CASO AYOTZINAPA: OBRADOR MANDA, LAS FUERZAS ARMADAS NO OBEDECEN

Por segunda ocasión el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) se retira de México. La primera ocasión el gobierno de Peña Nieto expulsó al GIEI en 2016, por petición de SEDENA. En esta segunda ocasión el GIEI se retirá de manera permanente del país, dado que, el acuerdo entre Obrador y el GIEI para el regreso de las y los expertos independientes en 2020 fue que todos los archivos debían estar disponibles para la investigación, cuestión que, en el actual 2023, no sucede. Toda esta situación se expone en el VI Informe Ayotzinapa: Hallazgos, avances, obstáculos y pendientes del GIEI, el cual será el último trabajo que realizarán las y los expertos independientes. 

Esta decisión del GIEI ocurre porque SEDENA y SEMAR no solamente desobedecen el decreto presidencial, en el cual, con la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa en 2019, “todas las instituciones del Estado mexicano están obligadas a entregar toda la información que tengan relacionada al caso Ayotzinapa”, además, la Marina y Defensa Nacional niegan la existencia de archivos clave para esclarecer lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos en 2014.    

Si bien es una realidad que en el gobierno de Obrador existe un avance en las investigaciones, principalmente porque el GIEI logró desmontar “la mentira histórica” de Murillo Karam, ex titular de la PGR entre 2012-2015. La fabricación de la mentira histórica se logró al exponer públicamente con una serie de videos obtenidos por un dron de la marina, mostrando cómo la PGR, SEDENA y SEMAR crearon el móvil del “basurero de Cocula” el 23 de octubre del 2014, en donde, supuestamente habían sido incinerados los cuerpos de los 43 normalistas. La fabricación del basurero de Cocula le sirvió al gobierno de Peña Nieto para mantener una sola línea de investigación y así evitar la búsqueda de los 43 de Ayotzinapa durante 2014-2018.

En principio el desmantelar la mentira alrededor del basurero de Cocula significó un avance, aunque, durante el mismo gobierno de Obrador el GIEI encontró otros límites para resolver el caso. El principal factor que impide conocer la verdad en el caso Ayotzinapa es SEDENA y SEMAR, quien se niega a entregar información clave, sobre todo, en lo correspondiente al 27 batallón de Infantería. La participación de SEDENA en la noche del 26 de septiembre del 2014 es fundamental: desde 2010 el ejército había infiltrado a por lo menos dos agentes en la normal de Ayotzinapa para realizar trabajo de contrainsurgencia; el 25 de septiembre de 2014, una noche previa al 26S, el ejército había dado instrucciones para seguir a los normalistas en sus acciones en Iguala; el ejército no sólo monitoreó a los normalistas en su llegada a Iguala y cuando los sacaron de este municipio en calidad de secuestrados, además, tienen el control del C4 (sistema de cámaras), lo peor del asunto es que las cámaras se voltearon en los momentos de los secuestros para evitar grabaciones de esos momentos. Toda esta información no es entregada por SEDENA, pese a que existe un decreto presidencial en donde todas las instituciones del Estado mexicano están obligadas a entregar todos los documentos relacionados al caso Ayotzinapa. El ejército no termina por obedecer a Obrador. 

LAS CONTRADICCIONES DE LA RECONCILIACIÓN NACIONAL 

La principal contradicción del gobierno obradorista es su propuesta de Reconciliación Nacional. El caso Ayotzinapa muestra claramente que es imposible gobernar para intereses contrapuestos: quienes son víctimas de crímenes de Estado frente a victimarios y perpetradores que buscarán la impunidad de sus actos. “Y ahora, el gobierno tiene que definir de qué lado está: si del lado de las mentiras del Ejército o si está del lado de las familias y de la verdad”, esta es la posición de los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. La condición de Reconciliación del obradorismo es el perdón y el olvido, sepultando cualquier posibilidad de justicia y castigo a criminales del Estado. 

Obrador termina por definirse del lado militar al afirmar que: “No hay impunidad y se está actuando. No es cierto que Marina y Defensa no estén ayudando (…) respeto su punto de vista (del GIEI), pero no lo comparto”. Como se ha expuesto en líneas anteriores, es verdad que durante el actual sexenió se avanzó en la investigación, principalmente al desmontar la “mentira histórica”, sin embargo, en el momento crucial de resolver el núcleo duro del caso Ayotzinapa, tanto SEDENA como SEMAR niegan la existencia de documentos que, por información de otros archivos obtenidos, se revela una nueva mentira histórica, ahora de los militares. Ésta es la tesis principal del VI informe del GIEI: se logró desmontar la mentira histórica de Murillo Karam, pero se levanta una nueva mentira: la militar. 

