EL CASO SUCUMBÍOS, UN EJEMPLO DE PERSISTENCIA ABRIÉNDOSE CAMINO CONTRA LA IMPUNIDAD

Genoveva A.
Sector Trabajadores-GAR

El pasado 1 de marzo se cumplieron 13 años de la Masacre de Sucumbíos, tiempo durante el cual la impunidad de los criminales se ha impuesto a la exigencia social de justicia para las víctimas; pero esto comienza a cambiar, el caso ha sido admitido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (CIDH) y pese a las complejidades y limitaciones del sistema interamericano, se inicia así una nueva etapa en busqueda de verdad, justicia y castigo a los responsables.

UN CASO POR DEMÁS COMPLEJO: ENTRE LA POLÍTICA Y LA JUSTICIA
Desde que ocurrieron los hechos el 1 de marzo de 2008 cuando el estado colombiano, apoyado con armamento y logística de E.U.A ejecutó un ataque a un campamento diplomático de la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, (FARC-EP), que se ubicaba en la región de Sucumbíos, territorio ecuatoriano; los escenarios para conocer la verdad y lograr la justicia para las víctimas eran prácticamente nulos.
Pese a la dimensión del hecho, que implicó un conflicto geopolítico de magnitudes poco vistas en la historia reciente de América Latina, ya que el estado ecuatoriano, en aquel entonces al frente del gobierno de tintes progresistas de Rafael Correa, rompió relaciones diplomáticas y movilizó a su Ejército a la zona fronteriza con Colombia, acción que fue replicada por el estado venezolano al frente en aquel momento del gobierno de Hugo Chávez.
La tensión que se vivió por varios días impregnaba el ambiente de una posible guerra entre los tres países, pero lo que tomaba mayor peso era la posibilidad de una intervención militar norteamericana y colombiana contra los gobiernos de Ecuador, Venezuela y en general contra los gobiernos de corte progresista que existían en aquella época, para de este modo afianzar la intervención norteamericana en la región.
Al mismo tiempo Estados Unidos fortalecía su estrategia contrainsurgente emanada, de forma más reciente, del Plan Colombia, buscando aniquilar a todos los grupos insurgentes que existían en Colombia y que llevaban varias décadas levantados en armas, y que en algunos casos mantenían un discurso abiertamente antiimperialista.
Colombia ha sido desde hace varias décadas un país estratégico para la geopolítica norteamericana en Latinoamérica, de ahí que los innumerables gobiernos que ha tenido este país sudamericano se han subordinado a la directriz de Washington sin mayor reparo, peor aún, Colombia bajo los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez y respectivos sucesores han jugado un papel de alfil de la política intervencionista norteamericana en la región.

