus militantes carecen de principios políticos, hecho que se refleja en las disputas a lo interno por las gubernaturas y en los chapulinazos oportunistas de ex militantes del PRI, PAN y PRD a MORENA o en que una fracción de MORENA esté a favor y otros en contra de políticas de avanzada para la clase trabajadora como legalizar el aborto en todo el país o desaparecer el outsourcing; 3) Ni AMLO ni su movimiento electoral apelan a la consolidación y organización de la clase trabajadora para la toma del poder político o la defensa de políticas que logren abrir un camino al socialismo en oposición a políticas proimperialistas como romper con el T-MEC o las políticas de militarización del país; 4) Las políticas que aplica favorecen en una parte a determinadas fracciones de la clase trabajadora, pero siempre dentro del horizonte para el reforzamiento del capitalismo nacional y trasnacional de una determinada fracción de la burguesía, pues su política es de contención de la clase trabajadora dentro del margen de la relaciones del capital, para no romper con estas, dándole una cara humanitaria al capitalismo y al “libre mercado”, esto sin generar organización que permita impulsar la toma del poder por la clase trabajadora. En este sentido la desigualdad, la explotación y opresión se regulan, pero no desaparecen esas relaciones dentro de su política; 5) El movimiento electoral de frente amplio y pluriclasista (MORENA) tuvo como fin impulsar a AMLO a la presidencia en respuesta a la falta de alternativa frente a los regímenes neoliberales previos, los cuáles durante décadas aplicaron políticas de desmantelamiento de las estructuras del Estado, reflejándose en una total violencia estructural hacia la clase trabajadora, sin embargo, el nacionalismo burgués lejos de significar un cambio de fondo, sólo perpetúa las dinámicas, ya que no apela a la organización de la clase trabajadora más que para las elecciones, es decir, las contiene en el margen de la democracia burguesa.
LAS POLÍTICAS DE LA 4T DENTRO DEL MARCO DE LAS RELACIONES CAPITALISTAS
Las políticas que aplica el nacionalismo burgués, son de reorganización de las estructuras del Estado y de la fuerza laboral, con el fin de dotar de impulso al patrón de acumulación capitalista, mediante reformas de regulación fiscal en algunos sectores, pero proimperialistas en otros, con el fin de satisfacer al capital nacional, el cuál se mantiene sobre la base desigual, capital-trabajo.
Un ejemplo de las políticas que el actual régimen está aplicando y que entran en contradicción, son por ejemplo la política laboral, la educativa, la energética y la del aborto. En la laboral, se impulsó por parte de MORENA y su aliado el PT una iniciativa para la regulación del outsourcing, modelo de subcontratación laboral que flexibiliza las condiciones de trabajo, omite derechos laborales y terceriza las responsabilidades. Esta iniciativa presentada en 2019 y aprobada en 2020, implicó regular al outsorcing mas no abolirlo, dejando que empresas sigan contratando personas bajo regímenes que omiten los derechos laborales, mientras tercerizan obligaciones, como lo es el caso de la juventud trabajadora de las aplicaciones de reparto. Aplicaciones como UBER, DIDI o Rappi, del 2020 al 2021 aumentaron sus cifras de trabajadores y ganancias de manera exponencial, beneficiándose de la pandemia, mientras sus trabajadores, carecían de seguridad social o derechos laborales. La “Reforma laboral” lo que implicó fue el sostenimiento, en este sentido, de una relación capital-trabajo desigual que benefició la captación de recursos fiscales mediante el uso de plataformas digitales, así como del cobro de impuestos a empresas, las cuales tercerizan a los trabajadores de reparto y otras industrias. Esta iniciativa, estuvo acompañada de una “Reforma al sistema de pensiones” el cuál de igual forma, perpetua la relación de dependencia que existe entre las empresas de AFORE privadas y los trabajadores, pues la iniciativa implicó la reducción de la retención salarial mensual, destinada a que los trabajadores que no alcanzaran una jubilación mediante el IMSS o ISSSTE, lo puedan realizar mediante las AFORES privadas pero con retenciones “justas”. Esto, sin eliminar el régimen de jubilación privada, el cuál especula con los salarios de los trabajadores, mientras el Estado no asume su obligación de hacer de la jubilación un derecho público y universal. Lo anterior, se traduce en que las políticas orientadas a la cuestión laboral, lejos de permitir que la clase trabajadora vaya conquistando derechos, el nacionalismo burgués perpetua las dinámicas de dominación y explotación de las empresas sobre los trabajadores, ya que estas iniciativas buscan el cabildeo y acuerdo, antes que con la clase trabajadora, con los empresarios, que el Estado se haga de recursos fiscales y las empresas obtienen leyes que les permiten “invertir” en México a costa de las y los trabajadores. Dejando a la juventud en incertidumbre laboral total y con un futuro adulto y longevo precarizado.
Por otro lado, la política educativa nacional, implica un análisis marxista para poder identificar las dinámicas conciliadoras del régimen nacionalista burgués y las empresas. A inicios de año (2021) se aprobó la Ley General de Educación Superior, una ley que se discutió al calor de la ANUIES, la SEP y la bancada de MORENA.