En estos primeros días de septiembre, el Centro Pro de Derechos Humanos reveló un amparo de los familiares de los 43 en el cual el Poder Judicial ordena al Ejército el no destruir cualquier información sobre el caso Ayotzinapa. También en estos días Obrador convocó a funcionarios de alto nivel en Palacio Nacional para discutir el caso, reuniendo al fiscal especial del caso Ayotzinapa, a la secretaría de gobernación, a los generales a cargo de SEDENA, SEMAR y CNI y a la secretaría de relaciones exteriores. En esta reunión de alto nivel ningún funcionario dio declaración alguna.  

RETOMEMOS LAS LECCIONES DE 2014

La llegada del GIEI a México no fue ninguna concesión del gobierno de Peña Nieto, fue por la presión del movimiento social que tomó masivamente las principales capitales del país. En el actual régimen, de la Cuarta Transformación, tampoco se otorgarán concesiones. La posición de Obrador está definida, durante estos cinco años de su gobierno decidió respaldar en los momentos críticos a los militares. La única manera que Obrador presione a las Fuerzas Armadas es con un movimiento que tome nuevamente las calles. La justicia por los 43 de Ayotzinapa la conquistaremos únicamente con la lucha. La bandera por los 43 normalistas y revelar la verdad significaría una victoria por justicia en un país con más de 100 mil desaparecidos y más de 300 mil asesinatos, y la posibilidad de iniciar un combate contundente contra todas las injusticias que ocurren de manera cotidiana en México. 

¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos! 

¡Ayotzinapa vive, la lucha sigue!

¡No son pueblo uniformado, ejército perpetradores de crímenes de Estado!

¡OBRADOR, ROMPE EL PACTO DE IMPUNIDAD, DESENCUARTELEN LA VERDAD!

III INFORME DEL GIEI DEL CASO AYOTZINAPA: LA CUESTIÓN MILITAR EN EL GOBIERNO OBRADORISTA

El 28 de marzo del 2022 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) público el III informe del caso Ayotzinapa. El GIEI perteneciente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), surgió como una negociación entre los familiares de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, la CIDH y el Estado mexicano en noviembre del 2014 para esclarecer el caso. Durante el régimen del Pacto por México (2012-2018) el GIEI tuvo participación hasta abril del 2016, expulsados del país a petición de SEDENA. Durante el peñanietismo el trabajo del GIEI estuvo limitado a las investigaciones sobre el móvil “del basurero de Cocula”, versión construida por Murillo Karam al interior de la Procuraduría General de la República (PGR).

El III informe del GIEI muestra videos sobre como Murillo Karam, la PGR, la secretaría de Marina y de Defensa Nacional (SEMAR y SEDENA) construyeron la escena en el basurero de Cocula, llamada “la verdad histórica”: la mentira sobre el asesinato e incineración de los 43 normalistas desaparecidos en ese basurero. Inclusive el 15 de octubre del 2014 la SEDENA había informado que no existía ninguna pista o indicio del rastro de los 43 en Cocula. Los videos muestran como el 23 de octubre del 2014, seis horas antes que anunciaran “la verdad histórica”, aproximadamente a las 6AM las distintas agencias intervinieron en la supuesta escena del crimen, además la manipularon y la crearon.

La cuestión del basurero de Cocula no sólo es grave porque el gobierno de Peña Nieto, la PGR, SEMAR y SEDENA mintieron sobre lo ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa, sino que mantuvieron el móvil del basurero como la única línea de investigación. La SEDENA ya tenía información del trayecto de los normalistas antes de la desaparición el 26 de septiembre del 2014, dado que controlaban el C4 (Centro de Coordinación Guerrero Seguro) y otros sistemas de inteligencia, como intercepción de llamadas entre los involucrados en la desaparición. Ocultaron información que podía ayudar en los trabajos de búsqueda de los 43 de Ayotzinapa en los primeros días de la desaparición.

Y los datos que ocultó SEDENA sobre la noche de Iguala, es información que venía recolectando el ejército como un trabajo de contrainsurgencia en la normal rural Isidro Burgos. El III informe indica que la contrainsurgencia contra la normal rural se realizaba desde 2010, infiltrando por lo menos dos elementos del ejército en la normal de Ayotzinapa. La vigilancia no fue únicamente contra los normalistas, también se tenía información del grupo delictivo Guerreros Unidos, sobre sus actividades, los camiones y rutas que utilizaban para transportar amapola. Y previo a la noche del 26 de septiembre, el ejército había dado dos órdenes de seguimiento a los normalistas, tuvieron información de cuándo llegaron a Iguala y cuándo los sacaron de ese municipio ya en calidad de desaparecidos.