LA IMPUNIDAD EL REFUGIO DE LAS INJUSTICIAS
La magnitud del bombardeo en Sucumbíos también implicó a México, nación a la cual pertenecían cuatro de las víctimas asesinadas y una más sobreviviente de los hechos. En el bombardeo a Sucumbíos fueron asesinadas 25 personas; entre ellas cuatro estudiantes universitarios de la UNAM e IPN: Verónica Velázquez Ramírez, Fernando Franco Delgado, Juan González del Castillo y Soren Avilés Ángeles, asimismo, quedó con heridas graves la estudiante Lucía Morett Álvarez.
Desde que se tuvo conocimiento del ataque y de la totalidad de las víctimas tanto mortales como heridas, información que por cierto se dio a conocer por la prensa y no por instancias oficiales, la derecha latinoamericana encabezada en aquel entonces por Álvaro Uribe Vélez y, como hemos visto, respaldada por Estados Unidos, organizó una campaña de criminalización de las víctimas civiles y de personas y organizaciones políticas de corte bolivariano, acusándolas de terrorismo, de ser parte de la guerrilla o de realizar acciones para el financiamiento de ésta.
La magnitud de la campaña de criminalización fue tal, que el caso Sucumbíos apuntaba para ser uno más en la lamentable historia de impunidad de América Latina, pero ni Uribe Vélez, ni la derecha latinoamericana contaban con que los Padres y Familiares de las víctimas civiles iniciarían una digna lucha por detener las campañas de criminalización contra ellos, pero también, en la búsqueda de la verdad, la justicia y el castigo a los responsables.
Han pasado 13 años de aquellos hechos, ha sido un largo camino para los Padres y Familiares que junto a múltiples organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos han emprendido la búsqueda de justicia. Desde aquel 2008 nosotros como Grupo de Acción Revolucionaria nos sumamos a las denuncias contra el artero crimen en contra de nuestros compañeros universitarios y mostramos nuestro apoyo y solidaridad con los Padres y Familiares.
Han sido múltiples las puertas que se han tocado en instancias de gobiernos, de organismos de derechos humanos, de instituciones jurídicas en México, Ecuador y Colombia. La voluntad de los gobiernos ha sido nula en casos específicos como el de México que optó por dejar pasar el tiempo y atarse de manos frente a lo que ellos argumentan una imposibilidad de emitir órdenes de aprehensión contra los principales responsables intelectuales de la masacre.
Las omisiones del estado mexicano, que al día de hoy han tocado a los gobiernos de Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, han sido múltiples, sobre todo al no cumplir con su mandato constitucional de proteger a las víctimas mexicanas que sufrieron delitos en el extranjero, por el contrario, en aquel 2008 bajo el gobierno de Calderón su actuar y proceder frente al caso rayó en la complicidad, incluso recibió en innumerables ocasiones a los principales responsables de la masacre, es decir, al expresidente Álvaro Uribe Vélez y al entonces ministro de la defensa Juan Manuel Santos Calderón.
Por supuesto, sabemos que estas visitas eran para afianzar la política intervencionista mandatada desde Washington y que Colombia ejecuta al pie de la letra, para brindar “asesorías” en materia de seguridad, criminal estrategia que implementaba Calderón en su fallida guerra contra el narcotráfico.
En el caso ecuatoriano los hechos no han variado mucho, ya que el poder judicial dio un paso importante al emitir las órdenes de aprehensión contra algunos de los principales mandos militares y policiacos que participaron en la masacre, aunque éstas no incluían a Álvaro Uribe Vélez, al final no existió la voluntad política y jurídica para exigir a Colombia o a instancias internacionales se cumplieran esas órdenes de captura.
Por último en el caso colombiano, la posibilidad de acceso a la verdad y justicia ha sido completamente nula, la postura del Estado colombiano frente a los hechos, ha sido la misma desde aquel 2008, en todo momento han buscado justificar lo injustificable, han creado un discurso donde buscan legitimar su actuar bajo supuesta lucha contra el terrorismo e incluso, niegan haber asesinado a víctimas civiles en el bombardeo.
Estos elementos han sido parte de la complejidad del caso Sucumbíos, razón por la cual el logro que se tiene hoy a 13 años de distancia del bombardeo y a casi 7 años después de que se interpuso la petición de admisión del caso ante la CIDH, es sin duda alguna un gran triunfo para los Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos que obtienen una respuesta favorable al ser admitido el caso ante esa instancia Interamericana.
Aún existen muchos elementos que deben ser investigados a nivel internacional, como la participación y responsabilidad de Estados Unidos en el bombardeo a Sucumbíos, así como la posible participación de estructuras como la Mossad Israelí al ser uno de los principales asesores y capacitadores del ejército colombiano. Del mismo modo, existen fuertes sospechas de que el gobierno de Felipe Calderón tuvo conocimiento previo del bombardeo y no hizo nada para evitar el asesinato de los cuatro jóvenes mexicanos, así como de toda la tragedia que ha vivido Lucía Morett desde aquel 2008, ya que continúa siendo perseguida y criminalizada por Colombia y la derecha latinoamericana.
Aún faltan caminos por recorrer, aún faltan muchos elementos por conocer la verdad, aún existen instancias internacionales a las cuales se puede acceder por la verdad, la justicia y el castigo a los responsables, pero por ahora el caso Sucumbíos y la lucha de los Padres y Familiares, junto con todas aquellas organizaciones que hemos acompañado esta digna lucha, tenemos un triunfo importante al lograr que el caso sea admitido, es un gran paso en la lucha contra la impunidad y la dignidad de las víctimas y de los pueblos latinoamericanos.

