En la sociedad actual, la minería juega un papel importante en la economía global, ya que es una fuente fundamental de materias primas esenciales para diversas industrias, una de ellas tan importante que es tema de soberanía nacional para la industria eléctrica. Otras igual de cruciales como la electrónica, química, manufactura y construcción. Y algunas prescindibles como la joyería.
La minería en México ha sido una historia de explotación y despojo. Recordemos brevemente que, durante el siglo XV, el oro y la plata eran muy valorados por su belleza, pero también por ser difíciles de conseguir. Sólo la “nobleza” podía usarlos como símbolo de riqueza y poder. Debido a ello, el motor de conquista para los españoles fue el oro, y así el nacimiento de nueva España concretó el poder del imperio español. Poco a poco, las principales ciudades mineras como Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Zacatecas, etc., fueron fundadas debido a la abundancia encontrada en metales y minerales preciosos. En este punto podemos encontrar el antecedente de lo que podríamos llamar la primera ley minera del territorio, la cual fue promulgada durante 1788 y se le conoció como “Ordenanza minera”, ésta le otorgaba el control total a la corona española sobre los recursos del subsuelo.
Las luchas de los mineros han conquistado derechos básicos, desde las primeras luchas de mineros mexicas y otras culturas, los mineros de Taxco y Real del Monte en el siglo XVIII y la huelga de Cananea en 1906, así como la huelga para detener los abusos laborales de empresas como Mexican Zinc Company, ASARCO e incluso por el propio estado mexicano encabezado por Miguel Alemán en los años 50.
Las empresas mineras permanecieron en total control extranjero hasta el 5 de febrero de 1961, cuando fue promulgada una nueva Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia Minera. Esta ley cambió la vida de las concesiones mineras, antes ad-perpetua, por concesiones que caducarían a los 25 años de la promulgación de la ley.
La Ley Federal Minera aprobada en 1992 por Salinas de Gortari, impregnada de bases neoliberales, fue una copia de uno de los códigos más permisivos para el capital – el canadiense, que establece la prioridad de la extracción minera sobre cualquier otro uso del suelo – En su artículo 6° la ley dice lo siguiente: “La exploración, explotación y beneficio de los minerales o sustancias a que refiere esta Ley son de utilidad pública, serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno, con sujeción a las condiciones que graven estas actividades.”
Las empresas mineras canadienses son las más beneficiadas, con 2 600 concesiones diseminadas en todo México; y en menor medida Grupo Frisco, Grupo México e Industrias Peñoles. De las cinco principales mineras extranjeras que operan en nuestro país, una es australiana (Azufre y Minerales), y cuatro son canadienses (Almaden Minerales, Die Bras Exploration, Pediment Gold Corp y Goldcorp).
Con los antecedentes claros, podemos hablar acerca de la iniciativa de reforma publicada el pasado 28 de marzo en la Gaceta Oficial de la federación, que modificaría sustancialmente la Ley Minera de 1992 y que es vigente hasta el día de hoy. Esta iniciativa de ley fue impulsada por la colectiva “Cambiemosla Ya”, quienes presentaros 6 puntos básicos e innegociables que se vertieron como propuestas de reforma a la ley minera vigente (https://cambiemoslaya.org.mx/), con el fin de quitar privilegios a las grandes transnacionales y priorizar la protección a pueblos originarios y salud ambiental.
Es cierto que se han logrado aprobar demandas históricas y es un avance importante para mejorar las condiciones sociales y ambientales. Entre los puntos relevantes, elimina el artículo 6to de la ley actual, donde quita el carácter de utilidad pública y de actividad preferente para la minería. También obliga a las empresas mineras a obtener el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales NO previo a la licitación, pero sí a la concesión; así como la realización de estudios de impacto ambiental y social para el desarrollo planes de gestión que minimicen cualquier impacto negativo en el medio ambiente y las comunidades locales. Otro cambio importante es que separa la exploración de la explotación, quedando la primera a cargo del país, aunque queda abierta a que se le pueda otorgar un permiso por 5 años a la empresa que quiera explorar.
Sin embargo, las empresas mineras no van a soltar sus privilegios tan fácilmente. Estamos ante un escenario similar al que enfrentamos durante la reforma eléctrica, en donde cabilderos de las empresas extranjeras se encontraban dentro de San Lázaro y las y los diputados de partidos como PRI, PAN y PRD repetían los discursos de los empresarios. Argumentos como “proteger la economía”, “mantener inversión extranjera para generar empleos y mejoras en el país” son falacias que usan para mantener el privilegio y saqueo de nuestros recursos por las transnacionales. Al igual que en la etapa de discusiones sobre la reforma eléctrica, las empresas mineras buscan un parlamento “abierto” en el senado para enviar a sus mejores oradores que practiquen el discurso neoliberal y mantengan con cambios mínimos la reforma a la ley minera. No debemos permitir el avance de los privados y transnacionales, basta de cabildeo privado mientras el pueblo tiene las puertas cerradas al congreso.
La iniciativa aprobada no va lo suficientemente lejos en términos de protección ambiental y social, todavía hay muchas lagunas en la regulación de la industria. Permite concesiones por hasta 80 años, mientras que la concesión del agua para la actividad extractiva es de 30 años sin existir un tope al porcentaje del agua concesionable a una minera.
Debe existir una vinculación y trabajo constante con las demás leyes para garantizar el cuidado del ambiente. Si bien con la nueva reforma la minería se prohíbe en Áreas Naturales Protegidas, ésto no garantiza su explotación, como el caso del Cerro de la Estrella o la recategorización del Nevado de Toluca.
En caso de que la reforma se apruebe, seguro lloverán amparos. Cualquier propuesta de ley que mejore o cambie las condiciones a manera que no sea favorable para las empresas, puede ser modificada, aunque esto vulnere a los ecosistemas y personas que lo habitan en la actualidad, extendiendo el riesgo por varias generaciones.
La regulación sobre la minería desde que México se concretó como nación independiente, ha sido realmente ineficiente para mantener los recursos mineros para beneficio del pueblo trabajador, la protección al ambiente y la protección a las comunidades locales. Tuvieron que pasar 31 años para lograr cambios a la ley del 92. Y es de nuevo la organización social independiente que logra una conquista histórica.
La única forma de frenar a las empresas mineras es convocar una huelga del sindicato minero y acompañarlo de una movilización social, poniendo por delante los derechos laborales y la reparación del daño a las comunidades, debemos enarbolar la bandera de la nacionalización y que las minas se pongan bajo control obrero y comunitario, la única vía para acabar con la voracidad del capital es borrandolo de la ecuación, cualquier reforma o restricción será bien librada por el dinero, los abogados y la “justicia” que es eficiente cuando se trata de defender los intereses financieros.
¡La lucha continúa!
¡El agua vale más que el oro!
¡Nacionalización de las minas, bajo control obrero y comunitario!
¡A la huelga contra la explotación de la clase trabajadora y la tierra!
¡La tierra no se vende, se defiende!
Alejandra Báez Merino