Parte de la información se obtuvo por expedientes del CISEN y por un dron de la marina. En el caso del dron, la autorización para realizar grabaciones únicamente podía darla el secretario de Marina y Peña Nieto, por tal motivo no queda duda que toda la información expuesta en el III informe era de conocimiento del ex presidente priísta. Para obtener estos documentos se emitió un mandato presidencial de Obrador a las instituciones estatales de entregar toda la información relacionada a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa. Pero en el caso de SEDENA se niegan a presentar información sobre la desaparición de los 43. Otro problema para continuar la investigación es la muerte de 22 testigos del caso, de los cuales únicamente dos fallecieron por causas naturales.

En el caso de los familiares de los 43 de Ayotzinapa existe un total enojo con el gobierno de Obrador, dado que en 3 años y medio del régimen de la Cuarta Transformación no existe un avance contundente o indicios que el caso pueda resolverse pronto. Pese a la buena voluntad de Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, la realidad es que el mandato de Obrador no existe al interior de las estructuras de SEDENA y de otros funcionarios involucrados. El aparato burocrático y corrupto del Estado mexicano continua vigente pese al discurso obradorista, la mayor muestra es la incapacidad de Morena por esclarecer el caso Ayotzinapa en lo correspondiente a la responsabilidad estatal.

El III informe del CIEI expone la cuestión militar en México, aunque Obrador declare la Reconciliación Nacional entre el ejército y la sociedad, o levantando la falacia que “los soldados son pueblo uniformado”. El actual ejército es el mismo que reprimió durante la guerra sucia entre la década de los sesenta y ochenta, el que instauró una política contrainsurgente en la década de los noventa contra el EZLN y el mismo que mantiene un proceso de militarización bajo el pretexto de la guerra contra las drogas iniciada por Felipe Calderón.

El argumento de Obrador para decir que el régimen de la Cuarta Transformación no militariza a México es absurdo, dado que el gobierno morenista declaró que la guerra contra el narcotráfico terminó en 2018 y que el mantenimiento de los militares en las calles tiene por objetivo misiones de paz. Ésto es completamente falso, la cuestión de si el ejército ya no realiza tareas de guerra sino de paz es una discusión vacía, porque el hecho es que los militares continúan en las calles con acusaciones de violaciones a los derechos humanos por realizar tareas de seguridad pública. La discusión securitaria, es decir, elaborar políticas para combatir la inseguridad o fortalecer la seguridad, es simplemente una fachada que en ambos casos justifica la presencia y control de militares en instituciones civiles.

La propuesta de Obrador para retirar a los militares de las calles fue la creación de la Guardia Nacional (GN), sin embargo, en febrero del 2022 Rosa Icela Rodríguez, responsable de Seguridad y Protección Ciudadana, declaró en conjunto con el comandante de la GN una iniciativa de reforma constitucional para que la Guardia Nacional se incorpore a SEDENA. De pasar esta reforma la presencia de los militares en México será permanente, dado que Morena le entregaría en bandeja de plata al ejército la política de seguridad pública a nivel nacional. El gobierno nacionalista burgués de Morena mantuvo las tendencias de militarización de los ex gobiernos del PAN y el PRI, también se dio un paso adelante para darle mayor poder al ejército. Durante los gobiernos de Calderón y Peña Nieto el uso militar fue para tareas de seguridad pública y represión al movimiento social, pero López Obrador incorporó al ejército en su gobierno como una fuerza política para fortalecer su régimen, casos como la construcción del AIFA y los tramos 6 y 7 del tren Maya confirman este planteamiento.

La cuestión militar es el gran responsables del actual clima de violencia en México, iniciado por el gobierno pro imperialista de Acción Nacional, continuado por el Revolucionario Institucional y profundizado por Regeneración Nacional. Únicamente la clase trabajadora y campesina, reivindicando su programa político, sus consignas y defendiendo su independencia política de clase frente a los nacionalistas burgueses podemos tirar el proceso de militarización de México. Se deben formar Comisiones de la Verdad por crímenes de Estado del pasado y presente, así como abolir las corruptas instituciones de SEDENA y SEMAR.

¡APOYO TOTAL A LOS FAMILIARES DE LOS 43 DE AYOTZINAPA!

¡QUE SE INVESTIGUE AL EJÉRCITO, BASTA DE IMPUNIDAD!

Isaías González