¡JUSTICIA PARA LAS VÍCTIMAS DE SUCUMBÍOS!

LA IMPORTANCIA DE LUCHAR CONTRA LA IMPUNIDAD EN EL CASO SUCUMBÍOS

Genoveva Alemán

Este 1 de marzo de 2020 se cumplieron 12 años de la masacre de Sucumbíos, un hecho sin precedentes en la historia moderna de América Latina y que 12 años después continúa en la total impunidad, no hay culpables detenidos, por el contrario estos continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad y se protegen con sus aliados esparcidos por toda la región bajo el manto de grupos de derecha y conservadores donde México no es la excepción.

LOS HECHOS

El 1 de marzo de 2008 el estado colombiano realizó un bombardeo a un campamento de la guerrilla de las FARC-EP que se ubicaba en la región de Sucumbíos frontera entre Ecuador y Colombia. En los hechos fueron asesinadas alrededor de 25 personas entre ellas 4 estudiantes mexicanos; Verónica Velázquez, Soren Avilés, Juan González y Fernando Franco, una estudiante mexicana más, Lucía Morett, quedó gravemente herida.

Este ataque involucró a varios países de forma directa como Colombia el ejecutor del ataque, Estados Unidos quién brindó apoyo militar y logístico, Ecuador lugar de los hechos y quien sufrió la violación de su soberanía territorial y México país de los estudiantes víctimas, pero también toda la región latinoamericana fue involucrada en un suceso que demostró el control y dominación geopolítica que ejerce el imperialismo norteamericano y qué tiene en Colombia un aliado que reproduce y ejecuta la política de Washington.

LA IMPUNIDAD LA ÚNICA PRESENTE

Tras 12 años los principales culpables como el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez, el ex secretario de la defensa Juan Manuel Santos, el ex director de la Policía Nacional de Colombia Óscar Naranjo así como los mandos policiales y militares colombianos involucrados en la llamada Operación Fénix no han sido llevados a juicio en ninguno de los países directamente involucrados.

En el caso de Colombia el poder judicial no ha interpuesto ningún recurso que castigue a los responsables de los delitos y crímenes de lesa humanidad cometidos en Sucumbíos y, que son también responsables múltiples crímenes de guerra que se siguen cometiendo día a día en ese país aún bajo un proceso de pacificación.

Ecuador inició demandas judiciales contra los responsables al ser el país directamente atacado, pero estos procesos están estancados al no contar con la suficiente fuerza jurídica y voluntad política de llevar a los culpables ante los tribunales, asimismo, el caso ha sido sistemáticamente detenido por grupos de ultraderecha quienes se plegaron a la campaña de criminalización de las víctimas orquestada desde el estado colombiano.

En el caso de México el resultado no ha sido diferente, en aquel 2008 el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón mantuvo una actitud que rayó en la complicidad con el estado colombiano y los culpables del caso Sucumbíos, incluso se permitió que grupos de ultraderecha reprodujeran la campaña de criminalización de las víctimas, que interpusieran demandas contra los estudiantes asesinados y víctimas, así como contra decenas de luchadores sociales interesados en los procesos latinoamericanos.

Felipe Calderón y su gobierno negaron el acceso a la justicia a las víctimas cuando era responsabilidad de su gobierno proceder en cortes internacionales por los delitos cometidos contra mexicanos en el extranjero. Calderón y su gobierno nunca escucharon a los padres y familiares de las víctimas, nunca les brindaron apoyo ni la garantía de acceso a la justicia, sin embargo, lo que sí hizo fue recibir en continuas ocasiones a los asesinos confesos Álvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos.

La situación en el gobierno de Enrique Peña Nieto no fue diferente, la garantía de verdad y justicia continúo siendo negada a las víctimas y sus familias e incluso se hizo la invitación a que Óscar Naranjo, involucrado en la masacre de Sucumbíos, fuera asesor en materia de seguridad pública del gobierno de Peña cuando esté aún era candidato presidencial, acción que violentaba la constitución mexicana ya que un extranjero no puede participar en ese tipo de acciones, pero dejaba clara la estrecha cercanía y colaboración de México con Colombia.