Esta ley, supone que el Estado garantice la educación pública a todo el país, poniendo en el centro de la agenda la responsabilidad del Estado para hacer posible este derecho. Sin embargo, la ley no menciona porcentajes presupuestales ni tampoco establece los mecanismos para que el Estado haga efectivo ese derecho, por el contrario, tomando como ejemplo el caso de la educación superior, se propone la emergencia de un órgano autónomo, conformado por burocracias de las universidades públicas, privadas y empresas para discutir el rumbo de las universidades en el país y por lo tanto del presupuesto y el modelo educativo.
En este sentido, la LGES violenta la autonomía de las universidades, ya que impone un órgano autónomo en el cuál se discutirá el presupuesto y el rumbo de la educación superior, dejando las decisiones en manos de las burocracias universitarias y las empresas. La ley no se discutió al calor del magisterio de la CNTE, ni tomó en cuenta la voz de las y los estudiantes de las universidades públicas, se discutió al calor de la ANUIES, del sector privado y de la SEP. Aunado, a que desde el 2018, la OCDE, ya había asesorado a la SEP para la implementación de políticas provenientes del FMI y el BM en México.
En este caso, la LGES, aunque rescata el papel del Estado en hacer efectiva la educación pública superior, proporciona concesiones al sector privado, articulado a la COPARMEX, al Consejo Coordinador Empresarial y a los organismos financieros internacionales, para tomar parte del presupuesto y dirección de la educación pública en el país, mismos organismos y fracciones de la burguesía que desde hace décadas han querido impulsar una agenda privatizadora dentro de las universidades públicas.
La política energética en el país, en particular la actual iniciativa de Reforma Eléctrica, aunque implica un paso frente a la Reforma Energética de EPN, que marca tajantemente la necesidad de rescatar el papel del Estado para hacer del acceso a la energía eléctrica un derecho humano, la política en su horizonte estratégico, no marca una ruta que permita a la clase trabajadora exigir la nacionalización de nuestros recursos estratégicos ni la salida de las empresas transnacionales explotadoras de nuestra industria energética. Marca, más bien, una regulación contractual para la generación de energía eléctrica, rescatando a la CFE y a Pemex como las empresas estatales destinadas a la generación, transmisión y distribución de energía eléctrica de manera primordial en el país, así como a que en estas dependencias públicas recaiga la planeación y puesta en marcha de la Transición Energética con un carácter soberano. Esta ley, es de suma importancia y es la política más avanzada del actual régimen nacionalista burgués de AMLO. Sin embargo, la iniciativa implica poder avanzar en rescatar nuestra industria energética y pone en la agenda la necesidad de movilizarse para defenderla por la clase trabajadora, el régimen lejos de llamar a organizarse y crear comités populares, impulsa un cabildeo con el PRI y la burguesía trasnacional para ganar su aprobación en el Congreso, dando oportunidad a que en el tiempo restante a la aprobación de la reforma, se puedan seguir dando concesiones a privados en el caso del Litio, elemento fundamental para la futura transición e industrialización.
Esta política de cabildeo político es parte del carácter conciliador y bonapartista del régimen, puesto que la iniciativa de reforma, aunque responde contundentemente a las políticas entreguistas neoliberales también porque es a nivel constitucional, el régimen olvida que aunque se apruebe en este sexenio, si no se impulsa un proceso organizativo de clase por parte de las y los trabajadores para defenderla y avanzar hacia la renacionalización del sector energético bajo control obrero y popular, en cualquier otro sexenio, la ultra derecha proimperialista puede virar de nuevo la reforma para regresar al régimen abiertamente entreguista.
LAS TAREAS DE LA JUVENTUD REVOLUCIONARIA FRENTE A LA CRISIS DE DIRECCIÓN
La Juventud en México debe generar una caracterización marxista del actual régimen para identificar sus contradicciones, que nos permita construir una alternativa de izquierda y revolucionaria que impulse un programa político para la construcción de un partido obrero que represente a la clase trabajadora y campesina, que ponga en la agenda del Estado la necesidad de rescatar nuestros derechos laborales y educativos de la mano de la puesta en marcha del rescate y defensa de nuestra soberanía energética con miras a la renacionalización bajo control obrero, al igual que a conectar a las universidades públicas y centros de estudio con el pueblo, para la resolución de las grandes problemáticas del país y no del sector empresarial. Impulsando la organización de la clase en barrios, colonias y pueblos, con independencia política de los partidos burgueses y de la ultraderecha proimperialista.
El camino implica no perder de vista que ni el neoliberalismo proimperialista ni el nacionalismo burgués son la alternativa, pues ni uno ni otro romperán con las relaciones sociales ni las dinámicas capital-trabajo. Es momento de confiar en la clase e impulsar la unidad de las y los trabajadores. La juventud tiene una tarea especial, la de construir el programa de transición que nos permita avanzar en el rescate de las instituciones públicas, que el Estado responda a las necesidades de la clase bajo su dirección y bajo el ejercicio del poder de las y los trabajadores. Los frentes políticos, en materia educativa, laboral, energética y artística, nos deben impulsar a nutrir de perspectiva y dirigir a la juventud y la clase, con miras a la construcción del partido. No nos conformemos con las migajas asistenciales del nacionalismo burgués, sino en hacer que los 27 millones de jóvenes en México, tengamos acceso a una vida más justa y más humana, sin las ilusiones que el libre mercado nos arroja.
¡Luchar, Vencer!
¡La juventud luchando y el mundo transformando!
Octavio Ugalde
Grupo de Acción Revolucionaria 