TRAS 12 AÑOS LA OPORTUNIDAD DE JUSTICIA ESTÁ SOBRE LA MESA

A inicios del 2018 llega un nuevo gobierno a nuestro país encabezado por López Obrador, la oportunidad de garantizar la verdad y la justicia en el caso Sucumbíos es histórica, se abre la posibilidad de poner fin a la impunidad que ha prevalecido por 12 años.

Garantizar la justicia en el caso de la masacre de Sucumbíos abre la posibilidad al mismo tiempo de señalar no sólo a los responsables directos del asesinato de 4 estudiantes mexicanos y de las heridas, amenazas y persecución contra Lucía Morett, se abre la oportunidad de señalar a los gobiernos de Calderón y Peña Nieto como responsables en la complicidad y protección de los asesinos y en ser los responsables de omisiones e impunidad en el caso.

Es la oportunidad para este gobierno de señalar a Calderón como parte fundamental de una estrategia de ataque y de articulación con grupos de ultraderecha que buscan a toda costa regresar a nuestro país al oscurantismo, que pretenden imponer de nueva cuenta su política de sangre, guerra, corrupción e impunidad.

La mesa está puesta para que el gobierno de Obrador dé una oportunidad histórica a la justicia y contra la impunidad en el caso Sucumbíos. Es una oportunidad de lograr el castigo a los responsables y sus cómplices, es la oportunidad de señalar a quiénes fueron protectores de los asesinos como Calderón y Peña Nieto, la oportunidad histórica está ahí, dependerá de este gobierno si pasa a la historia como quien logró la justicia o se suma a la lista de gobiernos cómplices.

COLOMBIA, EL SICARIO CONTRATADO POR WASHINGTON

Genoveva Alemán
A la memoria de Fernando, Soren, Verónica y Juan compañeros asesinados hace 11 años en Sucumbíos, siempre presentes en la memoria y el corazón

En julio de 2018 el entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos declaró que se veía cerca la caída de Maduro y pocos días después ocurrió el atentado con drones contra Nicolás Maduro en un acto público y transmitido en todo el mundo, después Santos negó cualquier participación en el atentado. En enero del 2019 el actual presidente de Colombia Iván Duque afirmó en un acto público: “A la dictadura de Venezuela le quedan pocas horas”.

El 23 de febrero de 2019 la derecha venezolana llamaba al día “D”, convocaron a manifestaciones mientras en la frontera se realizaba el “Venezuela Aid Live” e Iván Duque organizaba desde Colombia la estrategia para hacer pasar por la frontera del Cucutá “el apoyo humanitario” enviado por E.U.A. vía USAID, al final del día la noticia que desconcertó a muchos fue la salida de Guaidó de Venezuela en un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana para reunirse con Duque y varios presidentes latinoamericanos que lo apoyan, incluido el Secretario General de la OEA, Luis Almagro quien ha dejado claro su papel pro-golpista.

La pregunta necesaria es sin duda, ¿Qué hace Colombia interviniendo de un modo tan injerencista en Venezuela? La respuesta no es ningún secreto, se sabe de mucho tiempo atrás, desde la época del gobierno Chavista quien enfrentó en diversas ocasiones agresiones tanto de Estados Unidos como de Colombia contra su gobierno y, en general contra la soberanía del pueblo venezolano, Colombia ha pasado a ser el operador de la estrategia norteamericana que persigue las más grandes reservas probadas de petróleo de todo el mundo e innumerables recursos naturales altamente cotizados en el mundo actual.

EL PLAN COLOMBIA Y LA VIOLENCIA DE URIBE, SANTOS Y DUQUE

En el 2002 llegó al gobierno de Colombia Álvaro Uribe Vélez caracterizado como un político ultraconservador, negado a cualquier diálogo político con la insurgencia colombiana y quien siempre apostó a la confrontación bélica para poner fin al conflicto de décadas atrás. Uribe desarrolló fuertemente la estrategia con Washington a través del Plan Colombia, cuyo nombre oficial es “Plan para la Paz y el Fortalecimiento del Estado o Plan Colombia para la Paz”.

No es nuevo que los norteamericanos hagan uso del término “paz” para generar más violencia y es justamente la paz es lo que terminan aniquilando. El Plan Colombia no fue la excepción, más de 7 mil millones de dólares han sido entregados a Colombia para luchar contra el terrorismo, que para ellos son la insurgencia y los múltiples movimientos sociales. La paz de Uribe y el Plan Colombia es sin duda la paz de los sepulcros, en sus mandatos la violencia creció exponencialmente, las desapariciones forzadas, los desplazamientos internos y externos de población, el aumento de grupos y acciones paramilitares, los casos de los falsos positivos, los asesinatos de luchadores sociales, los bombardeos indiscriminados, las fumigaciones ilegales, la criminalización del adversario político alcanzó niveles alarmantes, niveles reales de crisis humanitaria.

La implementación del Plan Colombia es la aplicación de la más refinada política intervencionista de Washington en los últimos años en América Latina, usando al Estado colombiano como articulador de esa política, de este modo, Colombia ha pasado a ser el ejecutor de los designios imperialistas en la región, con la gravedad que ello implica y que en los más recientes acontecimientos contra Venezuela se materializan.

COLOMBIA EJECUTA LOS DESIGNIOS DE WASHINGTON

Uno de los sucesos que mostraron al mundo el nivel de ejecución del estado colombiano fue el ataque del 1 de marzo del 2008 al campamento del Comandante Raúl Reyes de la guerrilla de las FARC-EP, que se ubicaba en la región fronteriza de Sucumbíos dentro de territorio ecuatoriano. En el lugar fueron asesinadas 25 personas a consecuencia de dos ataques con bombas de fragmentación, de alta precisión guiadas por GPS y equipadas con sensores térmicos, entre los asesinados se encontraban cuatro estudiantes mexicanos; Verónica Velázquez, Soren Avilés, Juan González y Fernando Franco. El suceso causó conmoción internacional y puso a Latinoamérica al borde de una agresión militar de Estados Unidos y Colombia contra Venezuela y Ecuador, a partir del suceso se desató una fuerte campaña de acusaciones a estos gobiernos de financiar y proteger a la guerrilla y de tener vínculos con el terrorismo internacional. Sucumbíos fue una de las pruebas más fuertes en aquel 2008 de como Colombia ejecutaba la política belicista de Washington en América Latina.

En mayo de 2018 Colombia ingresa a la OTAN bajo la figura de “Socio Global” que se diferencia de ser miembro de la misma, pero resulta ser el primer país de América Latina en ingresar a ese organismo caracterizado por ejecutar la política imperialista mundial. La tensión y temor aumentan en la región ante acciones que pueda tomar el estado colombiano en su ya objetivo principal de atacar a Venezuela junto a la oposición conservadora venezolana y la política imperialista de Washington. Como dato contradictorio el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos fue quien anunció la relación con la OTAN y dos años antes recibía el cada vez más desprestigiado Premio Nobel de la Paz.

¿DÓNDE QUEDÓ LA PAZ?

Las acciones de Uribe Vélez dejaron en claro que su menor intención era la paz para el pueblo colombiano, siempre fue tras la articulación subordinada con Estados Unidos y aplicó a sangre y fuego una política belicista con altos costos para el pueblo colombiano y latinoamericano. Su sucesor Juan Manuel Santos buscó desmarcarse de esa política al formalizar los Diálogos de Paz con la guerrilla de las FARC-EP, la máscara le funcionó durante sus dos períodos y el ganar el premio Nobel, pero poco a poco la máscara cayó y se mostró la continuidad de la violencia ante una guerrilla completamente desmovilizada.

El único terreno para que los Acuerdos de los Diálogos de Paz lograrán materializarse para el pueblo colombiano era el arribo de un gobierno con tintes progresistas en Colombia, pero la sociedad conservadora guiada por las oligarquías y terratenientes en consonancia con la política imperialista de nueva cuenta se imponen y Duque llega al poder, guiado ideológicamente por Uribe y toda su política belicista. El escenario para Colombia es complejo, pero también para América Latina y Venezuela mientras no se logre derrotar la injerencia norteamericana en la región y poner un alto a su ejecutor, Colombia.